Los documentos recabados por los miembros de la Comisión Anticorrupción para investigar presuntas irregularidades en el proyecto del acueducto Monterrey VI, fueron turnados por el Congreso del Estado a la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León (PGJNL) para su revisión.
Por unanimidad de los presentes se determinó enviar a las autoridades estatales las pruebas entregadas por diversas organizaciones civiles, así como otros documentos que fueron solicitados por los diputados que integran la Comisión Anticorrupción.
Ángel Barroso Correa, presidente del grupo, destacó que el expediente de denuncia tendrá que ser revisado por las autoridades del Gobierno del Estado, a fin de determinar a los culpables, en caso de que sí se compruebe la existencia de irregularidades en el contrato del proyecto del acueducto.
"Con la intención de no quedarnos cruzados de brazos, integramos el expediente de forma fehaciente, lo robustecimos y lo que votamos por unanimidad era presentarlo ante el procurador, para que en el ejercicio de sus atribuciones de investigación de hacer justicia, tome consideración de este expediente", manifestó el legislador panista.
Aunque manifestó que el Congreso del Estado no puede determinar responsabilidad, Barroso Correa indicó que existen pruebas fehacientes en el expediente que fue turnado a la Procuraduría, a fin de que determine si éstas son válidas y castigar a los responsables.
"Nosotros no podemos determinar si son ilegales o no, lo que sí es que este expediente cuenta con pruebas, por lo cual no quisimos desecharlo, lo que nosotros estamos haciendo es integrar el expediente, fortaleciéndolo y entregándolo a la Procuraduría", apuntó.
Según las deducciones de los promoventes del expediente, lo que se deduce es que existe un presunto sobrecosto en el acueducto proyectado.
