El relator especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos de las Naciones Unidas, Marcos Orellana, detectó que en nuestro país aumentaron las importaciones de residuos sólidos para ser quemados como combustible más barato para la industria, pero que externaliza los costos reales a la salud y el ambiente. “El combustible barato resulta caro para la salud de la gente”, advirtió.
“Veo con mucha preocupación la creciente importación de desechos, muchos de ellos peligrosos, de Estados Unidos a México y de otros países a México. Muchos de estos desechos son para ser quemados como combustible barato, pero esto significa que los contaminantes que están concentrados en el desecho se volatilizan y se esparcen en el medio ambiente y pasan a afectar a la salud de la gente. Muchas veces hemos escuchado que lo barato cuesta caro; en este caso, el combustible barato resulta caro para la salud de la gente”, advirtió.
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¿Qué fue lo que dijo en la conferencia?
Aunque reconoció que México ha avanzado en fortalecer el marco regulatorio ambiental, aún falta una ley general de sustancias químicas y una ley general sobre plaguicidas altamente peligrosos. Además, resaltó que quemar residuos es el punto final de una economía lineal y es una práctica enteramente contrapuesta a la economía circular que ha impulsado el gobierno mexicano.
En ese sentido, dijo que el país debe avanzar en su política pública y en medidas concretas para abordar la contaminación por plásticos; resaltó que la prohibición de plásticos de un solo uso es la mayor oportunidad; sin embargo, la nueva ley de economía circular no los prohíbe y falla en otorgar la responsabilidad extendida al productor.
Tras una visita de días 10 por nuestro país, el relator resaltó que se identificaron al menos 50 zonas de sacrificio asociadas al crecimiento industrial a partir de los años 90, con la implementación de los tratados de libre comercio.
????#EnVivo | Conferencia de Marcos Orellana, Relator Especial de la ONU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos.
— ONU-DH México (@ONUDHmexico) March 20, 2026
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Sin embargo, en los últimos años se ha detectado la proliferación de más de 500 granjas porcícolas en la Península de Yucatán, por lo que llamó al Estado mexicano a robustecer el marco normativo para garantizar el respeto al derecho humano a un medio ambiente libre de tóxicos.
¿Cuáles son las zonas de mayor preocupación?
Se han identificado más de 50 zonas que requieren atención inmediata, porque en las zonas de sacrificio no solamente es el medio ambiente el que es sacrificado en aras de una expansión industrial, sino también los derechos de la gente.
Durante su visita, el relator recorrió la región tolteca de Hidalgo, el río Lerma-Santiago en Jalisco, el Alto Atoyac en Tlaxcala, además del estado de Yucatán, “donde he visto el aumento descontrolado de fábricas de animales, especialmente de los cerdos, más de 500 fábricas, algunas con 50 mil cerdos, 100 mil cerdos, entonces son volúmenes de generación de residuos, excretas y otros que son peligrosos; el uso de hormonas, el uso de antibióticos en los procesos industriales de la crianza de los cerdos, todo esto está generando un tremendo impacto en los acuíferos; recordar que Yucatán tiene suelos cársticos”.
Marcos Orellana visitó los estados de Campeche, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Tlaxcala y Yucatán. También conoció situaciones en los estados de Coahuila, Jalisco, Morelos, Quintana Roo y San Luis Potosí.
Tras su visita del día 10 por nuestro país, dijo que “México ha demostrado un liderazgo crucial a nivel internacional en cuestiones de sustancias tóxicas y derechos humanos, pero debería abordar la distancia entre este liderazgo global y los retos que enfrenta el país a nivel interno. Preocupa que han proliferado zonas de sacrificio a lo largo del país con motivo del crecimiento industrial”.
Además, dijo que México ha aplicado recursos sustanciales en estudiar el impacto tóxico que enfrentan un buen número de regiones y sectores productivos; no obstante, resulta clave que las evidencias de estos estudios científicos informen una política pública orientada a asegurar los derechos fundamentales de las personas.
HCG
