Frente al 2501 Sur de la avenida Central Park, en el barrio de La Villita, una mujer de rostro moreno se distingue desde lejos. Va vestida de colores oscuros de la cabeza hasta los pies. Contrasta con el blanco de la nieve que está por todas partes y que también se deposita sobre su cabello negro de joven mexicana guerrerense.
Aún no abre la oficina del Consejo Consultivo de Vendedores Ambulantes (SVAC, como se resume en inglés) y Yaretzi Martínez resiste el frío moviendo los pies de un lado para otro, como si quisiera hacer pipí, pero no, y guarda las manos entre las mangas de la sudadera que lleva puesta. Lástima: olvidó el abrigo.
“Espero un cheque de ayuda a los vendedores ambulantes”, informa a MILENIO, como si se disculpara por estar ahí, temblando, y no frente a una chimenea, o en su natal Teloloapan, comiendo mangos bajo el sol dorado y caliente.
Allá estuviera, de no ser porque los extorsionadores en Guerrero se volvieron insaciables, pidiéndole hasta mil pesos por semana a ella, que sólo limpiaba casas y vendía comida. Esa gente mala colgaba y tiraba cuerpos a diestra y siniestra, como castigo ejemplar en caso de impago.
Por eso Yaretzi huyó junto con su marido. Y en Illinois aún no tiene coche, dice que está en ese frío gracias a una amiga que la llevó, porque hay que hacerse del cheque.
Hace días que SVAC reparte esos cheques por 500 dólares a 700 vendedores ambulantes tras la recaudación de 360 mil dólares en una campaña en línea que sigue abierta: la meta es ayudar a un millar de comerciantes para que no se expongan a los señores de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE).
Gastronomía del sur en el frío
En los últimos meses ya se llevaron a 25 miembros de SVAC y a otros tantos más, pero no hay estadísticas oficiales de las deportaciones por gremio. Lo cierto es que los comerciantes callejeros se han multiplicado en los últimos años.
En 2015, el Departamento de Asuntos Comerciales y Protección del Consumidor de la ciudad calculó que había en total unos seis mil vendedores, de los cuales una cuarta parte se dedicaban a la comida: tamales, atole, frutas, esquites, pozole, paletas y aguas frescas.
Ocho años después, el gobierno no ha actualizado la estadística, pero SVAC calcula que a principios de 2025 la cifra habría incrementado hasta cinco mil personas, pero contabilizando solo los que venden comida. Y para este fin de año podrían ser seis mil 500, debido el éxodo sudamericano reciente que, por cierto, agregó arepas, chicha de arroz y plátanos fritos a la oferta culinaria callejera en la Ciudad de los Vientos.
Igual que muchos venezolanos, colombianos y centroamericanos que entraron a Estados Unidos con asilo después de documentar que su vida se había vuelto insostenible por la inseguridad en sus países, debido a las disposiciones de Donald Trump en los meses pasados, Yaretzi Martínez perdió su estatus regular.
La tranquilidad solo le duró cuatro años tras su llegada a Illinois en 2021. Eso fue tres años después de dejar Teloloapan, en 2018, y a pocos meses de abandonar Puerto Vallarta, donde padeció el mismo problema: ahí también le cobraban derecho de piso por vender en la calle, pero no eran hombres jóvenes como en Guerrero, sino mujeres emperifolladas.
“La maña tiene muchas caras”, resume antes de cruzar las puertas de la oficina de SVAC, donde hay café, Coffee Mate y polvorones al fondo a la derecha, y al fondo a la izquierda un pizarrón donde alguien escribió: “Lista de personas que quieran llevar algo para compartir a la Universidad Popular”.
Ya en Chicago, la cosa fue diferente para Yaretzi y sus dos niños. El esposo empezó a trabajar en fábricas y ella se quedó de ambulante, vendiendo elotes, pagando impuestos a la ciudad que, por lo menos, tiene reglas claras.
“El ayuntamiento te cobra, por ejemplo, 3 mil dólares de multa o te decomisa la mercancía si laboras sin permiso, pero no te mata como los malandros de por allá”, dice Yaretzi torciendo el cuello.
La ciudad de Chicago pide certificaciones, título, registro, impuestos, aseguranzas y requisitos sanitarios, tales como que la comida debe estar envasada, aunque es el único requisito que pasan todos por alto porque no hay quien se empuje un atole o champurrado frío, o unos tamales tiesos.
