El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a un tribunal de apelaciones que bloquee una investigación por desacato contra el gobierno del presidente Donald Trump por no haber devuelto al país aviones que transportaban migrantes venezolanos a El Salvador en marzo.
El departamento también busca que se retire del caso al juez principal James Boasberg, acusándolo de emprender una “campaña radical, vengativa e inconstitucional” contra el gobierno del republicano.
Tensión en la corte: administración Trump vs juez nombrado por Obama
Esto marca una drástica escalada en la prolongada disputa del Departamento de Justicia con el juez, nombrado para el tribunal por el entonces presidente demócrata Barack Obama, y prepara el escenario para un enfrentamiento sobre la capacidad del poder judicial para servir como control a una administración que ha desafiado los límites de las órdenes judiciales.
El departamento quiere que el Tribunal Federal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia se pronuncie sobre sus solicitudes antes del lunes 15 de diciembre, cuando se tiene previsto que Boasberg escuche el testimonio de un ex abogado del gobierno que presentó una denuncia de irregularidades.
Los funcionarios del departamento afirman que Boasberg es tendencioso y está creando “un circo que amenaza la separación de poderes y el privilegio entre el abogado y su cliente”.
“La próxima audiencia tiene toda la apariencia de una interminable expedición de pesca dirigida a una lista cada vez más amplia de testigos y testimonios prolongados. Ese espectáculo no es un esfuerzo genuino para descubrir hechos relevantes”, escribieron.
James Boasberg ha dicho que un fallo reciente del tribunal de apelaciones le concedió la autoridad para proceder con la investigación por desacato. El juez trata de determinar si hay pruebas suficientes para remitir el asunto para su enjuiciamiento.
El implicado, quien ha sido juez principal del tribunal de distrito en Washington, D.C., desde marzo de 2023, ha dicho que el gobierno de Trump podría haber “actuado de mala fe” al intentar apresurar la salida de migrantes venezolanos del país en desacato a su orden que bloqueaba sus deportaciones a El Salvador.
En una orden del 16 de abril, el impartidor de justicia dijo que dio a la administración “amplias oportunidades para rectificar o explicar sus acciones”, pero concluyó que “ninguna de sus respuestas ha sido satisfactoria”.
“La Constitución no tolera la desobediencia deliberada de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios de una rama coordinada que han jurado defenderla”, escribió Boasberg.
¿Qué ha declarado el gobierno de Trump?
La administración estadunidense ha negado cualquier violación, diciendo que la directiva emitida por el juez el 15 de marzo para devolver los aviones se hizo verbalmente en el tribunal pero no se incluyó en su orden escrita.
Trump pidió el juicio político de Boasberg en marzo. En julio, el Departamento de Justicia presentó una queja por conducta inapropiada en la que se acusa a Boasberg de hacer comentarios públicos inapropiados sobre Trump y su gobierno.
En una publicación hecha el viernes 12 de diciembre en redes sociales, la secretaria de Justicia, Pam Bondi, acusó a Boasberg de participar en un “activismo judicial sin ley”.
“Esta campaña radical, vengativa e inconstitucional contra el gobierno de Trump no prevalecerá”, escribió Bondi.
Today, @TheJusticeDept filed a new mandamus petition in the D.C. Circuit to stop Judge James Boasberg's lawless judicial activism and defend @POTUS's agenda.
— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) December 12, 2025
His latest order threatens attorney-client privilege and the separation of powers underpinning our government — all…
Boasberg programó una audiencia el lunes 15 de diciembre para el testimonio del ex abogado del Departamento de Justicia Erez Reuveni, en cuya denuncia de irregularidades se afirma que un alto funcionario del departamento insinuó que el gobierno de Trump podría tener que ignorar las órdenes judiciales mientras se preparaba para deportar a migrantes venezolanos.
El juez también programó una audiencia el martes 16 para el testimonio de la fiscal general adjunta del Departamento de Justicia, Drew Ensign. El Departamento de Justicia ha dicho que Ensign transmitió la orden verbal del 15 de marzo de Boasberg y una orden escrita posterior al Departamento de Seguridad Nacional.
“Esta larga saga nunca debió haber comenzado; no debió haber continuado en absoluto después de la última intervención de este Tribunal, y ciertamente, no debió permitírsele que escalara hasta convertirse en el indecoroso e innecesario conflicto interinstitucional que ahora inminentemente presagia”, dijeron los funcionarios del departamento en la presentación judicial del viernes 12 de diciembre.
En una declaración escrita al tribunal, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, mencionó que tomó la decisión de no devolver los aviones a Estados Unidos tras recibir “asesoramiento legal privilegiado” del abogado general interino del Departamento de Seguridad Nacional y “a través de él, de la alta dirección del Departamento de Justicia”.
Boasberg calificó la declaración de Noem como “superficial” y dijo que no le proporciona suficiente información para determinar si violó deliberadamente su orden del 15 de marzo.
Boasberg se negó a cancelar o retrasar las audiencias de la próxima semana.
“Para empezar, esta investigación no es un ejercicio académico”, escribió.
“Aproximadamente 137 hombres fueron sacados de este país sin una audiencia y colocados en una prisión de alta seguridad en El Salvador, donde muchos sufrieron abusos y posible tortura, a pesar de la orden de este Tribunal de que no debían ser desembarcados”.
MD
