La situación jurídica de los 38 ex policías es compleja, pues por un lado la Constitución ampara su presunción de inocencia y derecho a la reinserción de inocencia, pero por otro les impide regresar a sus puestos en la Secretaría de Seguridad Pública municipal, explicó el primer visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, Humberto Vieyra Alamilla.
“Es una cuestión que se presta muy compleja porque se rompen varios principios de derechos humanos, pero con la decisión que se toma se respetan otros. “Lo que ocurren en México en torno a la delincuencia es una situación muy particular que no está ocurriendo en otras partes del mundo”.
La semana pasada, los ex uniformados fueron exonerados por un juez federal del delito de delincuencia organizada, por lo que exigieron ser reinstalados en sus antiguos puestos, situación que impide la propia Constitución.
“La misma Constitución que habla del principio de inocencia y del de reinserción social en el artículo 18, en el artículo 123 dice que quien haya sido cesado por cualquier motivo de las corporaciones policiacas no puede volver a entrar, tiene derecho a una indemnización pero no puede formar parte de una corporación”.
Vieyra Alamilla admitió una contradicción entre derechos humanos, pero esto se debe a que en el país hay una situación muy grave de inseguridad por lo que la prohibición de reintegrarlos es para salvar el derecho de toda la sociedad de tener una policía limpia de sospecha.
“Tienen el derecho de reclamo (su recontratación), pero por otro lado está la exigencia social que ha llegado al extremo de que las corporaciones policiacas se depuren, de que sirvan a la sociedad y no al crimen organizado. Hay un interés social de que las corporaciones respondan a la sociedad y que lo hagan a los derechos humanos colectivos de tener corporaciones confiables que nos protejan”, dijo.
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