Los representantes legales de sobrevivientes y familiares de las personas fallecidas en el incendio ocurrido en marzo de 2023 en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, impugnaron la resolución judicial que dio por cumplidas las condiciones impuestas a Francisco Garduño, excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM).
Durante una conferencia de prensa virtual encabezada por la organización Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), los abogados informaron que presentaron un recurso de apelación contra la determinación emitida el 13 de octubre de 2026 por el juez Víctor Manlio Hernández Calderón, al considerar que no existen pruebas suficientes para acreditar el cumplimiento de las medidas impuestas al exfuncionario.
“El día de ayer interpusimos un recurso de apelación en contra de esta determinación reciente del 13 de octubre”, señaló Marco Zavala, quien sostuvo que la causa penal 237-2023 aún enfrenta recursos legales pendientes.
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El abogado explicó que el proceso contra Garduño se encuentra relacionado con una suspensión condicional autorizada el 24 de enero de 2025, mediante la cual el juez estableció siete condiciones que el excomisionado debía cumplir en un plazo de 18 meses.
Sin embargo, los representantes de las víctimas cuestionaron que se dieran por cumplidas esas medidas pese a los señalamientos sobre la falta de atención médica para sobrevivientes, las condiciones de la disculpa pública y las inspecciones de seguridad en instalaciones migratorias.
“Entonces, ¿cómo puedes tú tener, juez, por cumplida una condición donde las víctimas no tienen un acceso efectivo?”, dijo Miguel Centeno al referirse a la atención médica que, según expuso, no se ha materializado para algunas de las personas afectadas.
Por su parte, Gabriela Romero subrayó que, aunque existía un convenio para que las víctimas recibieran atención por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), algunas personas manifestaron durante la audiencia que no habían recibido ese servicio.
“Una cosa fueron las gestiones que realizamos y que enviamos solicitudes peticionando la atención médica, pero otra muy distinta el que se hubiera materializado esa atención”, explicó.
De igual manera, los abogados argumentaron que las condiciones impuestas debían centrarse en la reparación integral del daño y no únicamente en acreditar gestiones administrativas.
Asimismo, detallaron que permanecen pendientes diversos juicios de amparo relacionados con la representación de las víctimas, la atención médica y la garantía de intérpretes.
“Lo cierto es que el Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que hace a la suspensión condicional del proceso, no habla de un cumplimiento parcial, de lo cumplí parcialmente o lo cumplí a modo, habla de cumplir o no cumplir”, concluyó Miguel Centeno.
CHZ
