Las primeras denuncias que dieron pie a la investigación por una presunta red de extorsión desde la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la entidad, apuntan a siete verificentros, presuntamente obligados a entregar cuotas para seguir operando.
Mientras que las indagatorias de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) también identificaron otro frente, la posible intención de los involucrados de quedarse con la operación de otros cinco mediante modificaciones a sus concesiones.
Los siete verificentros forman parte de las primeras denuncias documentadas, por lo que la Fiscalía todavía debe establecer cuántos concesionarios y establecimientos más pudieron ser afectados por este esquema.
Sedes de los centros
De acuerdo con el Poder Judicial estatal, los centros señalados en estas investigaciones se encuentran en Ixtapaluca, Coacalco, Naucalpan, La Paz, Toluca y Tultitlán, donde en uno de estos municipios habría más de un establecimiento relacionado con la denuncia.
La información aportada a la investigación durante la última audiencia judicial, en noviembre de 2023, indica que Raúl “N”, quien entonces se desempeñaba como director general de Control de Emisiones Atmosféricas, presuntamente exigió, mediante un tercero, el pago de una cuota mensual por los siete verificentros.
La condición, de acuerdo con la imputación, era permitirles continuar con sus actividades; en caso de negarse, los concesionarios habrían enfrentado mecanismos de presión, como desactivación del sistema de verificación, negativa de revalidación de funcionamiento o el cierre de los establecimientos.
Además, restricciones para obtener hologramas y exigencias económicas por el número de verificaciones y líneas de operación.
El expediente también refiere que, en diciembre del 2023, Raúl “N”, al parecer, convocó a propietarios, representantes y administradores de verificentros a una reunión en un restaurante de Ciudad de México, donde presuntamente planteó el pago de 200 mil pesos mensuales por cada establecimiento.
Posteriormente, las exigencias habrían incluido un supuesto pago “retroactivo” de 162 mil 500 pesos por cada verificentro.
Segunda vertiente
Sin embargo, las indagatorias no se limitan a las empresas que habrían sido víctimas de las cuotas. La Fiscalía identificó una segunda vertiente del esquema: el intento de quedarse con la operación de otros centros modificando concesiones.
De acuerdo con la FGJEM, algunos concesionarios habrían sido presionados para ceder porcentajes de sus empresas, mientras que los involucrados al parecer obstaculizaron la revalidación y ocultaron información sobre los periodos para realizar los trámites.
La investigación señala que, una vez obtenidas las concesiones, estas podían ser expedidas por periodos variables de seis a 12 meses.
Como parte de esta línea, entre el 10 y el 14 de agosto la Fiscalía aseguró cinco Centros de Verificación Vehicular que, de acuerdo con la investigación, estarían relacionados con establecimientos que comenzarían a operar bajo administraciones afines a los involucrados. Dos se encuentran en Nezahualcóyotl y uno en Almoloya de Juárez, Coacalco y Tlalnepantla, respectivamente.
Estos cinco no corresponden a los siete señalados. Se trata de otra vertiente de la investigación, relacionada con la posible apropiación o control de locales mediante modificaciones a las concesiones.
La Fiscalía también investiga si existen más verificentros afectados. El estado cuenta con 163 centros y 878 líneas de operación, por lo que la propia autoridad advirtió que todavía debe determinarse el alcance del esquema.
Entre las exigencias, destaca una que habría sido planteada en marzo de 2026, que sería de 500 mil pesos por cada línea de verificación para cubrir revalidaciones autorizadas desde 2024. Con las 878 líneas que actualmente operan en la entidad, la Fiscalía estableció que esa exigencia habría representado una pretensión de más de 430 millones de pesos adicionales a las cuotas mensuales y otros pagos impuestos.
Raúl “N” y Carlos Eduardo “N” fueron detenidos el 10 de agosto y posteriormente vinculados a proceso; al primero se le atribuye el delito de extorsión agravada y al segundo, abuso de autoridad. Ambos ahora en prisión preventiva justificada.
Sin embargo, la investigación continúa. Las siete empresas señaladas en las primeras denuncias representan solo una parte de los posibles afectados, mientras la Fiscalía busca establecer cuántos verificentros fueron sometidos a las presuntas cuotas, cuántos enfrentaron obstáculos para operar y hasta dónde llegó el intento de controlar establecimientos mediante concesiones modificadas.
