M+.- Paola Amparo Guzmán se sentó en la esquina de la cama, se hincó y habló con Dios: “Siento que hoy me van a agarrar. Solo te pido una cosa: que no sea delante de mis hijos”.
Cinco horas después, agentes de ICE la rodearon frente a una de las casas donde trabajaba como limpiadora, la esposaron y la convirtieron en uno de los rostros de las detenciones contra migrantes en el extremo del mundo: Alaska.
El mensaje fue claro: si eres migrante irregular, no te dejarán en paz ni en la Última Frontera —como se conoce al estado más grande de la Unión Americana—.
Paola reconoció esa narrativa mientras una “mujer migra” la custodiaba rumbo al centro de detención de Tacoma, al sur de Seattle, a dos mil 300 kilómetros de lo que considera su casa desde hace 30 años, pero también reconoció su valor: “Voy a pelear para quedarme”, se dijo.
Huyendo de violencia, hambre y conflictos políticos, 57 mil migrantes —14 mil de ellos irregulares— han poblado poco a poco el estado, según la Oficina del Censo. Se han quedado pese a los 45 grados centígrados bajo cero que puede haber, pese a los 100 mil glaciares, 130 volcanes activos y sismos de hasta 9.2 de magnitud.
Y ahora, también, pese a la activación de ICE.
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Investigaciones del Center for Human Rights de la Universidad de Washington identificaron 124 registros de arrestos en Alaska durante 2025, más de 600 por ciento por encima de 2024. Para septiembre de 2026, la cifra ya superaba los 150 casos, entre ellos el de Paola este verano; organizaciones civiles consideran que podría haber más, pero faltan registros oficiales.
Desde dos días antes de su detención, Paola sentía que una camioneta con vidrios polarizados la seguía, cuenta a MILENIO. La mañana de su arresto despertó a las cinco, inquieta por un mal presentimiento fundado en lo que se decía en grupos de WhatsApp y noticias.
Que ICE había cambiado el perfil de las detenciones, que ya no detenía a personas solas, sino a familias enteras, a trabajadoras con hijos menores, mujeres vulnerables y hasta empleados del gobierno.
En febrero arrestó en Soldotna a la mexicana Sonia Espinoza Arriaga y a sus tres hijos, dos menores de edad; en marzo, en Anchorage, a Valeria Mendoza Santiago, oaxaqueña de 25 años y embarazada.
En julio detuvo a Shucheng Charlie Yang, abogado del Departamento de Justicia de Alaska, y semanas después a tres migrantes irregulares en pleno espectáculo aéreo Arctic Thunder, adonde habían ido a disfrutar del Alaska luminoso de julio a septiembre, antes del invierno de nueve meses con días extremos de apenas tres horas de luz.
“Ese día mi esposo me dijo: ‘Vamos a tomar café’. Nos sentamos, hablamos y, cuando se iba, olvidando un beso, algo dentro de mí me dijo: ‘Despídete’. Lo alcancé, lo abracé y le dije: ‘Te encargo a mis hijos’. Él dijo que era mi imaginación, que no pasaría nada”, recuerda.
Ella miró su casa de dos plantas pintada de azul cielo, con techo a dos aguas y paredes blancas donde cuelgan las fotos de sus tres hijos adultos. ¡Tan a la americana!: la larga mesa del comedor como en las películas de Navidad, el sofá de tres plazas frente a un ventanal que da al jardín cercado de madera.
Imaginó lejos de esa casa a sus cuatro poodles porque “obviamente se los llevaría”, pero no le gustó: prefería verlos como siempre: corriendo con peluches en la boca sobre el pasto verde del verano o la nieve, entre mesas de madera, cerca de la fogata y el calentador exterior.
Tomó las llaves de su camioneta, salió hacia la primera casa que limpiaría aquel día y llamó a su esposo: “Otra vez me están siguiendo”, le dijo.
En el último rincón
La estadunidense Lara Nations se mudó de Anchorage a Miami para estudiar leyes y, a los 19 años, comenzó como recepcionista en una oficina de abogados de migración.
