Torreón fue el municipio que más quejas aportó a la estadística de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Coahuila con 25.3 por ciento de las mil 563 querellas interpuestas por la población.
Según el informe anual del organismo defensor, luego de la ciudad lagunera está Saltillo con un 21.9 por ciento, Piedras Negras con un 20 por ciento, Monclova con un 19 por ciento, Acuña con un 6.8 por ciento y Nueva Rosita con 6.2 por ciento.
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“Este procedimiento se activa principalmente a través de la denuncia o queja presentada por una persona afectada por presuntas violaciones a sus derechos humanos o por un representante autorizado. Las quejas pueden presentarse en cualquiera de las visitadurías regionales de la CDHEC, las cuales están plenamente legitimadas para recibirlas”, establece el documento.
En cuanto a las recomendaciones emitidas en 2024, el organismo defensor precisa que fueron 30 amonestaciones a diversas dependencias y entes gubernamentales.
De esa cantidad, el 32.2 por ciento fueron para policías municipales, 29 por ciento para la Fiscalía General del Estado, 22.5 por ciento para la Secretaría de Seguridad Pública, 6.4 por ciento para los ayuntamientos y sistemas de agua, además del 3.2 por ciento para la Secretaría de Salud y la dirección de Pensiones.
Derecho a la legalidad y seguridad jurídica, el más afectado
“Se observa que el derecho a la legalidad y seguridad jurídica es el más afectado, con un 40.6%, lo que indica una prevalencia significativa de violaciones en este ámbito”, refiere el informe en cuanto a las garantías individuales vulneradas.
Además, precisa que le sigue el derecho a la libertad personal, el derecho a la integridad y seguridad personal, derecho a la propiedad y posesión y derecho a la privacidad con 8.4 por ciento en cada uno de los casos, mientras que el derecho a la igualdad y trato digno se ubica con el 6.7 por ciento.
La Comisión Estatal reveló también que durante el último año inició 17 procedimientos de oficio, pues tuvo conocimiento de un acto u omisión por parte de autoridad o servidores públicos como amenaza a los derechos humanos.
aarp
