Tras más de once años de dilación judicial, este miércoles 25 de febrero fue sentenciado a 175 años y cinco meses de prisión Filiberto Hernández Martínez. La sentencia se le dicta por el feminicidio de tres de las cinco víctimas que confesó haber raptado, torturado y asesinado en el municipio de Tamuín, en la Huasteca potosina.
La resolución fue dictada desde Ciudad Valles por la jueza Rosa Elena Blanco Ríos, titular del Juzgado Penal del Sexto Distrito Judicial del Estado y del Juzgado Regional de Ejecución de Penas, quien otorgó valor probatorio a las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí y lo declaró culpable de feminicidio y feminicidio agravado.
La sentencia corresponde a los asesinatos de Eliehoenai Chávez Rivera, de 32 años; Itzel Romany Castillo Torres, de 11; y Dulce Jimena Reyes Hernández, de 9 años.
Durante la audiencia, familiares de las tres víctimas siguieron atentos el fallo entre llanto y abrazos, luego de más de una década de lucha jurídica marcada por retrasos procesales, omisiones institucionales y múltiples recursos legales promovidos por la defensa del ahora sentenciado.
Las familias fueron acompañadas en este largo proceso por la abogada Karla Michell Salas y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social, quienes impulsaron acciones legales para destrabar el procedimiento, incluido un amparo que permitió reactivar un recurso de apelación que permanecía sin integrarse al expediente desde 2020.
Filiberto Hernández fue detenido en julio de 2014 y desde entonces permanecía en prisión preventiva en un penal federal de máxima seguridad en Gómez Palacio, Durango. Tras su captura, reveló la ubicación de los cuerpos, que fueron encontrados entre sembradíos de caña. En la comunidad era conocido por impartir catecismo, dar clases de artes marciales y enseñar zumba.
La condena emitida este miércoles corresponde únicamente a tres de los cinco casos. Aún existen otros dos procesos penales en su contra por el secuestro y asesinato de Rosa María, de 15 años, y Adriana, de 13, los cuales continúan en distintas etapas judiciales.
Para las familias, la resolución representa un paso en su exigencia de justicia tras once años de incertidumbre y revictimización.
