De manera unánime, el Pleno del Congreso local ordenó que se realice una auditoría integral a las finanzas de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), con la intención de revisar el gasto que rector de la institución, Javier Saldaña Almazán realiza en la difusión de su imagen personal y en la compra de vehículos de lujo para el uso oficial de sus funcionarios.
También, los diputados locales consideraron pertinente iniciar una investigación respecto al donativo por tres millones de pesos que el gobierno estatal otorgó a la fundación UAGro el pasado 7 de diciembre, ya que puede contener los elementos necesarios para configurar un delito.
La propuesta de revisar el manejo de las finanzas en la administración pública estatal fue plenteada por el Comité de Vigilancia de la Auditoría General del Estado (AGE), integrada por los diputados Germán Farías Silvestre (presidente), Alicia Zamora Villalba (secretaria), y Arturo Álvarez Angli, Marcos Efrén Parra Gómez y Mario Ramos del Carmen.
En la fundamentación del planteamiento, los legisladores recordaron que la Constitución General de la República en su artículo 134, párrafo octavo indica que "La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social.
"En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público."
Después invocan la Constitución Política del Estado en su artículo 191 para establecer quienes son considerados como servidores públicos en Guerrero, siendo estos los representantes de elección popular, los funcionarios, empleados y, en general, "toda persona que con independencia de su jerarquía o adscripción desempeñe un empleo, cargo o comisión dentro de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los Ayuntamientos, los Órganos Autónomos y los Órganos con Autonomía Técnica".
Ellos, de acuerdo a la Constitución tienen prohibida la difusión de propaganda o la realización de actos de promoción personalizada que incluya su nombre, imagen, voz o símbolos.
Se indica que la propaganda gubernamental deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social".
Bajo dicha circunstancia, la Constitución Política del Estado en su artículo 190 reconoce a la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) como la máxima institución de educación superior y de posgrado en el Estado, por lo que garantiza su autonomía y su facultad para gobernarse de conformidad con lo dispuesto por esta Constitución, su ley orgánica, estatutos y reglamentos.
El Congreso tiene la obligación de asignarle presupuesto suficiente para desempeñar su función, nunca podrá ser menor al ejercido el año inmediato anterior.
Y se anota que el manejo del presupuesto asignado a la UAGro, los recursos extraordinarios y los bienes, tangibles e intangibles, que conforman su patrimonio serán debidamente fiscalizados financieramente, por lo tanto las autoridades universitarias deberán rendir cuentas periódicamente.
Para los diputados del Comité de Vigilancia de la AGE, es evidente que a través de diversos medios de comunicación, tanto impresos como electrónicos, el rector de la UAGro, Javier Saldaña Almazán ha realizado gastos desmedidos en cuanto al pago de publicidad impresa, "lo que se observa en la contratación de espectaculares y spots de promoción, en la cual, resulta notoria la promoción de su nombre e imagen, contraviniendo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero".
Indican que es del conocimiento público en Guerrero, el gasto excesivo aplicado en la compra de una gran cantidad de automóviles y camionetas de lujo para darlos como vehículos oficiales a los funcionarios de la administración central.
Señalan que el pasado 7 de diciembre, el gobernador interino, Rogelio Ortega Martínez y el secretario de Turismo, Sergio Salmerón Manzanares entregaron al rector Saldaña Almazán un donativo por tres millones de pesos destinados a la Fundación UAGro.
Dicha donación, de acuerdo a los representantes populares carece de legalidad "y podría configurar como un delito de carácter penal, en virtud de que dichos servidores públicos (el gobernador interino y el secretario de turismo) no cuentan con atribuciones que les permita manejar los recursos públicos fuera de lo establecido en el Decreto Número 438 del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2014".
De ahí surge el planteamiento en el sentido de instruir a la Auditoria General del Estado el inicio de una auditoria a la Secretaría de Fomento Turístico del Estado, para que se investigue lo relacionado con el uso y destino del donativo de tres millones de pesos a la fundación UAGro.
Por eso, los integrantes del Poder Legislativo solicitaron que la AGE inicie una auditoría económico-financiera integral, de recursos federales, estatales e ingresos propios a la máxima casa de estudios en los capítulos de servicios personales y gastos de operación.
En la investigación se deberán incluir las partidas de comunicación social y la compra de vehículos para el uso oficial de sus funcionarios.
La propuesta se aprobó por la vía de la unanimidad.
