El gobierno socialista de España propuso rebajar las penas máximas del actual delito de sedición (es decir, el levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno con el fin de derrocarlo) de 15 a cinco años y el de la inhabilitación a ocho años.
Ahora se llamará delito de “desórdenes públicos” y se homologará a los países del entorno europeo, según recoge la proposición de ley orgánica realizada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos. Eso sí, el gobierno de Pedro Sánchez admite que la medida puede tener un costo electoral en las elecciones de 2023.
Esto, por ejemplo, afectará de manera directa al político de Esquerra Republicana de Cataluña y ex presidente de la región Oriol Junqueras y al resto de líderes del proceso soberanista condenados por el Tribunal Supremo en 2019 por declarar de forma ilegal la independencia de Cataluña.
Es decir, la rebaja de 15 años de cárcel a un máximo de 5, tendrá efecto directo en las inhabilitaciones de los condenados independentistas, lo que se traduce en una posibilidad de que puedan presentarse a las elecciones antes de que venciera el plazo fijado por el Tribunal Supremo. Las elecciones autonómicas y generales son el próximo año.
La reforma del Código Penal, que también afectará al ex presidente catalán Carles Puigdemont, fugado a Bélgica, y al resto de políticos que lo hicieron, ya que rebaja sustancialmente las penas que recoge la sedición para, según el presidente Pedro Sánchez, equipararlas al resto de países europeos.
El Tribunal Supremo condenó en octubre de 2019 a los doce líderes independentistas catalanes juzgados por organizar y declarar la independencia de Cataluña.
De ellos, nueve lo fueron por delito de sedición, el cual iba penado de los nueve años de cárcel hasta los 13 en el caso de Junqueras. Posteriormente, el Ejecutivo les concedió el indulto parcial en tanto les anuló las penas de prisión en junio de 2021, pero les mantuvo la inhabilitación para ejercer cargo público.
Derecha y ultraderecha contra el gobierno
Desde la derecha y la ultraderecha hablan de “traición” por parte del gobierno socialista de Pedro Sánchez, le acusan de querer seguir en el poder con el apoyo que podría otorgarle esta nueva medida y de cumplir las exigencias actuales del independentismo, pese a que el actual presidente de Cataluña, Pere Aragonès, aunque celebró el anunció dijo que no es suficiente. “Faltan más pasos”, afirmó.
Desde Ecuador, el líder del conservador Partido Popular (PP), lamentó “tener razón en que Sánchez pone siempre su interés político por encima del de España”. “Es una irresponsabilidad histórica corregir el trabajo del Supremo de la mano de los condenados y una gran ingenuidad porque el independentismo nunca, jamás, se conforma”.
Mencionó que “estoy convencido de que hay una mayoría social que no acepta más mentiras de este gobierno ni más chantajes del independentismo. Los españoles tienen mi palabra de que juntos devolveremos a España la calidad democrática que se merece”.
Su número dos y portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, destacó que no es más sino una moneda de cambio, una suerte de factura a cambio de los PGE: “Sánchez paga puntualmente a sus socios las hipotecas que le permiten seguir en La Moncloa a costa de la igualdad ante la ley. Ahora un Código Penal a la medida de los sediciosos para sacar unos presupuestos…¡Alto precio para los españoles!”.
Más escueto fue el líder de la ultraderecha y de Vox, Santiago Abascal, que calificó a Pedro Sánchez de “traidor”.
LG
