Sobrevivientes de la mina El Pinabete, en Coahuila, se dicen ignorados a tres años y medio de la tragedia que dejó como saldo diez de sus compañeros muertos y relatan el viacrucis que han atravesado en este tiempo con un patrón invisible, una indemnización parcial que no ha llegado y un gobierno federal que los ignora frente a las necesidades más apremiantes y una salud mental vulnerable por la que ninguna empresa los quiere contratar.
En tanto, unas 30 familias que viven cerca del polígono de las excavaciones de la mina ejecutadas por Comisión Federal de Electricidad para el rescate de los mineros atrapados, han resentido el deterioro de sus fincas por los asentamientos a causa de los trabajos, sin que la dependencia responsable de los contratos del carbón extraído ahi, como de ninguna otra instancia federal, les resuelva en su petición de reparar sus viviendas.
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Héctor Javier Díaz Esquivel, uno de los cinco sobrevivientes de esa tragedia del 3 de agosto del 2022, comenta con tristeza cómo es que ha llegado a pensar pensar que valía más muerto que vivo, ya que desde entonces no ha tenido paz, no recibe del IMSS el tratamiento ofrecido, no ve con certeza la posibilidad de obtener una indemnización aunque sea parcial y tampoco el interés de empresas en contratarlo por el expediente clínico que señala problemas neurológicos.
Señala que determinados meses les hacen evaluación en el Hospital de Ciudad Acuña, en tanto que en la clínica de Nueva Rosita de plano les quieren retirar el servicio, sobre todo aquello que tiene que ver con la evaluación neurológica como de las afectaciones que sufrieron en los pulmones tras el derrumbe e inundación de la mina donde estaban trabajando, sufriendo además golpes severos en la cabeza.
Precisa que en vano han sido las idas a Ciudad de México en Palacio Nacional, lo mismo que la entrevista que sostuvieron el año pasado con el senador del PT, Gerardo Fernández Noroña, quien les ofreció que en menos de dos meses se resolvería su petición de obtener una indemnización y es fecha que no hay respuesta, en tanto que la última vez que visitó la región la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le entregaron un escrito suplicando la atención a sus casos de manera personal para que la CFE como patrón solidario resolviera y simplemente les dieron el trámite burocrático de siempre: les contestaron dos meses después de la Oficina de Atención Ciudadana.
Señala que hay mucha confusión y manoseo en todo el proceso, ya que mientras tienen un dictamen psiquiátrico que tendrían que mantenerse en observación mínimo 5 años, un médico de la Fiscalía General del Estado de Coahuila les refirió que los daños psicológicos serían mínimos y que no era necesario tanto tiempo.
Recuerda que la misma situación han atravesado sus otros cuatro compañeros sobrevivientes de la tragedia que conmocionó al estado y a México con el derrumbe e inundación de la mina de carbón El Pinabete, como son Fidencio Sillas, Fernando Pompa, Raymundo Tijerina y Alfredo Sánchez.
Desde entonces, dice que nadie se atreve a contratarlos en una empresa formal, por lo que tienen que sobrevivir en trabajos temporales como albañiles, pues al momento que les hacen la evaluación médica y enterarse de lo que pasaron, donde unos aparecen con deficiencia de pulmón, otros con problemas neurológicos y unos más con emocionales o psicológicos, no se atreven a contratarlos por temor a que sufran un accidente de trabajo.
Sostiene que uno de los problemas aquí es que el aparente dueño o propietario de la mina es un prestanombres Christian Solís Arriaga, fue un chivo expiatorio, a quien detuvieron y lo mantienen preso, pero era dominio popular que los auténticos patrones eran Regulo Zapata y José Feliciano “Chano” Díaz Ibarren, este último actual Presidente Municipal de Sabinas, Coahuila, por el Partido Verde Ecologista de México.
Menciona que la influencia política de los auténticos dueños de La Mina, ha hecho que el proceso burocrático ante el IMSS para alcanzar una indemnización parcial sea muy tortuoso, pues “le mueven con algunas recomendaciones para no moverle”, comenzando que su alta ante el Seguro Social no estaba en la Mina El Pinabete, sino en otra empresa fantasma desde el 2019 y eso ha dificultado aún más las cosas.
“Nadie sabe porque estamos vivos. Estuvimos enterrados bajo 40 metros entre agua y rocas, donde gracias a una burbuja de aire fue la que nos expulsó hacia la superficie con golpes y agua en los pulmones y pudimos salir…a veces lo recuerda y a veces lloramos, porque no lo podemos creer que estemos vivos”, dice en entrevista telefónica.
Casas a punto del colapso y CFE los ignora
José Luis Osoria Guajardo, vocero y representante de unos 30 vecinos de la colonia Nueva, en la comunidad de Agujita, en el municipio de Sabinas, cuyas viviendas están aledañas al proceso de excavación de la Mina El Pinabete, acusó a la Comisión Federal de Electricidad de ser omisa al ignorar sus peticiones para la reparación de sus casas que han resultados severamente afectadas.
Comenta que no están pidiendo millones, ni tampoco cayendo en un exceso o abuso de pedir casas nuevas, simplemente de que se les ayude con la reparación de sus casas cuyo daño estructural ha sido documentado con material gráfico y de video; sin embargo, nulos han sido los intentos cuando lo único que les dan es “bolita” al enviarlos de una dependencia a otra.
Dice que la última vez que acudió la Presidenta Claudia Shienbaum a la región el pasado 16 de mayo a visitar a los familiares de Pasta de Conchos, fue abordada por una comisión de vecinos afectados que le señalaron la forma en que la CFE los ha ignorado, comprometiéndose a ver el caso y le pasó la carpeta a su asistente. A los dos meses, añade, recibió respuesta, pero lamentablemente los canalizó de nueva cuenta con la paraestatal, hecho que les resultó irónico cuando es la tercera vez que esta los rechaza, concluyendo que estaban dando vueltas en círculo.
Osoria Guajardo precisa que son 30 folders correspondientes a igual número de copias de escrituras de las propiedades que han sido catalogadas con daños diversos de menores a graves en su estructura desde que empezaron las excavaciones para dar con los cuerpos de los diez mineros que murieron atrapados el 3 de agosto del 2022. La distancia entre la colonia Nueva y lo que fue la Mina El Pinabete es de tres minutos caminando.
Explica que en este proceso estuvieron sacando mucha agua de los pozos o minas y eso provocó al tiempo severos asentamientos en el subsuelo, ya que en lo subterráneo había muchos cañones de minas viejas, por lo que al secarse se colapsaron, a lo que se agregan las explosiones posteriores para extraer material y con ello el rescate de los cuerpos, pero también vinieron los daños a sus casas.
“En el grado de afectaciones, van desde fisuras en las paredes, cuarteaduras en las bardas y hasta cuartos que amenazan con venirse abajo, la CFE ha dicho que se hicieron estudios casa por casa, pero eso es totalmente falso”, añade.
Rechaza que se pretenda abusar de la situación, ya que incluso lo que han pedido es que sea la misma CFE quien les repare los daños y en última instancia que les brinde 50 mil pesos por vivienda o los materiales que pueden ser bultos de cemento, varilla, ladrillos y otros, pero ni así se logran sensibilizar, por lo que muy lejos están de ser el gobierno humanista que tanto pregonan desde un recinto en Palacio Nacional.
“Aquí tenemos escrituras, tenemos pago del Impuesto Predial, tenemos todo, no estamos asentados irregularmente; estamos haciendo una petición legal y pacífica, pero solo hemos sido ignorados desde la CFE hasta Presidencia de la República”, concluyó.
dahh.
