A principios de junio pasado, la vida de los Pérez dio un giro dramático cuando a la madre le llegó una orden de deportación en Atlanta.
Para defenderse legalmente, la familia adquirió una deuda de casi 27 mil dólares –más de medio millón de pesos– solamente para gastos de abogados.
"Todo lo que he logrado en este país salió bailando", dijo Juan, esposo de la afectada, en entrevista con MILENIO poco después de que su mujer declaró en la Corte y aceptaron sus documentos para que siguiera su defensa y no se viera obligada a dejar a sus dos hijos estadunidenses sólo a cargo de su marido.
Aun así, en la bancarrota y con una empresa de construcción tambaleando, Juan está agradecido:
"Al menos ella sigue en Estados Unidos y no en Hidalgo", el estado de donde salieron por pobreza en 1992.
Al mismo tiempo, está decepcionado porque los representantes demócratas miraron para otro lado: el representante Jon Ossof ni siquiera contestó y Rafael Warnock le mandó una lista interminable de requisitos para tomar su caso a sabiendas de que era urgente.
"Quedaron tan en silencio como el consulado de México. Ahí ni siquiera contestan para citas si no pagas por fuera [una antigua denuncia de corrupción en el servicio], y cuando fui a preguntar por abogados me dieron números de teléfono de supuestos despachos aliados donde tampoco responden", se queja Juan Pérez.
Recursos escasos, millones de casos
Los migrantes en Estados Unidos piden que se use todo el dinero que ingresa a las sedes diplomáticas por servicios para evitar deportaciones, además de financiar asesorías de abogados especializados en migración etiquetando el 10 por ciento de los impuestos por consumo que generan las remesas o el uso de los millonarios subejercicios del presupuesto en las instituciones públicas.
No es un secreto que en los consulados enfrentan retos de un bajo presupuesto para el tamaño de las necesidades de la comunidad más vulnerable en Estados Unidos que ronda los 4.2 millones de personas migrantes más sus familias.
La Secretaría de Hacienda asignó en 2025 un presupuesto de 524 millones de pesos para atención, protección, servicios y ssistencia consular, una disminución del 6 por ciento con relación a 2024, que aprobó tal cual el pleno de la Cámara de Diputados a pesar de un inminente y amenazante segundo mandato de Donald Trump, que arrancó en enero.
El total de ese presupuesto representa el 45 por ciento, menos de la mitad, del total de dinero que ingresa por los trámites consulares de pasaporte, matrículas, registro civil y fe pública, según documentos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
El monto calculado con base en el número de trámites y costo de estos asciende a mil 155 millones de pesos (60.7 millones de dólares) al tipo de cambio de 19 dólares.
Los consulados no se quedan con el dinero que cobra por los servicios en la Unión Americana porque el Estado mexicano dicta, a través de diversas leyes, que la recaudación de las instituciones públicas dentro y fuera del país debe enviarse a la Tesorería de la Federación (Tesofe) para que posteriormente Hacienda lo reparta según sus criterios.
Cambiar estas reglas de la distribución del ingreso es un debate de décadas que han empujado principalmente los estados de la república que más recaudan, pero ningún gobierno federal –ni del PRI ni del PAN ni hoy de Morena– ha querido asumir la discusión seriamente.
"Sería como abrir una caja de pandora", dijo a este diario Marcela Guerra, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados.
"Se tendría que hacer una miscelánea fiscal integral y no hay condiciones para ello. Yo he sido legisladora con varios gobiernos, representante de mayoría y de minoría y de tablas, y esa propuesta de que quien recaude lo gasta, no pasa nunca [al pleno del Congreso], porque los gobiernos en turno no lo permiten".
Por esa política, de los mil 155 millones de pesos que se recaudaron en los consulados el año pasado, solo 162 millones se asignaron en Protección consular y estrategia (14 por ciento) para este año, y a las oficinas de pasaportes se le destinaron 283 millones (24 por ciento).
