Detrás del secuestro del alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, y de su padre, así como de la colocación de narcomantas con acusaciones en su contra, hay más de una década de consolidación criminal en la zona norte de Guerrero.
Autoridades federales confirmaron ayer que este grupo delictivo está detrás de los secuestros y que las mantas difundidas forman parte de la carpeta de investigación en curso.
Pero la operación de La Familia Michoacana en esa región comenzó años atrás.
Hacia 2013 y 2014, tras la fragmentación de grandes organizaciones criminales en 2011, el grupo inició un proceso de expansión desde Tierra Caliente hacia el norte de Guerrero, con el objetivo de controlar municipios estratégicos como Taxco, Teloloapan y Arcelia.
Ese periodo estuvo marcado por enfrentamientos constantes entre La Familia Michoacana y grupos rivales como Guerreros Unidos y remanentes de los Beltrán Leyva, en una disputa por rutas, cobro de extorsiones y control territorial, de acuerdo con las investigaciones de entonces.
Taxco y los municipios colindantes representan un corredor clave entre Guerrero y el Estado de México, zona que permite conectar rutas de trasiego, movilidad criminal y mercados ilícitos. Como ahora, desde ese entonces el grupo utilizó una de sus principales herramientas de presión: las narcomantas.
A lo largo de los años, estos mensajes han sido colocados en distintos puntos de Guerrero para amenazar a rivales, intimidar a autoridades locales y fijar posicionamientos públicos. En el caso de Taxco, las mantas han servido también para señalar presuntos vínculos de funcionarios con grupos antagónicos o para advertir sobre alianzas dentro del conflicto criminal.
Autoridades federales refieren que existen al menos dos mantas dirigidas contra el actual alcalde, una colocada en 2025 y otra en 2026, ambas integradas en las investigaciones federales.
Para el periodo de 2021 a 2024, informes de seguridad federal ya advertían un dominio significativo de La Familia Michoacana en Taxco y municipios cercanos, con influencia directa sobre corporaciones locales y actividades económicas.
Ese control derivó en una escalada de violencia que alcanzó su punto crítico a inicios de 2024, cuando ataques contra transportistas y enfrentamientos con el grupo criminal conocido como “Los Tlacos” paralizaron la ciudad.
Durante semanas, Taxco registró suspensión de transporte público, cierre de comercios y una disminución drástica de la actividad turística, en un escenario que autoridades locales y habitantes describieron como una “ciudad fantasma”.
La disputa con “Los Tlacos” evidenció que lo que significa el control de la zona. Ambos grupos buscan dominar un territorio que no sólo es relevante por su ubicación geográfica, sino también por las economías ilícitas que concentra, como la extorsión, el secuestro y el narcotráfico.
No obstante, La Familia Michoacana comenzó a afianzarse en Taxco, y hasta hoy, mantiene el control del territorio.
En el sur del Estado de México y norte de Guerrero, el mando de La Nueva Familia Michoacana es atribuido de manera consistente a los hermanos Johnny Hurtado Olascoaga, El Pez, y José Alfredo Hurtado Olascoaga, El Fresa, señalados por autoridades mexicanas y estadounidenses como co-líderes de la organización.
En Guerrero, la relación entre ediles y La Familia Michoacana ha oscilado entre el asedio directo y la violencia extrema. El antecedente más brutal ocurrió en San Miguel Totolapan en octubre de 2022, cuando un comando asesinó al alcalde Conrado Mendoza Almeda, a su padre —el exedil Juan Mendoza— y a decenas de personas más en plena cabecera municipal.
Días después circuló un video atribuido a El Fresa, en el que sostuvo que el ataque en realidad iba dirigido contra él, lo que colocó al alcalde en medio de una disputa armada entre el poder local y el mando criminal en Tierra Caliente.
Más allá de esa versión, el hecho confirmó hasta dónde puede llegar la presión del grupo sobre gobiernos municipales en Guerrero.
En el Estado de México, en cambio, además de víctimas aparecen ya casos judicializados de presunta colusión. El más claro es el de María Elena Martínez Robles, exalcaldesa de Amanalco, sentenciada en diciembre de 2025 a 70 años de prisión; la investigación de la FGJEM y la cobertura del caso la ubicaron dentro de la llamada Operación Enjambre y la vincularon con un integrante de un grupo criminal “con orígenes en Michoacán”, identificado como La Familia Michoacana.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos reiteró en abril de 2025 que El Pez y El Fresa encabezan al grupo criminal, mientras que el Departamento de Estado mantiene recompensas de hasta 5 millones de dólares por Johnny y 3 millones por José Alfredo. Desde 2022, además, el Tesoro ubicó a la organización con operación en municipios de Guerrero, Michoacán, Morelos y el Estado de México, es decir, el corredor mexiquense forma parte de su zona histórica de control.
No obstante, la organización opera con una red de lugartenientes, jefes de plaza y financieros que conectan Guerrero con el Estado de México, de acuerdo con las investigaciones en curso.
LG
