La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al gobierno de Donald Trump reanudar la construcción del muro fronterizo en la región de Big Bend, Texas, lo que representa un revés para los opositores bipartidistas que argumentaban que el proyecto es un despilfarro de dinero que amenaza el singular paisaje.
El muro fronterizo es un proyecto emblemático del presidente republicano, quien, desde hace tiempo, prometió construirlo desde el Océano Pacífico hasta el Golfo de México.
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Financiamiento al proyecto Big Bend
El verano pasado, los republicanos en el Congreso financiaron el proyecto con 46 mil millones de dólares, y el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza ha estado erigiendo rápidamente 12 millas de barreras fronterizas por semana a lo largo de toda la frontera.
El gobierno ha seguido adelante otorgando exenciones generalizadas para eludir las regulaciones. Si bien estas normas buscan proteger el medio ambiente, históricamente han ralentizado los grandes proyectos de construcción.
En la región de Big Bend, en Texas, la oposición bipartidista se ha movilizado para luchar contra el proyecto, que incluiría muros de acero de nueve metros de altura en algunas zonas, así como barreras para vehículos y nuevas carreteras.
Argumentan que las barreras son un despilfarro de dinero que amenaza la economía local y el estilo de vida en una zona con una inmigración ilegal históricamente baja. Afirman que el trabajo podría realizarse mejor utilizando únicamente tecnología de vigilancia, como drones.
Fallo de la Corte de EU
Una jueza de Texas dio la razón a los opositores, al considerar que el Congreso probablemente no había autorizado claramente exenciones tan amplias para una zona con la tasa más baja de detenciones de migrantes en la frontera sur.
Ordenó la paralización inmediata de toda actividad de construcción en la zona, que incluye el Parque Nacional Big Bend, así como terrenos a lo largo del río, tanto de propiedad estatal como privada.
La administración Trump presentó una apelación de emergencia, alegando que se producen cruces fronterizos ilegales e incautaciones de drogas en Big Bend. Los fiscales federales argumentaron que, si se abre una brecha en el muro, podría desviarse aún más tráfico hacia esa zona.
La Corte Suprema coincidió en que la ley limita drásticamente la facultad de los jueces para intervenir cuando el gobierno federal decide que es necesaria la construcción acelerada de la barrera fronteriza. La mayoría suspendió la decisión del tribunal inferior mientras se resuelve el caso. La jueza Ketanji Brown Jackson emitió un voto disidente.
El Centro para la Diversidad Biológica presentó una demanda contra la construcción, junto con Amigos de la Iglesia de Ruidosa y un guía fluvial de la zona de Big Bend.
Laiken Jordahl, defensora de las tierras públicas nacionales en el Centro para la Diversidad Biológica, afirmó que era la primera vez que el gobierno eximía del cumplimiento de un amplio conjunto de leyes ambientales dentro de un parque nacional.
“Esta terrible decisión allana el camino para que los contratistas arrasen desiertos vírgenes y dinamiten las paredes de los cañones antes incluso de que los tribunales decidan si esta destrucción es legal. Están dando su visto bueno a la destrucción permanente del lugar más salvaje de Texas y al robo de un gran río estadunidense”, declaró Jordahl.
Entre los demás opositores se encuentra el senador republicano John Cornyn de Texas, quien escribió un artículo de opinión en contra del proyecto, publicado en el San Antonio Express-News.
RM
