La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz solicitó al Congreso el desafuero de los presidentes municipales de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez; y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, ambos del partido Movimiento Ciudadano, que entraron en funciones el 1 de enero.
Aun cuando ni Fiscalía ni el Congreso local han dicho quiénes son los ediles a los que buscan desaforar y por los que solicitaron juicio de procedencia, fuentes del partido al que pertenecen los ediles confirmaron que son ellos dos y que ya fueron notificados.
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El alcalde de Ixhuatlán del Sureste está siendo relacionado con el homicidio de la comunicadora Roxana Guzmán, secuestrada el 2 de junio en su domicilio en Nanchital y hallada sin vida un mes después.
La Fiscalía de Veracruz supuestamente tenía un testigo que presuntamente escuchó al edil comunicarse con un líder criminal de la zona para indicarle que privara de la libertad a la comunicadora, bajo el argumento de que ella tenía en su poder una fotografía en la que el funcionario aparecía portando un arma larga.
Los alcaldes notificados tienen siete días hábiles de plazo que vencen el próximo martes para presentar su defensa por escrito o comparecer ante la Comisión Instructora, señaló la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Naomi Edith Gómez Santos.
“Entiendo que ya se les notificó y ahora tienen una temporalidad de siete días para que ellos respondan a lo que derecho corresponde y ya la instructora tendrá para determinar los siguientes días”.
Una vez vencido el plazo, la Comisión fijará la fecha para la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, a fin de continuar con la integración de los expedientes.
Tras analizar la documentación y argumentos, determinarán si existen elementos suficientes para avanzar con el procedimiento y, en su caso, emitir un dictamen que será turnado al Pleno del Congreso para su votación. La solicitud de desafuero contra dos ediles ya pasó a la comisión Instructora y de desafuero.
Naomi Edith Gómez Santos apuntó que de parte de ellos como legisladores había secrecía con los nombres, y cuando corresponda, una vez notificados, ya se sabrá o saldrán los mismos a la opinión pública.
“Estamos esperando que la instructora reciba la respuesta de estos ediles que están sujetos a este procedimiento”.
De acuerdo con la diputada morenista, solo la Comisión Instructora conoce los nombres de momento y, cuando recaben lo que los ediles o funcionarios en proceso de desafuero declaren, ahí se podrá dar la determinación o alegatos que corresponden.
“La comisión instructora hará un dictamen que el procedimiento requerirá que el procedimiento se agote ante el pleno, eso será de dominio público…El próximo martes ya se vence, ayer corrió el primer día, y el martes estaría cumpliéndose los 7 días que ellos tienen que responder”.
Por su parte, el diputado local Esteban Bautista informó que él no conoce el dictamen del Congreso de la Comisión de Gobernación y espera conocer el trabajo de la instructora, pero en todo momento pueden los funcionarios que están en procedimiento traer un abogado para defenderse.
La diputada de Movimiento Ciudadano Elena Córdova apuntó que esperan que no se trate de “una persecución por motivos políticos”.
Precisó que no defenderán a ediles si los mismos deben algo a la justicia.
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