Migrantes piden más apoyo legal
Otros 21 millones (1.8 por ciento) se asignaron a la Dirección General de Servicios consulares y 58 millones (5 por ciento) al Instituto de los Mexicanos en el Exterior, que es un órgano desconcentrado de la SRE que en teoría debe promover estrategias e integrar programas de las comunidades para fortalecer vínculos con México y fomentar su integración en los países donde residen.
El destino del resto del presupuesto, se desconoce. Hacienda lo repartió sin explicar la institución beneficiada.
Para Juan Pérez, cuya esposa está a un paso de ser deportada, el dinero de los trámites en las sedes diplomáticas bien podría servir para contratar más despachos especializados en asuntos migratorios, además de fomentar los convenios con despachos pro bono, que asesoran de manera gratuita y, por tanto, no tienen recursos para contar con tanto personal.
De acuerdo con la información de la cancillería mexicana proporcionada a este diario el 14 de junio, hasta esa fecha se habían otorgado 9 mil 62 asesorías legales a través del Programa de Apoyo para los Mexicanos en Estados Unidos en los 53 consulados.
Pero puede que haya que tener mucha suerte para poder recibir la asesoría.
"Yo nunca pude comunicarme con un abogado en los teléfonos que me dieron para orientación", aseguró Juan sobre su experiencia de mediados de junio.
Así cayó en manos de una abogada inexperta que dejó a su mujer frente a una posible repatriación después de que agentes locales la detuvieron por un incidente de tráfico y descubrieron que no tenía papeles de residencia en Estados Unidos.
Juan desconoce qué, pero algo hizo muy mal esa litigante porque a partir de ahí citaron a su esposa tres veces a Corte, le dijeron que tenía que firmar su salida voluntaria de Estados Unidos, lo cual no hizo.
Por consejo de otro abogado el marido pudo apelar, el juez aceptó el recurso, pero la nueva asesoría le costó a Juan una fortuna y aun así la permanencia de su pareja en la Unión Americana sigue en el limbo.
Con deudas y gastos encima, Juan no puede gastar en el día a día ni 20 dólares en el almuerzo. Al lugar donde trabaja con maquinaria pesada, donde el patrón le deduce impuestos, aunque no tenga documentos, lleva una estufa portátil y ahí se prepara huevos o cualquier cosa para comer.
Cuando se trata de asuntos migratorios, una orientación legal es oro.
"Sin ayuda se le acaba el mundo a uno", define.
¿Etiquetar subejercicios para consulados?
Cada año, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, que analiza los gastos de gobierno, detecta subejercicios en el gasto de las instituciones federales; es decir, un dinero que no se usó y se devuelve a la Tesofe.
Solamente en el rubro de Salud, entre 2013 y 2018 el total sumó casi 29 mil millones de pesos y entre 2019 y 2023 la cifra escaló a poco más de 35 mil millones de pesos que, de acuerdo con algunos observadores de la realidad actual de los migrantes mexicanos, bien pudieron usarse para ayudar a esta población a mejorar su estatus legal.
Pero a lo hecho, pecho. No todo está perdido, considera la diputada Guerra.
"El reto de los diputados ahora es buscar soluciones. Ahora hay una propuesta para que los subejercicios de este año se puedan etiquetar para los consulados en 2026".
En busca de empatía y solidaridad con esta causa, Guerra incita a los diputados a apoyar esta iniciativa que pretende discutir en el debate del presupuesto de egresos en septiembre.
"Dinero sí hay y el uso de los subejercicios hay que dárselo a la defensa de los mexicanos en el exterior, sería una salida inmediata y tengo la esperanza de que en el Congreso vamos a estar a la altura de estas circunstancias".
El etiquetado de esos recursos y la autosuficiencia de los consulados son dos ideas de alcance concreto en la defensa de los mexicanos en Estados Unidos.
Y a esa propuesta de solución se suma otra: que una parte de los impuestos al consumo que se hace con remesas se use para la defensoría legal de migrantes en aquel país.
