En Oaxaca, nueve mil indígenas han sido víctimas de destierros y desplazamiento comunitario interno en 23 conflictos sociales y agrario, de los cuales hay 156 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la ONU para lograr su retorno seguro a las comunidades de origen.
Tan solo en la región triqui ha ocurrido la mitad de estos desplazados, entre ellos, los habitantes de San Juan Cópala, quienes fueron desterrados por una disputa interétnica entre organizaciones sociales rivales que se disputan dicho territorio.
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Elfego Reyes, representante del denominado Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), afirmó que desde los años ochenta a la fecha, hay más de siete mil personas víctimas de desplazamiento forzado.
El último caso ocurrió en 2010, con los pueblos de San Juan Copala y San Miguel Copala, que fueron objeto de violencia ejercida por paramilitares, lo que causó desplazamientos forzados masivos a la Ciudad de Oaxaca.
Actualmente, las víctimas se encuentran en refugios y con medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Un segundo caso se reportó en 2020, con la comunidad de Tierra Blanca Copala, donde “una vez más el pueblo triqui tuvo que abandonar sus hogares, dejando atrás, no sólo tierras y casas, sino también sueños, costumbres y vidas truncadas por el abandono del Estado”.
En 2019, se reportó el desplazamiento forzado de 32 familias de San Esteban Atatlahuca por la disputa y explotación de un bosque: en este caso, hay una activista desaparecida, Irma Galindo Barrios, cuyo paradero se desconoce desde 2021.
En dicha zona, una niña desplazada de origen mixteco, de 3 años de edad, falleció a causa de diarrea y desnutrición por la falta de médicos y alimentos, denunció el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI).
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De acuerdo con Maurilio Santiago Reyes, defensor y director del CEDHAPI, la menor murió en el Hospital Rural IMSS-Bienestar de Tlaxiaco, ubicado a tres horas de distancia, porque en la zona donde se encuentran refugiados, que es la iglesia principal, no hay médicos ni alimentos.
“Esta menor perdió la vida por la pobreza y la marginación, ¿cuántas muertes más vamos a tener para que las autoridades actúen? Esto es realmente preocupante, porque hay muchos menores desplazados, algunos allá en la montaña y otros en Tlaxiaco. No sé qué va a pasar, los están dejando solos, sin casa, sin salud ni alimentación”, refirió.
Oaxaca, con grandes índices de desplazamiento interno forzado
Desde octubre de 2021, sus familiares y otras 300 familias de las comunidades de Ndoyonuyuji y Guerrero Grande, pertenecientes a Atatlahuca, Oaxaca, viven desplazamiento forzado por la violencia y defensa del bosque, que ocasionó la quema de 100 viviendas, según consta la carpeta de investigación 35007/FMUX/TLAXIACO/2021.
De acuerdo con datos de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), entre 2010 y 2023 se iniciaron 156 expedientes de queja, así como de cuadernos de antecedentes por desplazamiento interno.
En ese sentido, Flor Estela Morales Hernández, coordinadora para la Atención de los Derechos Humanos del Ejecutivo (CADH), señaló que Oaxaca es uno de los estados con mayor número de casos por desplazamiento interno forzado.
El CADH tiene documentados 23 casos que ocurrieron en los sexenios de Alejandro Murat, Ulises Ruiz y Gabino Cue, y las principales causas fueron la violencia generada por conflictos agrarios, políticos y sociales.
¿Cómo se castiga este delito?
En Oaxaca, ya se sanciona y castiga el desplazamiento forzado como un delito grave, con 40 años de cárcel sin derecho de fianza.
El estado acaba de lograr el primer caso de éxito con el retorno de 63 familias desplazadas del municipio de San Juan Juquila Mixe, por un disputa agraria por 44 hectáreas de bosques.
El conflicto dejó un estela de odios y al menos 30 crímenes, además de 78 familias desplazadas, de las cuales el gobierno de Oaxaca logró, mediante la política de reconciliación, retornar a la mayoría de victimas en diversas partes del mundo
El caso fue visto con óptimos por la ONU, que ahora buscará replicar el caso de Oaxaca para darle solución definitiva a 90 conflictos reportados en Colombia, El Salvador, Marruecos, Belice, Haití y Costa Rica.
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