La presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Vania Pérez Morales, junto con integrantes de algunos sistemas estatales anticorrupción y organizaciones de sociedad civil, pidió a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, separarse temporalmente de su cargo mientras se esclarecen las acusaciones contra su ex esposo, Carlos Torres, por presuntos vínculos con el narcotráfico y posibles actos de corrupción.
“Hacemos un llamado a la Gobernadora del Estado de Baja California para que solicite licencia y se separe temporalmente del cargo mientras la investigación se esclarece y se determina lo conducente por las autoridades competentes”, dice un posicionamiento hecho público esta noche en redes sociales por parte de la Red de Nacional de Comités de Participación Ciudadana.
“Esta solicitud no constituye una condena ni una afirmación de responsabilidad: es una medida prudencial orientada a proteger el interés público, sobre cualquier interés particular o personal”, añaden los firmantes.
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El documento fue firmado por integrantes de los sistemas estatales anticorrupción de Puebla, Durango, Chiapas, Sinaloa y Quintana Roo, así como por siete organizaciones de sociedad civil y otros activistas anticorrupción.
“Sustentamos este llamado en dos principios simples, que forman parte de las exigencias democráticas mínimas: el derecho de la población a vivir en un ambiente libre de corrupción, y el derecho a un buen gobierno”, argumentaron.
“Sin prejuzgar, sin imputar delitos y respetando plenamente la presunción de inocencia, consideramos que, por razones de integridad pública, gobernabilidad y confianza institucional, resulta indispensable tomar medidas preventivas cuando existe una investigación abierta que puede comprometer, por percepción o por interferencias, la legitimidad del ejercicio del poder”, dice el documento.
Por otra parte, exhortaron a las autoridades competentes para que conduzcan la investigación con celeridad, imparcialidad, rigor, legalidad y transparencia, garantizando el debido proceso.
“El país necesita certezas, no polarización; instituciones, no sospechas permanentes; gobernantes comprometidos, no proyectos personalistas. Lo que pedimos es una decisión responsable y temporal que contribuya a la gobernabilidad, a la confianza pública y al fortalecimiento del Estado de derecho en Baja California y México”, concluyeron.
El ex esposo de Ávila Olmeda, Carlos Torres, es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntamente pertenecer a una red de extorsión, tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero en Baja California, además de que supuestamente habría aceptado sobornos de 150 mil dólares mensuales para permitir que el cártel de Los Rusos, facción del Cártel de Sinaloa, pudiera operar en la entidad.
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