A partir de este jueves, nadie necesitará presentar una identificación para comprar un boleto o abordar un autobús.
Por ello, Lorena Cano celebró que esta resolución es satisfactoria para el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), así como relevante para todo el país, ya que se vuelve a generar un cambio en el paradigma, al reconocer el derecho de las personas a la no discriminación, a la igualdad y a “utilizar estos autotransportes, aun si no cuentan con documentación migratoria”.
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Aseguró que, además de ser un tema sustancial para México, es importante para la reforma judicial reciente, “porque esta sentencia tiene un efecto general para toda la población en situación de vulnerabilidad, como es la población en movilidad humana”, declaró.
La coordinadora jurídica de IMUMI aclaró que mantienen comunicación con la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT), con quienes, a pesar de tener opiniones distintas respecto al protocolo de seguridad para reducir los casos de robo que incluían la identificación de los pasajeros, aceptaron que la documentación “no tiene relación con la inseguridad”, porque solo sirve como reconocimiento al derecho de igualdad para las personas migrantes.
Destacó que “esta sentencia es una sentencia firme, ya no es apelable, ya no se exige una identificación para poder comprar un boleto de autobús”.
Lorena Padilla dijo que uno de los efectos de esta sentencia es la accesibilidad para denunciar cuando se solicite documentación de identidad migratoria, pidiendo que, de ser necesario se denuncie a la IMUMI para dar cumplimiento a las demandas:
“nos serviría mucho que nos ayuden a denunciar incumplimientos para nosotros poder exigir pues que la sentencia no se quede solamente en el papel, se tenga un efecto en la población de manera inmediata”.
La coordinadora de la Clínica Jurídica del IMUMI, Lorena Cano, detalló que se solicitó la invalidación de la declaración del Instituto Nacional de Migración (INM) a las empresas de autobuses, por la violación del articulo 11 constitucional al solicitar documentos a los migrantes en las terminales de autobuses, generando que las personas migrantes se expongan a trayectos riesgos al no presentar identificación.
En entrevista para MILENIO Televisión con Víctor Martínez y Pamela Longoria, la coordinadora declaró que desde 2019 comenzaron a notar que las personas migrantes ya no tenían acceso a la compra de boletos de autobuses para viajar dentro del país, y si estos llegaban a abordar, “los dejaban en revisión migratoria".
Explicó que para el 2022 se interpuso una demanda de amparo indirecta, exigiendo justificar la solicitud de identificación a personas en contexto de movilidad en las principales estaciones de autobuses.
Indicó que esto ocasionó que las personas comenzaran a utilizar rutas y vías “más peligrosas y violentas”, así como autobuses no regulados que no llegan a centrales camioneras, señalando a los autotransportes de responsables, ya que “ellos son quienes al final del día estaban aplicando una regla que ni siquiera está publicada en ley”.
Por su parte, el INM emitió la circular de manera privada para los servicios de transportes, exigiéndoles una política de criminalización de la restricción a las personas, por lo que el Vigésimo Tribunal Colegiado de Circuito analizó las violaciones que se están cometiendo a la prohibición de personas migrantes para utilizar este servicio.
“Se viola la libertad de tránsito; se viola el principio de igualdad y no discriminación porque unas personas sí podrían utilizar autotransportes irregulares o regulados, mientras que otras personas no, e implica riesgos indirectos a niños, niñas y adolescentes, mujeres en alguna situación de vulnerabilidad, población LGBT, personas con alguna discapacidad y personas en edad avanzada principalmente”, detalló la Coordinadora de la Clínica Jurídica de IMUMI.
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