El gobierno estadunidense sancionó a más de una docena de personas originarias de Guatemala, entre ellas funcionarios, empresarios y particulares, por socavar la democracia y el Estado de Derecho al intentar afectar el proceso electoral, según anunció a través del vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller.
El detalle de quiénes han sido sancionados no se hizo público, como ha ocurrido en otras ocasiones.
“Estados Unidos rechaza los continuos esfuerzos por socavar la transición pacífica del poder de Guatemala al presidente electo (Bernardo) Arévalo”, dijo Miller. ”Los guatemaltecos han hablado. Sus voces deben ser respetadas”, agregó.
Las sanciones llegan en medio de la arremetida del Ministerio Público contra el presidente electo Bernardo Arévalo, el Movimiento Semilla —el partido que lo llevó a ganar la presidencia—, las elecciones, los magistrados electorales y los más de 100 mil ciudadanos que de forma voluntaria participaron en la recolección, conteo y protección de los votos.
Las sanciones por “acciones antidemocráticas” incluyen la restricción de visados para entrar a suelo estadunidense y se extienden a las familias de los sancionados.
La fiscal general Consuelo Porras y sus fiscales Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso, Leonor Morales, así como el juez Fredy Orellana han llevado a cabo acciones judiciales contra quienes han participado en el proceso electoral incluidos allanamientos a las sedes electorales, revisión voto por voto y secuestro de actas electorales dentro de varias investigaciones que incluyen una denuncia por supuesto fraude electoral.
La congresista estadunidense Norma Torres dijo en un comunicado de prensa que Estados Unidos apoya inequívocamente a quienes luchan por la democracia en Guatemala.
“Me complace que la administración Biden haya atendido mi llamado de imponer restricciones adicionales a las personas que buscan socavar los resultados de las elecciones presidenciales de Guatemala”, dijo.
The U.S. will not stand by while the corrupt few try to break Guatemala's democracy.
— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) October 31, 2023
I applaud @StateDept for heeding my call to impose additional visa restrictions on those undermining democracy and the rule of law in Guatemala. https://t.co/jbu4IGiyji
Torres llamó a que “otras agencias —incluido el Departamento del Tesoro— sigan su ejemplo con acciones igualmente enérgicas contra estos actores antidemocráticos en Guatemala”.
El juez Orellana ordenó suspender la personalidad jurídica del partido de Arévalo a través de una ley ordinaria, pero el Tribunal Supremo Electoral se negó a hacerlo aduciendo que la Ley Electoral y de Partidos Políticos, de rango constitucional, le otorga esa facultad sólo a esa entidad y que no se puede realizar durante el periodo electoral, que finalizó el martes.
Arévalo en conferencia de prensa dijo que, con la publicación del acuerdo que pone fin al periodo electoral, “el proceso electoral ha culminado y sus resultados son definitivos e inalterables”.
Las acciones de la fiscalía han generado rechazo a nivel nacional e internacional y fueron la razón por la que miles de personas, lideradas por organizaciones indígenas, cerraron por 20 días más de 100 tramos de carretera en señal de protesta. Las organizaciones permanecen hace casi un mes frente a las instalaciones de la Fiscalía General para exigir la renuncia de Porras y sus fiscales, a quienes señalan de intentar ejecutar un golpe de Estado.
Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió en su conferencia mañanera “que se respete la voluntad del pueblo de Guatemala” porque hubo una “elección democrática” en la que el pueblo eligió a Arévalo, un hombre “íntegro, responsable, honesto”.
Porras, Curruchiche, Monterroso y Orellana ya han sido sancionados por el gobierno estadunidense por obstruir la lucha anticorrupción, socavar la democracia y emitir resoluciones judiciales con fines políticos.
EHR
