Tras recibir negativas en resoluciones, detectar supuestos acuerdos entre fiscales y jueces para atender de acuerdo a la “línea de los de arriba” y alterar los partes de las investigaciones, abogados de personas que presuntamente participaron en actos vandálicos saqueando comercios el pasado 5 de enero, plantean exponer los casos ante el Congreso local.
Gregorio Martínez Rivera, defensa legal de dos jóvenes quienes presuntamente saquearon la tienda Merco, ubicada en el municipio de Apodaca, alegó que familiares de otras personas que han sido acusadas por el mismo delito cuentan con pruebas en donde fiscales y jueces se ponen de acuerdo en cada uno de los casos por supuestas órdenes del entonces procurador de Justicia, Roberto Flores, y el gobernador del Estado, Jaime Rodríguez Calderón.
“Lo que estoy pensando es hacer la denuncia formal en el Congreso, esta semana voy a pedir que se forme una Comisión de Investigación de todos los disturbios, abusos, tienen que turnarlo a la Comisión de Justicia y de Derechos Humanos, y ahí ya les voy aportando
pruebas.
“Hay testimonios de los familiares directos, hay una cosa, uno de los familiares (de los presuntos culpables) escuchó una conversación entre el juez de control y el fiscal, que le dijeron al defensor: ‘¡Ya sabes, no ofrecer pruebas ni nada, órdenes de arriba del procu y del góber!’”, dijo el defensor legal.
Comentó que de aceptarles una mesa de investigación en las Comisiones antes señaladas, podrán solicitar hasta la revocación de mandato del gobernador.
“Entonces debemos denunciar eso, para provocar que se inicie una investigación en la Comisión y si da lugar a aportar pruebas para todo eso, podría pegar hasta en la revocación e iniciar un proceso de revocación (para el gobernador)”, refirió.
Lo anterior se da luego de que este domingo se celebrara una audiencia en el Palacio de Justicia de Monterrey, en la cual le fueron negados a sus dos clientes, de 18 y 19 años, el cambio de medidas cautelares, ya que él pedía arraigo domiciliario y sacarlos de inmediato del penal del Topo Chico.
Dicha situación no pudo ser posible, luego de que el juez de control Francisco Ricardo Báez considerara que siguen siendo un riesgo para la tienda Merco de Apodaca, al tener sus domicilios a tres cuadras del negocio que presuntamente saquearon el 5 de enero.
Por tal motivo, en la siguiente audiencia que está próxima a desarrollarse el miércoles de esta semana, planteará al juez en turno que sus clientes sean sacados del penal y enviados a domicilios de familiares que vivan lejos del establecimiento.
Cabe resaltar que la vinculación que presentan todas las personas que presuntamente saquearon establecimientos es el de robo agravado y pandillerismo.
“Lo que uno tiene que acreditar es que ya cambiaron las circunstancias, que en este caso sigue un auto de vinculación por robo agravado y en pandillerismo, que eso se lo inventaron a todos como si pertenecieran a una pandilla, como si hicieran frecuentemente este tipo de actos”, subrayó.
El 5 de enero de este año se reportaron varios saqueos en diversos puntos del área metropolitana.
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