Se había criado en Alaska y en trabajos anteriores descubrió a la comunidad mexicana y latina a quien quería ayudar. “Llegaban con cartas de migración y me preguntaban de qué trataban. Ahí me di cuenta de que, incluso hasta acá, los molestaban”, dice en su despacho, uno de los pocos especializados en el tema.
Nations Law Group nació de su encuentro con el abogado colombiano Nicolás Solano, a quien conoció en Miami, con quien se casó y volvió a Alaska. Hoy atienden vínculos familiares de migrantes, residencias por matrimonio, ciudadanías, víctimas de delitos y, sobre todo, deportaciones.
“En el último año y medio Alaska también ha sentido los cambios de la segunda administración de Trump, algo que no vimos durante la primera”, resume Nations.
Durante la era Biden —del 20 de enero de 2021 al 20 de enero de 2025— también cambió la composición migratoria aquí. No hay un dato oficial sobre cuántas personas solicitaron refugio, asilo o residencia, pero Nations sabe que hay gente de África y Sudamérica que pasó por el Tapón del Darién y terminó en Alaska.
“Parte del viaje lo hicieron en autobús, caminando y en avión. Me parecía una locura llegar desde tan lejos: impresionante”.
La entrevista con Lara Nations ocurre en un día lluvioso, con el verano en retirada, viento frío y ese paisaje que recuerda, incluso dentro de la ciudad, que todo aquí está condicionado por el Ártico y que hay que tener valor o una necesidad muy grande para venir aquí.
Lara recuerda la historia de una mujer que llegó primero a Nueva York y luego buscó el vuelo al lugar más lejano posible para huir de la violencia: no sabía nada de Alaska pero fue lo más remoto que encontró en el mapa y compró el boleto. Su idea era: “Ahí no hay gente de mi país y ahí no me van a buscar”.
La llegada de mexicanos es antigua y variada en motivos. Aunque su presencia es pequeña frente a otros estados, forman el grupo latino más numeroso en Alaska. En 2024, la Encuesta sobre la Comunidad Estadunidense estimó 35 mil 83 personas de origen mexicano: alrededor de seis de cada 10 latinos.
La comunidad se concentra en Anchorage, pero también en ciudades y poblaciones ligadas a la pesca y al procesamiento de productos del mar. Muchos llegaron por trabajo; otros huyeron de la violencia en sus comunidades, como los grupos triquis de Oaxaca.
Durante décadas, Alaska ha dependido de trabajadores de otros estados y del extranjero para cubrir empleos estacionales en la industria pesquera, el procesamiento de salmón, bacalao y abadejo, además de construcción, restaurantes y servicios.
En lugares remotos como Unalaska también han trabajado mexicanos con visas H-2B. Con los años, parte de esa población dejó de ser temporal: abrió negocios, formó familias y construyó hogares.
Los padres de Cindy Espino llegaron de México hace 30 años. Nadie los molestaba. Había bailes, eventos y una comunidad que se reunía con frecuencia.
“Ahorita estamos tratando de volver a unir a la gente, pero la situación es difícil porque las personas no tienen confianza para salir”, dice Cindy, poco después de recibir un reconocimiento de la Asamblea Legislativa de Alaska.
Como dirigente de la organización sin fines de lucro Enlaces, recibió un diploma que reconoce a la comunidad hispana como gente que trabaja, lucha, tiene negocios y aporta al estado.
Ese respaldo también se ha traducido en dinero: Enlaces obtuvo recursos estatales para crear un fondo de emergencia destinado a familias afectadas por separaciones o por la inflación.
“Recibimos fondos para ayudar a pagar gasolina, comida y otras necesidades”.
Una contradicción del sistema: por un lado los persigue; por otro, los sostiene. Un gobierno federal persecutor y uno local que premia. Una sociedad que critica y otra que cobija. Bien lo sabe Paola.
El gran ausente
Paola emigró de Cholula, Puebla, por amor. A los 17 años se embarazó y su primera hija nació ahí. Después, su esposo, constructor, quiso llevarla a Nueva York. Cerca de la Gran Manzana nació su segundo hijo y el tercero en Alaska, donde las habilidades de su marido eran especialmente requeridas.
“Yo solo quería darles a mis hijos las oportunidades de estudiar que yo no tuve”.
