Al descubrir que no había una "emergencia" que justificara que California no compartiera la información personal de millones de propietarios de armas con investigadores de violencia armada, un juez federal se negó el miércoles a bloquear la promulgación del Proyecto de Ley 173 de la Asamblea por parte del estado.
El juez de distrito de los Estados Unidos. Larry Alan Burns escuchó a los abogados de Jane y John Does y al fiscal general Rob Bonta con respecto a un desafío constitucional al proyecto de ley 173 de la Asamblea, una ley que enmendó las leyes de armas de fuego de California para autorizar al fiscal general a divulgar la información personal de los propietarios de armas en California. Centro de Investigación de Violencia con Armas de Fuego en UC Davis y cualquier otra "institución de investigación de buena fe" que cumpla con ciertos requisitos.
La información personal de los propietarios de armas, incluido su nombre, dirección y edad, se recopila con cada venta de armas de fuego en California y se ingresa en la base de datos del "Sistema de armas de fuego automatizado". Se recopila información personal adicional de los solicitantes que solicitan una "Licencia de porte" para portar armas de fuego ocultas, incluido el número de Seguro Social, la licencia de conducir de California o el número de identificación, la ocupación, la dirección, el peso, la altura y el motivo de la solicitud para portar el arma.
La información del comprador de municiones se guarda en la base de datos del "Archivo de registros de compra de municiones".
A partir del 23 de septiembre del año pasado, esa información ahora está sujeta a los investigadores. En su escrito de oposición a la orden de restricción temporal, la Oficina del Fiscal General confirmó que los datos impugnados ya se habían proporcionado al centro de investigación y a Stanford.
mg