Por eso se ven las ollas humeantes por todos lados en La Villita y los inspectores se hacen de la vista gorda. Vamos, hasta compran los productos al más puro estilo de los policías de la Ciudad de México, esos que desayunan en las banquetas.
En esa dinámica de simulación estaban autoridades y ambulantes de Chicago cuando cayó Greg Bovino, jefe de ICE, en septiembre, con su operativo Midway Blitz, que dejó hasta noviembre más de 4 mil indocumentados detenidos –y contando–.
Los Martínez habían perdido el asilo y, sin documentos, su situación se complicó: el esposo tiene trabajos intermitentes, hay que pagar renta, biles (bills, facturas) y el pan de cada día es ver cómo ICE se lleva a los colegas.
Hace poco, por la calle 47, Yaretzi vio cómo 'agarraban' a unas personas afuera de una licorería.
“Tuve que esconderme en un callejón, por los basureros”, recuerda en la fila de SVAC a la que se han sumado otras 10 personas, sobre todo mujeres.
Ellas representan el 50 por ciento de los comerciantes callejeros, de acuerdo con el estudio del Instituto para las Políticas de Chicago.
En otra ocasión, afuera del supermercado El Güero, también vio a los agentes a lo lejos.
“Entran muchos nervios porque una es mamá; tengo un bebé de un año y un niño de 12”, refiere.
Tan cerca los sintió que a partir de entonces cambió de giro a la venta de ropa interior. Una se imaginaría que algo así no daría suficiente plata para subsistir, pero sí: sus clientas no paran de pedir brasieres, calzones y negligés a domicilio, y de ese modo han sacado adelante a los Martínez.
El cheque que está por firmar Yaretzi en las oficinas de SVAC es un ahorro para el largo invierno. Lo toma, se apura y sale a la calle. Debe caminar varias calles para tomar el transporte público y regresar a casa con sus criaturas. Mañana será otro día y no se detendrá.
“A pesar del frío, la nieve, el 'hielo negro' y de ICE, salgo a vender. Si no me piden ropa, vuelvo a los elotes”, advierte.
Mejor sortear a la migra que a la maña.
Negocio callejero de más de 35 millones
La sede de SVAC es acogedora. El recibidor es amplio, bordeado de mesas que atienden mujeres en espanglish, intercalando frases indistintamente en inglés y español mientras entregan los cheques y Juan José Gama cita por teléfono a otros vendedores callejeros con el mismo fin.
“Bueno, puede venir mañana.. sí, sí la podemos ayudar”.
Juan José Gama, vicepresidente del Consejo, es un chilango nostálgico del oficio de panadero que ejerció en su temprana juventud, antes de vender pan, gelatinas y donas en los tianguis de la Ciudad de México.
En el año 2000 se mudó a Chicago junto con su familia e intentó trabajar en la construcción, pero los arquitectos retenían los pagos por semanas. En las fábricas sólo le daban pocas horas de trabajo.
“Como toda mi vida había sido ambulante, decidí dedicarme a esto aquí también”.
Chicago resultó ser tan violenta como la Ciudad de México en los años ochenta y noventa. Juan José vendía paletas en el verano y así atraía a ladrones que lo asaltaron varias veces con navajas y pistolas por apenas 40 dólares, o estafadores que le daban billetes falsos. Se hizo, literalmente, un tipo duro, un street fighter.
Ahora vende tamales y elotes en eventos privados. De algún modo ha hecho una reputación que lo sacó de las esquinas donde la inseguridad no ha cambiado, sino empeorado en general y más aún en el invierno, cuando los días son más cortos y oscurece más temprano.
Pero muchos de sus colegas son golpeados, heridos o despojados de sus ganancias:
“Cuando intentamos que reporten estos crímenes, el miedo a las represalias y la deportación los detiene, así nunca se sabe quiénes son los asaltantes”, lamenta Gama.
El botín en conjunto es jugoso. A pesar de que no hay cifras de las ganancias actuales de los comerciantes callejeros, un estudio del Instituto de Políticas de Illinois de 2017 sobre los alimentos en la vía pública da una dimensión del negocio: 35.2 millones de dólares; de los cuales, 16.7 millones son ganancias netas a través de 50 mil productos de comida al día.
Esto a pesar de que los comerciantes callejeros están obligados a tener una cocina comunitaria, pública y vigilada por inspectores sanitarios –a SVAC le costó años hacerse de algo así– porque en Chicago está prohibido ponerse creativos con el fogón en la casa y luego salir a vender a la calle.
