El Consejo de Ministros de España dio luz verde a un Real Decreto que permitirá la regularización de alrededor de 500 mil extranjeros que carecen de papeles y que ya viven en el país europeo.
No es la primera vez que se adopta una medida así; desde la llegada de la democracia, ya lo hizo el gobierno del ex presidente José María Aznar y el de José Luis Rodríguez Zapatero. El Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez aspira a que sirva para garantizar los derechos de estas personas e integrarlas social y laboralmente en España.
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De esta manera, el Ejecutivo hizo caso a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), pero optó para sacarla adelante mediante un Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros que le garantiza, por un lado, agilizar trámites y, por otro, esquivar futuros obstáculos parlamentarios en un contexto en que la derecha y la ultraderecha, es decir, el Partido Popular (PP) y Vox, se han mostrado en contra, pese a que hace un par de años cuando surgió la ILP, el PP sí la apoyó.
¿Cuáles serán los requisitos y beneficios?
El proceso se dirige a las personas extranjeras que lleven al menos cinco meses en España antes del 31 de diciembre del año 2025. También podrán acogerse a la regularización los solicitantes de protección internacional que hubieran presentado la solicitud antes de esa misma fecha. Otro requisito indispensable es carecer de antecedentes penales.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saíz, detalló que los beneficiarios de la regularización podrán acceder a una autorización de residencia legal en España con una vigencia inicial de un año. Transcurrido ese plazo, esas personas podrán incorporarse a las figuras previstas en el Reglamento de la Ley de Extranjería, “lo que permitirá una integración plena y progresiva en el sistema”.
Las solicitudes se presentarán a partir de este mes, una vez cumplidos los trámites preceptivos en la tramitación del real decreto, y que el proceso esté abierto hasta el próximo 30 de junio.
La admisión a trámite de la solicitud permitirá trabajar de manera provisional en cualquier sector y lugar de España. “Esto beneficia al trabajador, que gana derechos, pero también a las empresas, que ganan seguridad jurídica”, manifestó Saiz.
Otra clave de la medida es la protección a las familias: el proceso permitirá regularizar simultáneamente a los hijos y las hijas menores de los solicitantes que estén en España; en este caso, el permiso será de cinco años.
Es la primera regularización de migrantes de la era de Pedro Sánchez en el gobierno, pero, según Saiz, no es una “excepción”, porque son ya siete las aprobadas en democracia. La última tuvo lugar en 2005, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y está considerada la más masiva hasta ahora, con 576 mil 506 personas beneficiadas.
Si se confirman las estimaciones del Ministerio, la que ahora arranca se acercaría a esas cifras y a las que alcanzaron en conjunto las dos regularizaciones emprendidas en 2000 y 2001 por el Ejecutivo de José María Aznar, de las que pudieron beneficiarse más de 264 mil y 239 mil personas, respectivamente. Según el Gobierno, en toda la Unión Europea se han realizado más de 40 regularizaciones desde la década de los noventa.
La derecha y la ultraderecha se oponen
El PP anunció una ofensiva jurídica y parlamentaria contra la regularización de migrantes, que calificó como “una barbaridad” y “sinsentido”.
“No hay medida política, parlamentaria ni jurídica; nacional ni internacional, que el PP vaya a dejar pasar para denunciar este sinsentido”, adelantó la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra.
El PP lanzará una ofensiva en los tribunales, en las Cámaras e incluso en la Unión Europea, para oponerse a esta iniciativa que dará permiso de residencia temporal a unos 500 mil extranjeros que ya viven en España de manera irregular.
Consideró que la regularización “es mala para quienes han seguido la ley, para quienes están por venir; es mala para la ciudadanía en su conjunto, que ve cómo se depauperan los servicios públicos sin que el Gobierno haga nada”.
“No sabemos cuántos son, quiénes son, dónde están estas personas, de dónde vienen. Qué va a pasar con sus antecedentes penales”, señaló.
Desde el ultraderechista Vox exigieron que todos los extranjeros que accedan ilegalmente al país sean repatriados inmediatamente, además de aquellos que cometan delitos.
La formación liderada por Santiago Abascal insistió en que “España debe adoptar una política migratoria clara y firme” e insistió en “establecer la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales y los servicios públicos, ya que existen extranjeros que no contribuyen con su trabajo a la economía nacional y subsisten a través de ayudas sociales, suponiendo un lastre para el estado de bienestar de los españoles”.
IYC
