M.- Las amenazas de exclusión de la iglesia, de separación de sus amigos o familia, o de supuesta condenación eterna, aun cuando no se hayan traducido en violencia física, son suficientes para probar la coacción que pudo haber sufrido una víctima en un caso de abuso sexual.
Así lo advirtió la jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, al desechar una de las mociones con las cuales el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, intentaba frenar el proceso penal federal abierto en su contra por múltiples cargos de crimen organizado, explotación sexual, trata, pornografía infantil y otros.
El razonamiento quedó plasmado en un memorándum en el que la jueza oficializó por escrito las razones por las que fueron desestimados los recursos defensivos con los que se pedía el desechamiento del caso. Además, se establecieron algunos lineamientos generales de cara al inminente juicio en contra de Naason en 2027.
Lo que los abogados de Naasón y de uno de sus familiares también procesados (Joram Joaquín) argumentaban es que la acusación del gobierno sobre las presiones verbales a las víctimas para que tuvieran encuentros sexuales con Naasón no estaba sustentada legalmente. Lo anterior, ya que, según su dicho, no era procedente catalogar como amenaza los dichos sobre una presunta condenación divina.
La respuesta de la jueza a ese razonamiento fue un categórico rechazo. Dijo que la ley estadunidense contempla daños no físicos, incluidos los psicológicos, y que a la luz de la norma sí se puede examinar en juicio si hubo un plan deliberado para hacer creer a alguien que sufriría un daño grave si se negaba a acceder a los encuentros.
El argumento
“La figura de daño grave que la ley refiere comprende expresamente el daño no físico y el psicológico (…) En todo caso, la acusación formal no se basa únicamente en amenazas de condenación eterna. También sostiene que abandonar la Iglesia significaba el fin de toda relación con familiares o amigos dentro de la Iglesia LLDM”, señaló la jueza.
Los abogados defensores también argumentaban que la “coacción espiritual” que se les imputa a sus clientes como mecanismo de presión a las víctimas obligaría al jurado del juicio a decidir si las enseñanzas de La Luz del Mundo son verdaderas o falsas, en violación de la Primera Enmienda constitucional.
Sin embargo, la jueza determinó que los integrantes del jurado sí pueden examinar el efecto de las amenazas alegadas sin pronunciarse sobre la validez de las creencias religiosas, sobre todo cuando los encuentros fueron videograbados con fines comerciales, como sostiene la acusación.
El punto por resolverse en el juicio es si la amenaza en cuestión habría sido suficientemente grave para obligar a una persona razonable, criada en la iglesia y que creyera en sus enseñanzas, a realizar un acto sexual comercial para evitar ese daño. La ley federal de trata sexual incluye el daño psicológico entre las formas de daño grave que pueden constituir coacción, aun sin maltrato físico de por medio.
Bajo ese mismo razonamiento, la jueza también desestimó la moción de la defensa respecto a que las valoraciones hechas por los fiscales violentaban disposiciones de la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa (RFRA), pues ponían en entredicho fundamentos religiosos de LLDM.
El punto toral, dijo la jueza, es que Naason y cualquier persona pueden enseñar su doctrina y ejercer como líderes religiosos mientras cumplen las disposiciones de la ley federal contra la trata. Corresponderá a la fase de juicio resolver si las pruebas que se presenten confirman si hubo un incumplimiento.
Batean a la madre
En el memorándum de la jueza también se confirma la decisión de desestimar la petición que hizo la madre de Naasón, Eva García de Joaquín, de que se le retiraran los cargos de crimen organizado, bajo el argumento técnico de que la fiscalía le imputaba conductas cometidas fuera de Estados Unidos ocurridas antes de 2008, cuando el Congreso aún no ampliaba la jurisdicción estadunidense para procesar cargos en esa circunstancia.
Aunque la jueza resolvió que era correcta la conclusión de la defensa de que no se le podía procesar por lo ocurrido previo a esa fecha, el cargo se mantuvo porque la fiscalía alega una sola conspiración que continuó hasta agosto de 2025, con actividades dentro de Estados Unidos y hechos posteriores a 2008.
Preska destacó el alojamiento de presuntas víctimas en Los Ángeles, su traslado a otros destinos estadunidenses y una imputación concreta de trata de la persona identificada como Víctima 6, en abril de 2017, en el Distrito Central de California, que menciona expresamente a Eva García.
Por esa misma razón, la jueza también desestimó la petición de que el caso de la señora se llevara en un proceso por separado al de su hijo y al de Joram. Lo que sí deberán probar los fiscales en juicio, delineó la jueza, es que la madre de Naasón conocía el objetivo delictivo general y se sumó deliberadamente al acuerdo. La ley permite acreditar ese acuerdo o conspiración sin demostrar que ella ejecutó personalmente los abusos de sus presuntos cómplices.
¿Qué sigue?
Luego de que la jueza Loretta Preska determinó desechar las tres mociones presentadas por la defensa, lo que sigue es continuar con los preparativos de cara a un juicio oral cuya fecha programada de inicio es el 29 de marzo del 2027.
Previo a esa fecha existe la posibilidad de que se lleve a cabo alguna audiencia, aunque de momento no esté calendarizada, si surgen conflictos relacionados con el descubrimiento o presentación de las pruebas.
También existe la posibilidad de que alguno o todos los procesados determinen cambiar su declaración de culpabilidad para evitar el juicio, aunque hasta el momento no se ha dado noticia o aviso de ninguna plática en esa dirección.
Mientras el asunto se resuelve en cualquier sentido, Naason y sus coacusados permanecen en prisión preventiva en el Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn, Nueva York.
ROA
