Dos grupos israelíes de derechos humanos, Adalah y el Jerusalem Legal Aid and Human Rights Center, pidieron al Tribunal Supremo de Israel que bloquee la aplicación de una ley aprobada esta semana en el Parlamento que legaliza los asentamientos en Cisjordania sobre terrenos privados palestinos.
La medida despertó fuertes críticas dentro y fuera de Israel. Sus detractores afirman que equivale a un robo legalizado de tierra y que resulta problemático a nivel legal, ya que pretende imponer la ley israelí sobre tierras ocupadas que no pertenecen al territorio soberano de Israel.
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"Esta ley general y peligrosa permite la expropiación de vastas secciones de tierra palestina privada, dando preferencia absoluta a los intereses políticos de Israel", dijo Suhad Bishara, un abogado de Adalah.
Los defensores de la medida alegan que las poblaciones, algunas levantadas hace décadas y con miles de habitantes, se construyeron "de buena fe" y han recibido el apoyo discreto de varios gobiernos israelíes.
Los palestinos reclaman Cisjordania y Jerusalén oriental, capturados por Israel en la guerra de 1967, como parte de un futuro estado independiente. La mayoría de la comunidad internacional considera los asentamientos israelíes ilegales y un obstáculo para la paz. Unos 600 mil israelíes viven ahora en las dos áreas.
La ley, adoptada por el Parlamento esta semana, es el más reciente en una serie de pasos a favor de los colonos dados por el gobierno israelí desde la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.
En total, la ley legaliza unas tres mil 900 viviendas construidas en tierras privadas palestinas, unas 800 en asentamientos no autorizados y el resto en asentamientos reconocidos. Los dueños de esas tierras tendrían derecho a una compensación de 125 por ciento del valor de la tierra, de acuerdo con la ley de Israel, o una propiedad alternativa comparable.
En medio de una ola global de críticas, el gobierno de Trump estaba notablemente callado sobre la ley antes del viaje a Washington del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.
El fiscal general de Israel, Avichai Mandelblit, ha dicho que no va a defender la ley en la corte. Incluso Netanyahu expresó dudas sobre la medida, diciendo que pudiera enredar a Israel en un litigio internacional, aunque al final acordó apoyarla.
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En diciembre, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que declara los asentamientos ilegales.
AFC
