El 17 de febrero, el Congreso de Perú destituyó al presidente José Jerí, quien llevaba apenas cuatro meses en el cargo, después de que el Legislativo revocara el mandato de la ex mandataria Dina Boluarte.
En su reemplazo, asumió el cargo José María Balcázar, congresista de 83 años, ex juez y con una larga experiencia política surgida de la izquierda tradicionalista.
Balcázar es el octavo presidente peruano en los últimos diez años, de los cuales solo dos, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo, fueron elegidos por el voto popular.
La vacancia del cargo se produjo porque se acusó a Jerí de incapacidad moral permanente, luego de que se revelara que tuvo dos reuniones clandestinas con el empresario chino Zhihua Yang quien según un informe parlamentario de 2022, operaría como ejecutor tercerizado de obras públicas adjudicadas a empresas de su país.
Balcázar tiene la responsabilidad de comandar el proceso electoral del próximo 12 de abril, día en el que los peruanos elegirán el próximo mandatario constitucional. Una foto de la situación de extrema disgregación del sistema político en el Perú es que para estos comicios hay inscritas 36 candidaturas presidenciales. Según las encuestas más recientes, quienes tienen mayor intención de voto apenas rondan el 10 por ciento.
Crisis del sistema político peruano
Detrás de esta nueva transición forzada subyace un problema estructural que el Perú no ha logrado resolver: la tensión permanente entre un régimen presidencialista y un Congreso con amplias facultades para destituir al jefe de Estado.
La figura de la “incapacidad moral permanente”, concebida como un recurso excepcional, se ha convertido en un mecanismo recurrente de control político que, en la práctica, debilita la estabilidad del Ejecutivo y convierte cada crisis en una posible caída presidencial.
En teoría, el modelo peruano combina un presidente elegido por voto popular con un Consejo de Ministros políticamente responsable ante el Parlamento. Esa fórmula ha derivado en un juego de desconfianzas cruzadas.
El Congreso puede censurar ministros y cesar al presidente, mientras que el Ejecutivo tiene la potestad de disolver el Legislativo bajo ciertas condiciones. Este equilibrio inestable ha producido un ciclo de confrontación que paraliza la gestión pública y erosiona la confianza ciudadana.
A ello se suma la profunda fragmentación del sistema de partidos. Las 36 candidaturas inscritas para los próximos comicios reflejan organizaciones débiles, muchas veces construidas alrededor de liderazgos personales y con escasa representación territorial o programática. Sin mayorías claras ni coaliciones sólidas, el próximo presidente —sea quien sea— enfrentará un Congreso atomizado y proclive al conflicto.
El resultado es una democracia formalmente vigente, pero atrapada en una dinámica de crisis casi permanente, en la que la gobernabilidad depende menos del mandato popular que de la correlación de fuerzas en un Parlamento fragmentado.
Diez años, ocho presidentes
En la última década, Perú ha transitado una inestabilidad que excede la pugna institucional. Desde la renuncia de Kuczynski en 2018, pasando por la breve presidencia de Manuel Merino —marcada por protestas masivas y la muerte de dos jóvenes en Lima—, hasta la destitución y posterior detención de Castillo, el país ha encadenado episodios de alta conflictividad.
La asunción de Boluarte derivó en nuevas movilizaciones, especialmente en el sur andino, que fueron respondidas con estados de emergencia y operativos militares. Organismos de derechos humanos reportaron decenas de fallecidos en enfrentamientos con fuerzas de seguridad, profundizando la fractura entre el Estado y amplios sectores sociales.
Este clima político se superpone con tensiones sociales persistentes. Aunque Perú experimentó años de crecimiento sostenido impulsado por las exportaciones mineras, la pandemia revirtió avances en la reducción de la pobreza y amplió brechas territoriales.
Las regiones rurales e indígenas, históricamente postergadas, concentran mayores índices de informalidad laboral, precariedad en servicios básicos y desconfianza hacia Lima. La política, lejos de canalizar esas demandas, ha tendido a exacerbarlas.
Según el último informe de Human Rights Watch sobre la situación peruana, en 2024, bajo la presidencia de Dina Boluarte, el Congreso peruano adoptó decisiones que debilitaron las instituciones democráticas y limitaron la independencia judicial, obstaculizando investigaciones sobre la corrupción y las violaciones de derechos humanos.
En mayo de ese año, más de la mitad de los legisladores estaban bajo investigación por corrupción u otros delitos.
Lo que viene
En sus primeras declaraciones como presidente, Balcazar aseguró que va a garantizar una “transición democrática y electoral pacífica, transparente”, y se definió como un hombre de diálogo y consensos, anunciando que en esta semana va a dialogar con los líderes políticos peruanos para conocer sus puntos de vista.
Los principales puntos de su gestión, recalcó, serán pacificar el país y enfrentar a la inseguridad ciudadana. Desde 2017, la tasa de homicidios es creciente, llegando en 2025 a 10.7 personas asesinadas cada 100 mil habitantes.
Aún se recuerda cada año la represión a las protestas populares ordenada por la entonces recién asumida Dina Boluarte, que entre diciembre de 2022 y febrero de 2023 dejó un saldo de 66 personas fallecidas y más de 500 heridos. Esta situación de violencia que atraviesa desde entonces Perú y el descontento popular con la situación social, más la falta de representatividad, son condiciones con las cuales tendrá que intentar la transición democrática el nuevo mandatario.
Aunque su principal mandato en los 50 días que gestionará antes de las elecciones presidenciales es administrar sin alterar la gobernanza y garantizar un proceso transparente y pacífico, en su primer día en la Casa de Pizarro, Balcázar ha generado polémicas políticas que pueden tener consecuencias.
Los sectores de la derecha, en todas sus variantes, comenzaron a señalarlo. Algunos cuestionan su acercamiento a Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre, a quien acusan de extremista de izquierda y de haber intentado manipular al ex presidente, actualmente detenido, Pedro Castillo.
Cerrón no puede ser candidato ya que fue condenado por corrupción en 2019. Aunque este último negó haberse reunido con Balcázar, muchos medios afirman que han hablado. También comenzó a ventilarse un pedido del ex presidente Castillo para obtener la amnistía. Estas versiones que circulan generalizadamente son problemas para esta gestión que recién comienza.
El escenario político peruano combina un presidencialismo vulnerable a la vacancia, el Congreso fragmentado, y partidos débiles, lo que ha generado gobiernos sin respaldo parlamentario ni capacidad de articular consensos duraderos.
Cada crisis abre paso a otra, sin que se consolide un pacto mínimo de gobernabilidad. En ese contexto, las elecciones de abril no solo definirán un nuevo mandatario, sino que pondrán a prueba la posibilidad de reconstruir un sistema político desgastado por los enfrentamientos y la disgregación, la represión a la protesta y el descreimiento ciudadano.
MD