Ese impuesto "podría ser un 10 por ciento", calcula Francisco Moreno, vicepresidente de la Confederación de Mexicanos en el Exterior, una de las organizaciones más grandes de paisanos en la Unión Americana.
Esta cifra coincide con el porcentaje de gastos que hacen los migrantes mexicanos y sus familias en bienes inmuebles de su país de origen, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, y sobre el cual el fisco toma su parte, entre el 2 y el 5 por ciento, dependiendo el lugar.
Tomando en cuenta el porcentaje del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) más bajo, es decir del 2 por ciento, significaría alrededor de 2 mil 600 millones de pesos que podrían ayudar en la confrontación migratoria entre el gobierno de Trump y los mexicanos sin documentos. De grano en grano, llena la gallina el buche, dicen.
"El problema es que nunca nos imaginamos que escalara a esta altura la represión del ICE [organismo de inmigración y aduanas] y hasta la Guardia Nacional que detiene gente y personas de manera arbitraria.
"Los consulados no tienen un equipo de respuesta rápida", apunta el activista Francisco Moreno desde Los Ángeles, epicentro de las recientes protestas por las redadas para deportar personas.
"El gobierno dice que hay un ejército de abogados, pero, en dado caso, están en sus oficinas y a la gente sin documentos se la están llevando en la calle; luego no se sabe dónde se encuentran porque los mandan a otros estados y nadie sabe dónde tiene que ir un abogado", detalla.
Basta con la famosa austeridad
Roberto Bravo, presidente de la Federación CBO Comunitarias en California, observa por su parte que las limitaciones de la defensoría a paisanos expuestas en los últimos días tienen su origen en la pobre economía de las sedes consulares.
"El problema no es de los diplomáticos sino del presupuesto, y por eso el mensaje para el gobierno federal mexicano es que ya quite esa política de austeridad porque ahora es tiempo de que digan: los héroes (así han llamado a los migrantes por el envío de remesas) no deben preocuparse por los gastos si no han cometido ningún delito".
Después de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador prometió hacer de los consulados defensorías jurídicas, se apoyó con organizaciones comunitarias para ahorrarse pagos.
Muchos activistas mexicanos en Estados Unidos prestaron sus oficinas sin cobrar ni un dólar durante años, pero ahora son otros tiempos, alertan.
Felipe Salinas, de la organización Multi-Ethnic Alliance de Nueva York, refiere a MILENIO que los consulados móviles han usado sus instalaciones y que él los ha recibido con gusto para ayudar a los mexicanos más alejados de los consulados, hasta ahora que se complicaron sus finanzas.
La organización debe pagar hasta 600 dólares más de agua, luz e internet cuando recibe al consulado sobre ruedas, pero las políticas de Trump han golpeado a las organizaciones no gubernamentales como la que él dirige... y ya no alcanza.
"Cuando empecé a colaborar, el cónsul nos prometió que darían una parte del pago, pero nunca llegó", señala.
"Ahora me da pena pedirles dinero pero tengo que hacerlo, estamos sufriendo por las leyes".
Pero no todo es peso sobre peso o dólar sobre dólar. En algunos casos, activistas consideran que la manera en que el Estado mexicano puede ayudar es con voluntad política.
La organización binacional New Comienzos, por ejemplo, hizo un llamado de atención al gobierno mexicano para que se enfoque en las necesidades de los repatriados.
"Proponemos implementar un programa nacional de certificación de inglés para repatriados que esté avalado por la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de Educación para los Adultos, mediante nuestras plataformas y tecnologías de inteligencia artificial", señaló Israel Concha, fundador de la organización.
New Comienzos firmó un convenio con ambas instituciones el 17 de octubre de 2017, pero nunca se implementó como tampoco prosperó su propuesta de incorporar a los repatriados como profesores de inglés en las escuelas públicas.
"Es urgente cambiar de estrategia: no podremos seguir esperando que los mexicanos de retorno se adapten a la realidad del país. El gobierno mexicano es quien debe adaptarse", reclama Israel Concha.
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ksh
