El Defensor del Pueblo, el Gobierno de España, la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos (Confer) firmaron el protocolo para la organización y funcionamiento del sistema de reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la iglesia cuyos casos hayan prescrito.
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Nuevo protocolo comienza en abril
El acuerdo se enfoca en aquellos casos que no hayan tenido recorrido judicial, por prescripción o por fallecimiento del agresor.
El nuevo protocolo se pondrá en marcha a mediados de abril y el Defensor del Pueblo tendrá la última palabra en caso de que no haya acuerdo, pero no se establecieron horquillas ni baremos respecto a las indemnizaciones.
Detalles del acuerdo
El proceso se iniciará cuando la víctima presente su solicitud en la Unidad de Tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que, a su vez, lo remitirá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo.
Según los detalles del acuerdo, una vez que se presente una solicitud se estudiará el caso, se escuchará a las partes y la unidad de víctimas elaborará una propuesta de resolución y, en su caso, reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y también económica) en un plazo máximo de tres meses.
Su propuesta se trasladará a la comisión asesora de la iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso para que la evalúe en un plazo máximo de dos meses.
Si hay conformidad de las partes (iglesia y víctima), la propuesta tendrá carácter definitivo y se trasladará a la Comisión Asesora del Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abuso para su cumplimiento y ejecución.
Relación víctimas - iglesia
El acuerdo inicial se firmó el 8 de enero, pero todas las partes tuvieron entonces que ponerse a negociar los detalles de esas indemnizaciones y los protocolos para atender a las víctimas, en un proceso que hasta ahora había estado únicamente en manos de la iglesia.
Ese pacto incluía un punto fundamental y crítico para los obispos: que las víctimas ya indemnizadas por la iglesia pudieran reclamar al Defensor del Pueblo para obtener más dinero.
Hace diez días la iglesia bloqueó la firma del acuerdo justo antes de la visita de los reyes al Papa León XIV, en parte por ese desacuerdo. Los obispos se negaron entonces a firmar un acuerdo que otorgara a las víctimas un papel protagonista a la hora de determinar las indemnizaciones a percibir, y que superan los acuerdo a través del Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos, creado para ofrecer reparación integral (económica, psicológica y espiritual) a víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la iglesia Católica, que se entra en casos prescritos civilmente o con el victimario fallecido.
Un año y medio después de su entrada en vigor, apenas ha emitido 83 dictámenes de reparación que asumen las congregaciones o diócesis, con una cuantía acordada de dos millones de euros, y que ha cosechado críticas, casi unánimes, de las asociaciones de víctimas.
Este acuerdo llega siete años y medio después de que El País realizara una investigación en septiembre de 2018 sobre la pederastia en la Iglesia católica española.
Esto forzó al Congreso a encargar un informe al Defensor del Pueblo en 2022, con un resultado demoledor: estimó que un 1.3 por ciento de la población española había sufrido abusos en el ámbito religioso, la mayoría de casos quedaron anulados debido al fallecimiento del presunto abusador.
La Iglesia española, en su recuento, reconoce 2 mil víctimas de abusos.
LJ
