A pesar de la exigencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de resolver el caso bajo criterios de perspectiva de género y anteponiendo el activismo de la víctima, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Trabajo del Décimo Tercer Circuito en Oaxaca decidió mantener en libertad al exasesor jurídico del municipio de Asunción Nochixtlán, Johan Matus, acusado por la Fiscalía de la entidad de estar involucrado en la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu Cruz.
La decisión fue emitida el 17 de julio y notificada a la familia de la víctima hasta el 22 de julio, día del asesinato del periodista Alejandro Leyva.
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El 9 de febrero, por unanimidad de votos, la SCJN determinó anular la absolución que había sido emitida a favor de Matus, quien en 2025 fue liberado por el mismo Tribunal Colegiado de la sentencia por la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu.
Con ocho votos a favor y la separación de la votación de la ministra Sara Irene Herrerías Guerra, quien conoció las investigaciones ministeriales, el resto de integrantes del tribunal supremo determinaron, aquel 9 de febrero, regresar el expediente al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito para que emitiera una nueva resolución en la que diera cabida a pruebas circunstanciales y tome en cuenta el perfil de la víctima, todavía desaparecida, en relación a su defensa de derechos humanos y a las pugnas que esa actividad la llevó a tener con personajes políticos de Asunción Nochixtlán, en la región de la Mixteca de Oaxaca.
Nuevo revés para la familia
A pesar de lo anterior, los integrantes del Tribunal resolvieron mantener su decisión de dejar en libertad al exasesor jurídico.
“Magistradas y magistrados invalidaron pruebas periciales e ignoraron la sentencia emitida por la Corte, lo que familiares de la actvivista calificaron como un nuevo revés a la justicia”, condenó la agrupación Servicios para una Educación Alternativa (Educa).
Ante este panorama, la familia Uruchurtu difundió un comunicado de prensa en el que rechazó la resolución del Tribunal Colegiado y denunció que esa práctica resulta común en el caso, debido a que los magistrados usaron la misma estrategia cuando determinaron liberar a la expresidenta municipal de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, también implicada en el caso.
En el documento, resaltó Educa, la familia Uruchurtu también denunció la intromisión del gobernador morenista Salomón Jara: “Todo el tiempo ha sido él, desde que era senador de la República y ahora como gobernador de Oaxaca, es evidente ahí ha estado su mano. ¿De qué de otra forma te lo explicas?”.
La familia denunció también que el Tribunal Colegiado ahora está culpando a la Fiscalía de Oaxaca de no haber hecho de manera correcta su trabajo, lo que “favorecería a los criminales que desaparecieron a mi hermana, quienes podrían quedar libres, como es el caso de Jhoan Ricardo Matus, a quien se le concede el amparo que había revocado la Corte”.
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Regresarán a la Suprema Corte
Asimismo, afirmó que interpondrán dos recursos más, que buscarían que de nueva cuenta la Suprema Corte.
La SCJN determinó anular la absolución emitida a favor del ex asesor jurídico de Asunción Nochixtlán, quien en 2025 fue liberado por el Tribunal Colegiado.
Los integrantes del tribunal supremo determinaron regresar el expediente al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito para que emitiera una nueva resolución, en la que dé cabida a pruebas circunstanciales y tome en cuenta el perfil de la víctima.
Al resolver el Amparo en Revisión 5887/2025, los ministros estimaron que el Tribunal Colegiado con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca,no cumplió con su obligación de juzgar el caso con un enfoque diferenciado mediante la aplicación de la perspectiva de género y la interseccionalidad.
Antes de ser liberado, Johan Ricardo había sido sentenciado a 50 años de prisión en segunda instancia en 2023.
La SCJN indicó que los representantes del Poder Judicial de la Federación no analizaron el contexto en el que se llevaron a cabo los hechos para identificar indicios que pudieran sugerir que existió violencia o una situación de vulnerabilidad contra la víctima, derivado de la situación que viven las mujeres defensoras de derechos.
Al exponer su proyecto,el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García indicó que la desaparición forzada es una de las formas más graves de violencia que afecta profundamente y de manera permanente, tanto a la víctima como a sus familias, “por lo que exige un análisis judicial más cuidadoso y especializado para evitar la impunidad”.
El documento aprobado subraya que debe tomarse en cuenta con un enfoque diferenciado la situación de vulnerabilidad de la víctima, al tratarse de una mujer defensora de los derechos humanos, quien enfrenta riesgos específicos por su género y labor.
“Las mujeres defensoras de derechos humanos que luchan en contra de la corrupción suelen ser blanco de agresiones no sólo por lo que hacen, sino por quiénes son, así como de formas diferentes y complejas de discriminación”, añadió el ponente.
Se destacó que el enfoque diferencial en casos de mujeres defensoras de derechos humanos puede verse materializado con la adopción de la perspectiva de género e interseccionalidad.
El proyecto ordenó revocar la sentencia impugnada y devolver el asunto al Tribunal Colegiado para que realice un escrutinio judicial especializado, con perspectiva de género e interseccionalidad y emita de esta manera una nueva decisión conforme a derecho.
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¿Cómo se desarrolló el caso?
Johan Ricardo, exconsejero Jurídico de Asunción Nochixtlán, salió en libertad en agosto de 2025 por resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, que interpretó que no existían elementos para encontrarlo legalmente responsable del delito de desaparición forzada.
El hombre, quien fungió como asesor jurídico de la administración de Lizbeth Victoria, salió en libertad ocho meses después de la hoy exalcaldesa, quien había sido señalada por la Fiscalía de Oaxaca como autora intelectual de los hechos.
Sin embargo, el Poder Judicial de Oaxaca decidió únicamente imputarla por obstrucción de las investigaciones y la sentenció a cuatro años de prisión.
En 2024, el Tribunal de Justicia de Oaxaca ordenó la reducción de la condena de Victoria Huerta y, con ello, pudo salir en libertad después de haber sido detenida en 2021.
Claudia Uruchurtu desapareció el 26 de marzo de 2021 luego de que había documentado y denunciado irregularidades en el gasto público de Nochixtlán.
Por aquellos hechos, permanecen presos y sentenciados a 45 años de prisión Nelci J. V. J. y Rolando A. B., además de Juan Antonio H. M., a 60 años.
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