Mientras Brasil contiene el aliento frente al futuro político del condenado Lula da Silva, en Ecuador otro líder de la izquierda latinoamericana, Rafael Correa, se juega su porvenir en el referendo contra la reelección de este domingo.
La inesperada pelea a muerte con el también oficialista presidente Lenín Moreno ha ido mermando la popularidad y la influencia del ex mandatario socialista, que gobernó el país entre 2007 y 2017.
Si su sucesor y ex aliado saca adelante el referendo que propuso en noviembre, Correa perderá la opción de recuperar el poder.
Pero esta nueva cita electoral pone también a prueba la legitimidad de Moreno así como la solidez de sus nuevas alianzas en la Asamblea Nacional tras la fractura en el oficialismo. Y a la larga, la gobernabilidad del país, advierten los analistas.
Los 13 millones de ecuatorianos llamados a las urnas deberán responder a siete preguntas: cinco vía referendo, que implican cambios en la Constitución, y dos vía consulta popular, para derogar o reformar leyes menores.
Las encuestan arrojan una clara victoria del ‘Sí’ a favor de Moreno.
Tres de las preguntas formuladas por Moreno, vicepresidente de Correa entre 2007 y 2013, son una clara invitación a entrar en la era del pos correísmo.
La que plantea suprimir la reelección indefinida aprobada por Correa en 2015 impediría la eventual candidatura del ex mandatario a las presidenciales de 2021.
Otra propone reestructurar el órgano creado por el ex gobernante para nombrar autoridades de control, lo que en la práctica supondría una “descorreización” del Estado.
Pero los correístas advierten que una victoria del ‘Sí’ en este tema permitiría a Moreno apropiarse temporalmente de todos los poderes estatales, nombrando “a dedo” a las nuevas autoridades, entre ellos al fiscal y al contralor, que ejercerán hasta las próximas elecciones regionales de 2019.
“La consulta tiene una dedicatoria a Correa, con una clara voluntad de desmarcarse de los últimos diez años”, dijo a la agencia AFP David Chávez, analista político de la Universidad Central de Quito.
Correa, un economista de 54 años que gracias al auge petrolero modernizó un país con fama de ingobernable, afirma que la pregunta que plantea inhabilitar a los políticos condenados por corrupción es también una vía, judicial, para bloquear su regreso.
“Se inventarán un delito contra mí para inhabilitarme. Es la nueva estrategia de la derecha para destruir a los dirigentes progresistas, como hicieron con Dilma (Rousseff), Lula o Cristina (Kirchner, en Argentina)”, le dijo Correa a la AFP.
Moreno ganó las elecciones de abril pasado con un estrechísimo margen frente al banquero conservador Guillermo Lasso.
Desde entonces, con su estilo conciliador, el nuevo presidente ha ido ganando popularidad, pero a medida que se profundizaba la brecha en el oficialismo entre “morenistas” y “correístas” perdió la mayoría en la Asamblea Nacional y tuvo que buscar nuevos apoyos entre la oposición tradicional.
De hecho, la consulta popular tiene el apoyo de CREO, el partido de Lasso, y del Partido Social Cristiano (PSC), importantes fuerzas políticas enemigas del correísmo.
