La tarde del 7 de abril, plantas eléctricas y puentes de distintas ciudades en Irán se llenaron de civiles que manifestaron su rechazo a las amenazas que Donald Trump emitió días antes.
A través de su cuenta de Truth Social, el presidente de Estados Unidos advirtió que lanzaría un ataque contra dichas instalaciones si la Guardia Revolucionaria Islámica no liberaba el estrecho de Ormuz, un paso marítimo crucial para el suministro de petróleo.
Trump impuso un ultimátum que vencería a las ocho de la noche, tiempo del Este, del 7 de abril. Según el mandatario, en caso de que la exigencia no sea atendida, "morirá toda una civilización, para no volver jamás".
Las reacciones a la advertencia de Trump en el escenario internacional no se hicieron esperar. En India, el Ministerio de Asuntos Exteriores emitió una alerta para que sus ciudadanos en Irán busquen un refugio durante las siguientes 48 horas; en Pakistán, el primer ministro Shebbaz Sharif exhortó a Trump a extender su ultimátum dos semanas; mientras que el papa León XIV calificó su pronunciamiento como algo inaceptable, acorde con informes de la agencia EFE.
Pero, ¿qué pasaría si Donald Trump cumple su amenaza y despliega un ataque contra instalaciones civiles?
¿Los ataques de EU podrían considerarse crímenes de guerra?
Los conflictos armados internacionales están regulados por los Convenios de Ginebra, un conjunto de tratados creado en agosto de 1949 con la intención de limitar los efectos de la guerra y proteger a quienes no participan en las hostilidades.
Entre los principales lineamientos incluidos en los Convenios y sus protocolos resalta la prohibición de "ataques contra civiles y contra bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, tales como las cosechas, las obras de riego, las fuentes de agua potable, los objetos culturales y los lugares de culto".
En la lista de bienes protegidos por los Convenios se incluyen "bienes muebles o inmuebles pertenecientes individual o colectivamente a particulares, al Estado, a otras autoridades públicas o a organizaciones sociales o cooperativas" cuya destrucción no tenga una justificación estrictamente militar.
Dicha restricción quedó estipulada en el Protocolo II Adicional de los Convenios que data de 1977, el cual Estados Unidos firmó, pero no ratificó.
A nivel local, Estados Unidos cuenta con una Ley de Crímenes de Guerra, la cual califica de este modo a conductas como la destrucción y apropiación generalizadas de bienes no justificadas por la necesidad militar "y llevadas a cabo de forma ilegal e indiscriminada".
Otros actos considerados crímenes de guerra por las normas estadunidenses son los ataques o bombardeos, por cualquier medio, a "pueblos, aldeas, viviendas o edificios que estén indefensos".
Desde 2023, el Congreso de dicho país otorgó jurisdicción a los tribunales para que estos actos sean castigados no sólo cuando ciudadanos estadunidenses estén involucrados como perpetradores o víctimas, sino también cuando los sospechosos sean extranjeros en dicho territorio.
A pocas horas de que se cumpliera el plazo fijado por Trump, la Embajada de Irán en México calificó su retórica como el reflejo de un "proyecto de crimen de guerra".
Por medio de un comunicado, el representante diplomático iraní, Abolfazi Pasandideh, subrayó que antes de la más reciente amenaza contra plantas eléctricas, ya se habían registrado ataques contra el Instituto Pasteur —considerado clave para la investigación y promoción de la salud pública— y contra las principales vías ferroviarias.
Comunicado de la Embajada de la República Islámica de Irán en México sobre las amenazas del presidente de Estados Unidos de destruir las infraestructuras civilizatorias de Irán pic.twitter.com/ks6sJw3uzG
— Embajada de Irán en México (@IraninMexico) April 7, 2026
¿Qué dijo la ONU sobre las amenazas de Trump?
El 6 de abril, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó, por medio del portavoz de su secretario general, que las ofensivas contra las infraestructuras energéticas se contraponen a lo establecido por las normas internacionales. El mismo día, al ser cuestionado sobre su postura ante la posibilidad de cometer crímenes de guerra en Irán, Trump se declaró despreocupado.
Además del establecimiento de inmuebles no militares como posibles objetivos de un nuevo ataque, la declaración de Trump respecto a terminar con "toda una civilización" provocó que especialistas, como el historiador Timothy Snyder, advirtieran un posible quebranto a la Convención de la ONU para la Prevención y Sanción del Genocidio.
Por medio de su cuenta de X, el doctor en Filosofía y profesor en la Universidad de Yale, recordó el artículo 3 de la citada Convención, la cual considera como genocidio actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, tales como:
- Matanza de miembros del grupo
- Lesiones graves a la integridad física o mental de los miembros del grupo
- sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que puedan acarrear su destrucción física
- Medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo
- Traslado por la fuerza de niños de dicho grupo a otro lugar
¿Cómo puede ser sancionado alguien que infringe los Convenios de Ginebra?
Según lo establecido en los Convenios de Ginebra, cada una de las Partes Contratantes —es decir, los Estados firmantes— está obligada a "buscar a las personas acusadas" de haber cometido cualquiera de las infracciones graves, así como a hacerlas comparecer ante sus tribunales.
Aunque el instrumento jurídico especifica las infracciones que ameritan ser sancionadas, no fija las penas para quienes cometen estos actos.
Aunado a ello, Estados Unidos no forma parte del Protocolo de los Convenios que regula los conflictos armados internacionales ni del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), considerado el mayor compendio de crímenes de guerra reconocidos por la comunidad internacional.
Por otro lado, la Ley de Crímenes de Guerra de Estados Unidos contempla sanciones de cárcel —ya sea por un plazo definido o de forma vitalicia— e incluso abre la posibilidad de castigar con la pena de muerte si la víctima de las persona culpable fallece.
Cabe mencionar que, acorde con lo estipulado en el Código estadunidense, la única forma de iniciar un proceso penal en Estados Unidos por algún delito considerado crimen de guerra es mediante la certificación directa del fiscal general, el fiscal general adjunto o un fiscal auxiliar, de que iniciar el procedimiento es de interés público y "necesario para garantizar una justicia sustancial".
BM.
