Las niñas, niños y adolescentes que están en conflicto con la ley no pueden ser juzgados como personas adultas, por lo que el sistema de justicia juvenil ha establecido medidas diferenciadas que priorizan el tratamiento y la reinserción social por encima de los castigos.
El caso de la maestra Martha Pérez González, asesinada presuntamente por su hija y su yerno —ambos menores de edad— en el municipio de Agua Dulce, Veracruz, el 26 de enero, volvió a poner sobre la mesa el tema de las sanciones contra menores en este tipo de delitos, y el papel que cumplen sitios como el Centro de Internamiento Especial para Adolescentes (CIEPA), donde fueron internados.
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El cuerpo de Martha Pérez, de 53 años de edad, fue localizado frente a su domicilio la mañana del lunes 26 de enero; el cadáver estaba calcinado en una cuneta.
Por la tarde de ese mismo día, una movilización policial derivó en la detención de dos jóvenes de 16 años, en la comunidad de Tonalá, quienes iban a bordo del vehículo de la también docente y catequista. Se trataba de su hija y yerno.
Posteriormente, trascendió que la habrían asesinado y llevado el cuerpo frente a su vivienda, sobre el tramo carretero antiguo a Nuevo Oteapan.
Los menores, en una aparente huida, fueron capturados y puestos a disposición de las autoridades juveniles; los trasladaron al CIEPA, en la comunidad de Palma Sola, Alto Lucero.
¿Cómo es el CIEPA?
El Centro de Internamiento Especial para Adolescentes (CIEPA) tiene como objetivo rehabilitar, a través de un programa integral, a adolescentes que están en conflicto con la ley y reintegrarlos a la sociedad.
Cuenta con diferentes servicios y atiende diversas áreas, priorizando la salud física y mental de los menores. Se les efectúa una entrevista clínica, a fin de identificar factores determinantes en su conducta y con ello, darles el tratamiento adecuado.
El CIEPA también privilegia la educación, pues los menores pueden continuar sus estudios y formarse en el área laboral con capacitación y talleres, tales como carpintería, sastrería y tallado en madera, por mencionar algunos.
¿Qué derechos tienen los menores en conflicto con la ley?
En entrevista con MILENIO, Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, declaró que en este tipo de centros de internamiento especializado hay derechos fundamentales que deben protegerse, tales como el derecho a la vida, a la salud, educación y esparcimiento.
"Hay varios componentes y hablamos de una intersección de derechos. Uno básico y obvio es el derecho a la vida. (...) Segundo, es una vida libre de violencia. Esto (...) tiene la intención de que no sigan reproduciendo violencia familiar, escolar, comunitaria, y que no forme parte de su identidad personal.
"(También tienen) el derecho a no recibir tratos crueles, inhumanos o degradantes, y tienen el derecho a un proyecto de vida (...) Todos estos derechos tienen que ser protegidos y también, por supuesto, el derecho a vivir en familia", declaró.
Medidas socioeducativas, antes que el internamiento
No obstante, Pérez García declaró que después de 2016, cuando se estableció la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, solo alrededor del 20 por ciento —o menos— de los adolescentes en conflicto con la ley, requieren internamiento.
La gran mayoría, es decir, entre el 80 y el 85 por ciento, recibe medidas socioeducativas en libertad, las cuales pueden incluir: permanecer en la escuela como condición para no ser internados, restricciones para salir de su estado o país, no acudir a ciertos lugares o participar activamente en actividades educativas, culturales o formativas.
"Estas medidas socioeducativas tienen que ser diseñadas por la condición de cada uno de los adolescentes", declaró Juan Martín.
El dato¿Qué dice la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes?
Desde 2016, se estableció que los menores de hasta 13 años de edad no deben ser privados de su libertad, y los de 14 a 17 años únicamente podrán ser privados de su libertad como medida extrema por delitos específicos.
Retos que enfrentan los centros de internamiento
Los centros de internamiento para adolescentes enfrentan importantes desafíos estructurales. Uno de los principales es la insuficiencia de presupuesto, algo que no es nuevo, sino que se ha ido deteriorando, lo que deriva en pésimas condiciones para operar, falta de infraestructura y limitaciones en la reinserción.
Asimismo, se ha reportado que ocho de cada 10 adolescentes han sufrido algún tipo de maltrato o tortura al momento de ser detenidos. Esta práctica, de acuerdo con Juan Martín, vulnera derechos fundamentales y el debido proceso.
Por otro lado, destaca el crecimiento del "populismo punitivo", que busca reducir la edad penal para tratar a adolescentes como adultos, lo cual, lejos de mejorar las condiciones de seguridad, vulnera la reinserción.
El Dato¿Por qué a los adolescentes no se les debe juzgar como adultos?
Los adolescentes están en proceso de desarrollo cerebral y emocional, una etapa en la que el coordinador de Tejiendo Redes Infancia destaca la búsqueda de identidad, pertenencia, el sentido de la vida, y con menor percepción del riesgo.Para reconocer estas diferencias, se creó un sistema de justicia juvenil especializado, buscando que no se les trate como adultos a nivel penal.
¿Cómo se garantiza la reinserción? Esto pasa después del internamiento
La ley de justicia para los adolescentes establece mecanismos para que los adolescentes no regresen al crimen una vez que cumplan su tratamiento. Lo anterior requiere considerar factores sociales y familiares, porque si los parientes tienen trayectorias criminales, no es recomendable que los adolescentes regresen a ese entorno.
Conviene señalar que, durante el tratamiento, el sistema de justicia juvenil busca proteger la identidad de los menores, con el objetivo de permitir un reinicio fuera del estigma y la trayectoria criminal.
"Todo esto se tiene que ir preparando antes de que salgan (...) es tiempo de preparación para que su salida sea lo más sostenible posible, a diferencia del mundo adulto, donde es castigo y son 10, 20, 15 años, y lo que vivan dentro de la cárcel generalmente empeora y se vinculan a otros grupos criminales", agregó.
Atención de causas estructurales como medida de prevención
Sobre casos como el de Martha Pérez, Juan Martín declaró que existe una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad, para garantizar protección y generar entornos seguros, respectivamente.
"Necesitamos que tengan espacios de participación donde los escuchemos, (a los adolescentes. Tenemos una gran responsabilidad y el Estado mexicano tiene que identificar preventivamente dónde están las zonas de riesgo, dónde hay familias que tienen una ruta, una trayectoria carcelaria o cercana al delito."
Sin embargo, señaló que esto no exime a los adolescentes de asumir sanciones ni tratamientos correspondientes, sino de equilibrar responsabilidad y derechos.
Asimismo, subrayó como esenciales los entornos escolares, pues facilitan la socialización y la construcción de una personalidad sana, además de ayudar a formar habilidades para resolver conflictos.
"No tenemos que esperar a que cometan un delito grave, no tenemos que esperar a que dañen a alguien o se dañen a sí mismos par intervenir, porque eso ya sería un poco tarde, pero es importante la prevención y en eso tenemos una gran responsabilidad", concluyó.
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ksh
