Cuba dio de plazo “hasta el 26 de diciembre” para que el empresario mexicano Alfredo Jaime Capetillo, de 57 años, se presente en La Habana a fin de responder por un caso de cohecho, al tiempo que exhortó “a todas las autoridades y agentes” a su búsqueda, captura y presentación ante la fiscalía nacional. De no comparecer ante el mayor Carlos Martínez en el plazo apuntado “se le declarará en rebeldía”, puntualiza una orden en tal sentido fechada el 16 de diciembre en la capital cubana y publicada este jueves por la Gaceta Oficial.
Un procedimiento similar se siguió en 2011 contra los empresarios chilenos Max y Marcel Marambio, juzgados en ausencia por delitos de “corrupción económica”, y condenados a 20 y 15 años de prisión, respectivamente. Jaime Capetillo fue inicialmente citado para el 21 de noviembre pasado, pero no se presentó ante las autoridades. Fuentes cercanas al caso dijeron entonces a MILENIO que el empresario “vive fuera de Cuba desde hace muchos años” y se “enteró de la citación por la prensa”.
Capetillo, con pasaporte número 0619005987 y cuyo paradero actual se desconoce, era representante en la isla de la firma panameña International ABC Import Export, especializada en la comercialización de muebles, equipos e insumos de hotelería y gastronomía para el sector turístico cubano. El mayor Carlos Martínez es el investigador principal del expediente “en fase preparatoria” no. 19 de 2013, radicado contra Capetillo por el delito de cohecho. La pena prevista por el código cubano es de dos a cinco años de prisión o multa de 500 a mil cuotas.
Los medios nacionales no se han hecho eco del caso Capetillo, primero de este tipo que trasciende desde que los gobiernos de México y Cuba anunciaran el “relanzamiento” de sus relaciones políticas, comerciales y financieras. La empresa que representaba el mexicano radicaba en el Centro de Negocios de la barriada habanera de Miramar y estaba asentada en la Cámara de Comercio de Cuba. Desde hace varios años, el gobierno del presidente Raúl Castro libra una batalla contra la corrupción, que ha implicado penas de cárcel a varios empresarios extranjeros y a decenas de funcionarios cubanos, incluido un ex ministro.
