A nueve años de la represión en la comunidad de Arantepacua, el pueblo de Nahuatzen consideró que las órdenes de aprehensión en contra del ex gobernador Silvano Aureoles Conejo y otras 14 personas más son apenas el inicio para saldar una deuda histórica con las víctimas.
En conferencia de prensa, el Consejo Comunal celebró la decisión de las autoridades de girar estos mandamientos judiciales, que también se extendieron al entonces secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, y otros 14 policías estatales.
Consideraron que lo anterior es un logro de su lucha, donde se le hizo frente a la "dilatación" del proceso que se tuvo en los tiempos de Adrián López Solís como fiscal general de Michoacán.
"Es el inicio para romper una etapa de impunidad", insistieron.
Comuneros no permitirán ningún acto de impunidad
La comunidad de Arantepacua exigió que las órdenes de aprehensión se cumplimenten, ofreciendo incluso su colaboración para dar con el paradero de los presuntos responsables. Asimismo, al Poder Judicial le pidieron sentencias firmes y no aceptar amparos que protejan a los presuntos fugitivos.
Advirtieron que no van a permitir cualquier acto de simulación, sobre todo en lo que respecta también a la reparación del daño que —dijeron— es otra cuenta pendiente por la autoridad estatal con las familias de los cuatro fallecidos por aquella represión, entre ellos un menor de edad, las diez personas víctimas de tortura y 48 detenidos.
¿Cuáles son los cargos en contra de Silvano Aureoles Conejo?
El fiscal general de Justicia de Michoacán, Carlos Torres Piña, confirmó a MILENIO que por el caso existen 16 mandamientos judiciales por diversos delitos como tortura, abuso de autoridad, homicidio calificado y homicidio extrajudicial.
En el caso del ex mandatario estatal, la orden de captura responde a una investigación por homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura, derivada de la acción cometida el 5 de abril de 2017 contra habitantes del poblado Arantepacua, en Nahuatzen.
PNMO
