El estado de Nuevo México demandó al Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) y su secretario interino, Todd Blanche, este miércoles 5 de agosto, argumentando el bloqueo por parte del gobierno federal sobre su capacidad para indagar los delitos sexuales de Jeffrey Epstein en una propiedad situada allí.
La denuncia, expuesta en un tribunal federal en Washington, DC, afirma los impedimentos del DOJ junto con Blanche a la investigación penal de Raúl Torrez, fiscal general de Nuevo México, sobre Epstein y otros allegados, por disposiciones que “perjudican activamente a las víctimas y socavan el interés público”.
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Argumentos de la demanda y respuesta del DOJ
Dicha moción busca la intervención judicial para obligar al gobierno federal a entregar materiales pertinentes a los investigadores de Nuevo México. Fue presentada el mismo día en que el estado difundió los hallazgos preliminares de una pesquisa suya sobre Epstein y la finca.
Torrez y sus principales fiscales “han enfrentado una resistencia sostenida” al tipo de intercambio de información que en el pasado se había dado entre investigadores estatales y federales, según la reclamación.
En un comunicado, el Departamento de Justicia indicó el resguardo de información solicitada pues órdenes de tribunales federales prohíben revelar “información que identifique a las víctimas sin restricciones, y Nuevo México no ha aportado ninguna base legal para justificar divulgaciones tan amplias”.
Añadió que proteger la privacidad de las víctimas sigue siendo una prioridad máxima, aunque el DOJ se encuentra "disponible para ayudar a la investigación de Nuevo México de conformidad con la ley y las órdenes judiciales vinculantes”.
La demanda afirma que el DOJ y Blanche están ocultando información sobre Epstein y sus cómplices cuando Nuevo México es una de las pocas jurisdicciones con posibilidad de “brindar algún sentido de justicia a los sobrevivientes”.
En una videoconferencia con reporteros, Torrez mencionó la realización de diez solicitudes separadas de información y que han sido ignoradas o rechazadas.
“Hemos escuchado repetidamente que cooperarán, sin embargo nuestro equipo no lo han experimentado”, declaró Torrez.
“Todd Blanche hoy, con un trazo de pluma, podría concedernos el acceso que afirmó. En cambio, han decidido bloquear, obstruir y, francamente, ocultar por una razón”, agregó.
Destino de la propiedad y críticas a la divulgación de archivos
Epstein se suicidó en una cárcel federal de la ciudad de Nueva York en agosto de 2019, después de que se le negara la libertad bajo fianza por cargos de tráfico sexual presentados en su contra cuando fue arrestado un mes antes.
Su exnovia Ghislaine Maxwell cumple una condena de 20 años de prisión luego de que en 2021 fue declarada culpable de cargos de tráfico sexual en un juicio en Manhattan, donde parte del testimonio de los testigos alegó que Epstein y Maxwell habían abusado sexualmente de mujeres en el terreno de Nuevo México.
Jeffrey compró la propiedad en Stanley, Nuevo México, una comunidad ganadera escasamente poblada a unos 48 kilómetros al sur de Santa Fe, en 1993 al exgobernador demócrata Bruce King, y construyó una mansión con una pista de aterrizaje privada y un helipuerto.
Tal propiedad fue vendida por el patrimonio de Epstein en 2023 a la familia de Don Huffines, un republicano que recientemente fue nombrado contralor estatal en Texas.
En una publicación de febrero en redes sociales en X, Huffines dijo que la propiedad fue rebautizada como San Rafael Ranch, en honor a un santo asociado con la sanación, donde su familia construirá un retiro cristiano.
El Departamento de Justicia comenzó a divulgar en diciembre documentos relacionados con Epstein y Maxwell, de conformidad con la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein.
Rápidamente surgieron quejas por tachaduras deficientes y por la cantidad excesiva de materiales sellados, tanto de acusadores como de miembros del Congreso que lucharon por aprobar la ley de transparencia.
Los registros que se publicaron (incluidas fotografías, transcripciones de entrevistas, registros de llamadas, expedientes judiciales y otros documentos) ya eran públicos o estaban fuertemente censurados, y muchos carecían del contexto necesario.
LGG