Hoy su hija es asistente dental; su segundo hijo se graduó hace un año y es controlador aéreo; el menor estudia en la universidad y quiere ser enfermero pediátrico.
La misión de origen está cumplida, pero a sus 47 años se siente más de aquí que de allá y así se lo repetía cuando cuatro camionetas de ICE la acorralaron y sufrió un ataque de pánico.
“Ya estaba esposada y pensaba en mis hijos, en mi esposo, en mis nietos. Pensaba: ‘No puede ser posible esto. No puedo respirar’”.
Los agentes la vieron tan mal que detuvieron el vehículo y llamaron a una ambulancia. Los paramédicos recomendaron hospitalizarla. Un agente subió con ella y nunca la dejó, ni siquiera cuando le inyectaron medicamento y permaneció hora y media en observación.
“Me dieron de alta y los agentes me dijeron: ‘Ya no te vamos a esposar, pero necesitamos que te tranquilices’”.
Después la llevaron a la cárcel de Eagle River, no a un centro de detención migratoria. Durante cinco días compartió espacio con una mujer que acababa de intentar matar a dos niños y otras en proceso de desintoxicación por drogas.
No tuvo ayuda del Estado mexicano.
México mantuvo durante casi siete años un consulado en Anchorage: abrió en 2009 y cerró a finales de 2015 por razones presupuestarias. Desde entonces, los mexicanos de Alaska dependen del Consulado de México en Seattle, a dos mil 300 kilómetros, para trámites y asistencia, una ausencia que pesa especialmente ahora.
La distancia no es menor: para una comunidad repartida en un territorio enorme, depender de Seattle significa resolver documentos, emergencias y asistencia desde otro estado, justo cuando aumenta el temor a viajar.
“Cuando cerraron nos prometieron atención. Pero no la hay: nunca contestan, te cansas de insistir, no regresan llamadas. No hay quien dé pasaportes, matrículas y ahora que te pueden agarrar en avión, te quedas sin identidad”, dice Lina Mariscal, quien vive en Alaska desde 1987 y en algún momento fue cónsul honoraria.
Su abuelo llegó a Anchorage en 1964 para reconstruir la ciudad tras el terremoto de magnitud 9.2. Era carpintero: pasó de reparar casas a arreglar barcos y luego a la pesca. Le fue bien y la familia lo siguió.
“Mi mamá estaba pasando por un momento difícil con mi papá y nos vinimos con mi abuelito. Nos dijeron: ‘En cuanto aprendan inglés nos regresamos’, pero aprendimos y ya nos quedamos y nos regularizamos”.
Paola intenta ahora hacer lo mismo tras conseguir su liberación del centro de detención, en buena medida gracias al plan que dejó listo por si algún día ICE la capturaba.
Pidió a su familia llamar de inmediato a sus abogados y a Rebeca Roggers, una estadounidense para quien hacía limpieza. Los primeros solicitaron una fianza; la segunda abrió una cuenta en GoFundMe.
“Para que los abogados tomaran mi caso y empezar a pelear una fianza fueron casi siete mil dólares. Después, como otros 15 mil para otro proceso. Además, inmigración me pidió una fianza de 17 mil dólares para dejarme salir. En total, fueron alrededor de 40 mil dólares”.
La respuesta de Alaska fue impresionante. Además de donar, la gente se movilizó. Llamaron a la senadora Lisa Murkowski y saturaron sus líneas. Hubo firmas en las escuelas de sus hijos, en la universidad y la preparatoria, y se sumaron madres de sus compañeros.
—¿Por qué crees que tanta gente decidió ayudarte?—
"Porque muchos estadounidenses no están de acuerdo con lo que está pasando. Dicen: 'Sí, estamos de acuerdo con que se actúe contra personas con récord criminal, pero no con gente como tú, que no hace nada, que ha aportado'".
Otros casos no han tenido el mismo desenlace. Algunas personas fueron expulsadas muy rápido o no tuvieron una red que se movilizara. Una mujer triqui, por ejemplo, vio deportado a su esposo a Oaxaca y poco después quedó viuda por una bala en México.
Cuestión de suerte, cuando no hay voluntad. El objetivo de los inmigrantes, es en un futuro inmediato revertir esta fórmula. “Vamos a salir de esta”, dice Paola.
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