Una nueva ley de "unidad étnica" entró en vigor en China bajo severas críticas internacionales, ante la preocupación de que promoverá la "asimilación forzada" de las minorías en el país.
La Ley de Promoción de Unidad y Progreso Étnico busca forjar una identidad nacional "compartida" y formaliza políticas para promover el lenguaje mandarín como el "idioma nacional común".
El texto tipifica como delito la participación en "actividades terroristas violentas, actividades de separatismo étnico o actividades de extremismo religioso".
La organización Amnistía Internacional señaló que la legislación "presiona a grupos étnicos como los uigures, tibetanos y mongoles a adoptar una única identidad nacional definida por el Estado y dominada por la cultura china (de la etnia dominante) han".
La ley exige "alineamiento político e ideológico con el Partido Comunista Chino" e "institucionaliza aún más las políticas de asimilación forzada" de grupos minoritarios, señaló el martes en un comunicado la subdirectora regional de Amnistía, Sarah Brooks.
China reconoce oficialmente 55 minorías étnicas en su territorio, pero el gobierno estableció el mandarín como la lengua de enseñanza oficial en regiones con una gran población de etnias minoritarias, como el Tíbet.
ONU y organismos internacionales alertan por impacto en minorías étnicas
El jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, llamó a anular la ley, mientras representantes tibetanos y uigures declararon la semana pasada que la legislación criminaliza su identidad cultural, religiosa y lingüística.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán expresó su "fuerte condena" de la ley, que a su juicio amplía las "amenazas y la intimidación contra el pueblo de nuestro país y otras naciones".
"En el futuro, individuos de cualquier país cuyas palabras o acciones no sean aceptables para China podrán ser perseguidos" bajo la ley, agregó el ministerio taiwanés.
China considera a Taiwán como parte de su territorio y no descarta usar la fuerza para tomar la isla de gobierno democrático.
Igualmente, Alemania expresó el lunes su "gran preocupación" por la normativa, al considerar que "representa un gran riesgo de debilitar más la enseñanza de lenguas minoritarias, al igual que derechos como la libertad religiosa".
EA
