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Sábado , 20.04.2019 / 05:54 Hoy

CIDH exhorta a Ortega a “cesar la represión”

LA ALDEA

El organismo de la OEA denuncia graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua por las protestas sociales con saldo de 76 muertos y casi mil heridos.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua e instó al gobierno a “cesar de inmediato la represión” de las protestas sociales, tras confirmar la muerte de 76 personas en sucesos violentos desde el último mes.

Al concluir una visita de trabajo de cuatro días, una delegación de la CIDH presentó un informe preliminar con 15 recomendaciones al gobierno del presidente Daniel Ortega para hacer valer los derechos humanos y sancionar a los responsables de los crímenes.

“La Comisión insta al Estado de Nicaragua a que cese de inmediato la represión de la protesta social. El Estado debe adoptar con carácter urgente las medidas necesarias para garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y participación política”, señaló el documento.

La CIDH afirmó que la crisis dejó 76 muertos, 868 heridos, cinco de ellos hospitalizados y en estado de gravedad, y 438 detenidos entre estudiantes, población civil, defensores de derechos humanos y periodistas. De ellos, tres personas siguen en prisión.

Señaló que la Policía usó balas de distinto tipo y gases lacrimógenos “de forma indiscriminada” para sofocar las protestas y que en algunos casos hubo francotiradores. La CIDH recibió denuncias de posibles ejecuciones extrajudiciales y de casos de heridos rechazados en los hospitales públicos.

“La CIDH condena enfáticamente las muertes y detenciones arbitrarias de estudiantes, manifestantes y periodistas desde el inicio de las protestas y que continúan hasta la fecha”, añadió el informe leído por la chilena Antonia Urrejola, relatora especial para Nicaragua y jefa de la delegación.

También condenaron la muerte de dos policías y las agresiones contra otros funcionarios públicos reportadas a la CIDH.

“La Comisión urge enérgicamente al Estado de Nicaragua a investigar estos hechos, juzgar y sancionar a los responsables y reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos”, enfatizó el texto.

Las 15 recomendaciones fueron acogidas por unanimidad entre los participantes del diálogo nacional, que este lunes reinició sus sesiones con mediación de la Iglesia católica.

Al comenzar la sesión, universitarios, empresarios y sectores de la sociedad civil anunciaron la formación de una “Alianza Unidad Cívica por la Justicia y la Democracia” que exigió la dimisión inmediata de Ortega, en el poder desde hace 11 años.

“La exigencia principal en las calles es la renuncia inmediata de Daniel Ortega, de (su esposa y vicepresidenta) Rosario Murillo y sus secuaces. Esto no es negociable, esta es una mesa de rendición”, dijo Víctor Cuadra, del Movimiento Universitario 19 de Abril.

Cuadras dijo que la alianza no acepta siquiera la posibilidad de adelantar un año las elecciones de 2021 y que el inicio de un proceso democratizador sólo será posible con otro gobierno.

A su turno, la feminista Sandra Ramos, por la sociedad civil, responsabilizó a Ortega por la muerte de 76 personas, en su gran mayoría jóvenes universitarios según el registro de la CIDH, aunque el gobierno solo reconoce 18 fallecidos. La posición de Ramos fue apoyada con vehemencia por los empresarios.

“Sobre esos resultados (de muertos y heridos) Nicaragua ya cambió y este sector privado también cambió: no hay vuelta atrás”, dijo José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).

“El país no aguanta una salida a mediano plazo. La solución debe ser ya”, enfatizó el líder de Cosep, que hasta los sucesos de abril mantuvo una “alianza estratégica” con Ortega.

En respuesta, el canciller Denis Moncada, jefe de la delegación oficial, abogó por “recobrar la paz y la estabilidad” ya que la crisis ha afectado a la economía. Ovidio Reyes, presidente del Banco Central, dijo que las pérdidas suman 180 millones de dólares, pero economistas afirman que superan los 650 millones.

Moncada señaló que el gobierno trabaja el tema institucional con la Organización de Estados Americanos (OEA) en base a un acuerdo suscrito hace un año y medio con su titular Luis Almagro, para reformar el sistema electoral.

Tal acuerdo se firmó después de que la OEA avaló el resultado de los últimos comicios (2016), que le dieron a Ortega su segunda reelección pese a insistentes denuncias de fraude. La oposición acusó a Almagro de favorecer al gobernante.

Moncada anunció que cuatro funcionarios de la OEA llegarán a Managua en las próximas horas para integrarse a las sesiones del dialogo desde el próximo miércoles.

Al respecto, Juan Sebastián Chamorro, representante de un sector del empresariado, exigió la presencia de Almagro en Nicaragua, para “que no se siga negociando a puertas cerradas” con la OEA.

El obispo Rolando Álvarez, miembro de la comisión mediadora de la Iglesia, instó al gobierno a que vuelva a invitar a la CIDH al país “lo más pronto posible” y que la comisión se sume al diálogo en calidad de observadora.

La crisis inició el 17 de abril con una protesta estudiantil contra una reforma al Seguro Social, que aumentaba las cuotas de empresas y trabajadores, y se profundizó tras la violenta acción de policías y paramilitares contra universitarios y manifestantes desarmados, reprimidos con brutalidad.

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