Al padre lo reventaron, el hijo se queda
El día que ICE detuvo al padre de Alejandro Aparicio, en noviembre pasado, ambos estaban trabajando en su carrito de elotes y frutas. El hijo, de 23 años, se retiró un momento para entregar un paquete y de pronto recibió una llamada:
“Lo único que alcancé a escuchar fue cuando mi papá le decía al oficial: ‘siquiera déjame avisarle a mi chavo, y colgó’", describe a MILENIO en las oficinas de SVAC, a donde ha llegado con su mujer venezolana y su bebé envuelto en una cobija.
Alejandro buscó en la aplicación Find My del iPhone, para localizar, y así supo que trasladaban a su papá al Centro de Procesamiento migratorio de Broadview.
Padre e hijo tenían un caso sólido para pelear su estancia regular con visa U, para víctimas de violencia, porque el 10 de diciembre de 2022 dos hombres encapuchados y armados bajaron de un auto y los asaltaron mientras vendían tamales.
“Al ver que le apuntaban al pecho de mi padre, mi instinto fue protegerlo y traté de ahorcar a uno de los asaltantes”, recuerda Alejandro.
En el forcejeo, el fulano disparó y la bala le destrozó el fémur; ahora tiene una placa y un tubo de metal porque no pudieron reconectar el hueso.
Todo eso se lo recordó Alejandro a su padre cuando este se encontraba en su celda. Quería convencerlo de la manera de evitar la deportación, pero el otro desistió y firmó su salida voluntaria para salir de aquella prisión.
Sin ventanas, con la luz prendida de día y de noche, el aire acondicionado con frío al máximo y una dieta de atún y agua, la vida no vale nada, dijo el señor, doblado por tanta adversidad.
El proceso lo llevó de Indianápolis a Luisiana, luego a Tennessee, a Texas y finalmente llegó a la Ciudad de México un domingo por la mañana. De ahí fue a San Miguel, su pueblo.
“Ahora come mejor, se ve mejor de salud: regresó a casa con mi mamá”, informa Alejandro Aparicio, quien se quedó solo con el carrito ambulante.
Él y su padre habían sido equipo después de que el resto de los Aparicio volvieron a México años atrás.
“Lo peor es que no verá crecer a su nieto aquí”, lamenta antes de salir de SVAC hacia la calle, donde otros se ven como él: estadunidenses que ayudan a sus padres en el comercio ambulante porque a ellos no los van a deportar.
No muy lejos de ahí, en la 25, se apostó Donovan Acosta desde las 7:00 horas con doble chamarra y doble pantalón encima de ropa térmica, para la vendimia de tamales verdes con pollo frente a la oficinas del concejal por el Distrito 25 Byron Sigcho López.
“De vez en cuando me gusta ayudar a mis padres porque ellos han vendido aquí desde que mi abuela llegó a Estados Unidos”, afirma a MILENIO mientras entrega un envuelto a la diputada migrante Roselia Suárez.
Este diario puede dar fe de las delicias que salen de esa olla y de otras como la de Efraín Muñoz, un michoacano de 67 años, que instala su carrito de esquites frente a un restaurante y él sí que podría ser capturado por la migra pero… “No queda de otra”, dice sin más detalles y estira la mano con un vaso: “Tómalos, muchacha”, remata con la generosidad del que comparte lo que tiene, no lo que le sobra.
En la puerta de SVAC se encuentra Daniela Valladares, hija del mexicano Fausto Valladeres, sorprendido por la migra el 16 de octubre en la avenida 52 y Pulaski.
Ella es estudiante de Ciencias Biológicas, becada en la Universidad de Chicago, pero ha tenido que entrar al quite para vender tamales tras la detención de su padre y el miedo de su madre.
Al ser estadunidense y la hija mayor, Daniela, de 20 años, corre menos riesgos.
“También me encargo de llevar a mis hermanos menores [de 10, ocho y cinco años] a la escuela”, precisa en espera de que su padre sea liberado: a través de otra colecta en línea juntaron dinero para pagar a un abogado que luche por Fausto.
En la universidad, en esta ciudad, Daniela se ha sentido cobijada con profesores flexibles a su situación y compañeros dispuestos a “hacer lo que sea” para ayudarle. Lo valora, pero en el fondo sabe que es una lucha muy particular de su gente.
ksh
