La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo supera a entidades con mayores presupuestos y que ya cuentan con fiscalías constitucionalmente autónomas, entre ellas Puebla, Jalisco, Tamaulipas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Estado de México, Morelos y Tlaxcala de acuerdo con el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías (IEDF) 2026
El estudio elaborado por la organización ciudadana Impunidad Cero demuestra que la sola creación de una fiscalía autónoma o un mayor tamaño institucional no garantizan un mejor desempeño en la procuración de justicia. En la evaluación nacional el estado obtuvo 37.9 puntos, una posición intermedia que refleja avances importantes, pero también áreas de oportunidad para fortalecer la capacidad de investigación y la autonomía.
A pesar de mantenerse como Procuraduría General de Justicia y no haber concluido su transición hacia una fiscalía autónoma, la entidad logra mejores resultados que nueve estados que sí realizaron esa transformación constitucional.
Destaca en denuncias
El Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2026 coloca a Hidalgo por encima del promedio nacional en porcentaje de denuncias, aunque advierte que la transición hacia una fiscalía autónoma será determinante para fortalecer la independencia institucional y mejorar el acceso a la justicia.
La entidad registra una mayor disposición ciudadana para denunciar delitos que el promedio nacional, de acuerdo con el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías (IEDF) 2026, elaborado por la organización Impunidad Cero.
Mientras a nivel nacional únicamente el 9.6 por ciento de los delitos son denunciados, en la entidad la cifra alcanza 11.5 por ciento, un indicador que coloca a la Procuraduría por encima de la media nacional y que refleja una mayor interacción de la población con las instituciones encargadas de procurar justicia.
Ese dato adquiere mayor relevancia si se considera que la denuncia representa la puerta de entrada al sistema penal. Sin ella no existe investigación, no puede iniciarse un proceso judicial ni existe posibilidad de sancionar a los responsables de un delito. El propio estudio recuerda que las instituciones de procuración de justicia constituyen el primer eslabón de todo el sistema.
“Las instituciones de procuración de justicia constituyen los primeros eslabones del proceso penal y pueden ser el principal cuello de botella para que los casos se investiguen y se esclarezcan: ahí radica la importancia de evaluarlas. Su capacidad técnica y autonomía efectiva son clave para que los casos puedan ser llevados ante un juez, se pruebe la responsabilidad de los presuntos responsables, se garantice la reparación integral del daño a las víctimas o incluso se resuelvan en etapas tempranas mediante algún medio alternativo de solución de conflictos", señala.
Lejos de limitarse a elaborar un ranking, el IEDF 2026 analiza la capacidad instalada de las instituciones, la forma en que administran sus cargas de trabajo y, sobre todo, los resultados que generan para las víctimas. Bajo esa metodología, Hidalgo aparece en una posición intermedia, con fortalezas que le permiten superar a entidades con mayor presupuesto y estructuras más amplias.
El documento también identifica avances en materia de digitalización y capacidad operativa, además de un desempeño favorable en algunos indicadores relacionados con la atención de denuncias. Estos elementos contribuyen a explicar por qué la entidad logra colocarse por encima del promedio nacional en uno de los indicadores más importantes del sistema de justicia.
Capacidad institucional
El estudio rompe con una idea ampliamente extendida: incrementar recursos no garantiza automáticamente mejores resultados. Así, el desempeño depende de una combinación de organización institucional, capacitación del personal, inversión tecnológica y modelos eficientes de gestión de casos.
Las entrevistas realizadas por los investigadores al personal ministerial respaldan esa conclusión. “Confirman, desde la experiencia cotidiana, lo que los indicadores del IEDF revelan en cifras: las fiscalías enfrentan una brecha estructural que abarca desde la escasez de recursos físicos hasta la ausencia de herramientas para investigar delitos digitales".
Sin embargo, el propio personal también reconoce que las inversiones generan resultados tangibles. "Al mismo tiempo evidencian que, donde existe inversión en tecnología, capacitación y modelos de gestión eficientes, el personal lo reconoce y lo traduce en mejores resultados".
La investigación sostiene que esas condiciones permiten reducir tiempos de atención, mejorar la coordinación interna y aumentar la capacidad para integrar investigaciones, factores que terminan reflejándose en los indicadores de desempeño institucional. Precisamente por ello, el IEDF 2026 incorpora por primera vez un elemento que había permanecido prácticamente fuera de las evaluaciones nacionales: la autonomía de instituciones encargadas de procurar justicia.
Nuevo desafío
El principal aporte del Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías (IEDF) 2026 no está en la clasificación de las entidades, sino en la incorporación de una evaluación específica sobre la autonomía de las instituciones encargadas de investigar los delitos. Hasta ahora, los diagnósticos se concentraban en medir presupuesto, número de agentes o volumen de carpetas de investigación. En esta edición, Impunidad Cero plantea una pregunta distinta: qué tan independientes son realmente las procuradurías y fiscalías frente al poder político.
"La autonomía, entendida como el grado de independencia de las fiscalías respecto del Poder Ejecutivo estatal, es una condición estructural que puede facilitar o limitar su capacidad para investigar y perseguir delitos. Para complementar el análisis cuantitativo del IEDF, desarrollamos una evaluación categórica de la autonomía de las 32 fiscalías y procuradurías estatales que sirve como segunda capa de análisis".
El estudio explica que la sola existencia de una reforma constitucional no garantiza que las investigaciones puedan desarrollarse sin presiones externas. "Este análisis busca evaluar el grado de independencia con que operan las instituciones de procuración de justicia en las entidades federativas, más allá de la declaración constitucional de autonomía... el proceso de selección, aunque fundamental, no garantiza la independencia efectiva".
Para medir esa independencia se evaluaron tres aspectos: el procedimiento de designación del titular, los mecanismos para removerlo y la estabilidad real en el cargo. La intención fue identificar qué tan protegidas están las instituciones frente a la injerencia política y no únicamente revisar el contenido de las leyes.
En ese apartado, Hidalgo aparece como una de las dos entidades que aún conservan el modelo de procuraduría. "Finalmente, Baja California Sur e Hidalgo, al mantener procuradurías, obtienen un puntaje de 0 %". El documento precisa que en el estado ya existe un proceso institucional para concretar la transición. "Hidalgo, a pesar de que existe una Comisión Interinstitucional de Transición, no se ha consolidado la transición; se prevé hasta 2028".
Más allá del nombre
El estudio advierte que transformar una procuraduría constituye el primer paso. La verdadera autonomía depende de que el titular pueda ejercer el cargo sin presiones políticas. "El verdadero blindaje de una fiscalía autónoma no es cómo entra su titular, sino qué tan difícil es removerlo".
De igual manera, investigadores sostienen que en buena parte del país los mecanismos de remoción continúan concentrando un amplio margen de decisión en los poderes políticos. “En contraste, la mayoría de los estados concentra la práctica de remoción a cargo del Ejecutivo y deja al fiscal en una posición de vulnerabilidad política constante".
No obstante, el documento también evita presentar la autonomía como una solución automática. "El análisis de autonomía del Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías 2026 revela que la autonomía formal no garantiza mejor desempeño, pero su ausencia facilita la injerencia de actores políticos".
