Jorge Luis Llaven, fiscal general de Chiapas, aseguró que una red de extorsión, que cobraba cuotas entre mil y 10 mil pesos a empresarios, locatarios y ganaderos, operaba desde la presidencia municipal de Cintalapa con la participación de grupos generadores de violencia en complicidad de servidores públicos.
¿Qué fue lo que ocurrió?
En entrevista para MILENIO Televisión con Luis Carlos Ortiz, el fiscal afirmó que hay pruebas sólidas que vinculan a la administración municipal de Ernesto 'N', recientemente detenido por su presunta vinculación con grupos criminales, así como también por cargos por ejercicio abusivo de funciones, abuso de autoridad, actos de corrupción y malversación de recursos públicos.
Precisó que, de manera paralela, las investigaciones derivaron en un operativo de gran escala que involucró a corporaciones de seguridad de los municipios de Cintalapa, Jiquipilas y Ocozocoautla, donde más de 150 policías municipales fueron sujetos a revisión; de ellos, 11 ya se encuentran judicializados por su presunta participación en estos hechos.
“La Fiscalía está haciendo investigaciones amplias y exhaustivas, para que en los próximos días podamos determinar o deslindar responsabilidades, respaldando el compromiso del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar de combatir la delincuencia, de no permitir la corrupción. No habrá tolerancia a ninguna conducta delictiva, y menos cuando estas son cometidas por servidores públicos”, aseveró.
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Investigación exhaustiva
Informó que, hasta el momento, el monto del daño patrimonial acreditado en la carpeta que dio origen a la detención del ex alcalde supera los 10 millones de pesos, aunque el fiscal advirtió que la cifra podría aumentar, ya que continúan las auditorías y aún se reciben denuncias.
Además, señaló que se abrió una investigación adicional contra posibles empresas “fachada” utilizadas para el lavado de dinero, con el objetivo de incautar bienes y propiedades adquiridas con recursos ilícitos.
Declaró que también se indaga si el alcalde utilizó recursos de procedencia ilícita o financiamiento de grupos criminales durante su más reciente campaña de reelección, y adelantó que las investigaciones se extenderán a otros municipios de la región.
Situación jurídica de detenidos
Respecto a la situación jurídica de los detenidos, informó que tanto el alcalde como la ex sindica Anayeli 'N', se encuentran dentro del término constitucional ampliado, y que la Fiscalía buscará obtener la vinculación a proceso para iniciar la etapa de investigación complementaria con miras a llevarlos a juicio y lograr una sentencia condenatoria.
Aseguró que en Cintalapa se ha reforzado la seguridad con el apoyo de la Defensa, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Fiscalía General de la República, y subrayó que no existe persecución política.
“Estamos investigando hechos y conductas delictivas. No habrá tolerancia a la corrupción ni a la complicidad con el crimen”, reiteró.
Asimismo, indicó que el Congreso del estado designará a un alcalde o alcaldesa sustituta para garantizar la gobernabilidad del municipio.
JCC
