En México, los centros de rehabilitación de adicciones, conocidos como "anexos", se han convertido en espacios clave que alimentan la violencia del país. Lejos de ser sitios de recuperación, muchos son usados por grupos criminales para reclutar a jóvenes en situación de vulnerabilidad y ponerlos a su servicio.
Las investigaciones sobre el reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, revelaron que dos menores fueron captados precisamente desde estos centros para perpetrar el homicidio contra el edil.
¿Qué hace vulnerables a los jóvenes internados en centros de rehabilitación?
En entrevista con MILENIO, Juan Martin Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, señaló que los anexos cumplen con todos los factores de riesgo, al albergar a jóvenes con trayectoria de consumo de sustancias, antecedentes delictivos, familias disfuncionales y aislamiento social.
Si bien con el asesinato de Manzo este tipo de reclutamiento cobró notoriedad, el modus operandi en dichos lugares no es nuevo, pues desde hace 15 años se han documentado casos, inicialmente en los estados norteños.
"Empezaron en el norte (de México) y solo hay que mirar las masacres que han hecho en anexos (de) Sinaloa, Chihuahua y demás, porque ya están controlados por distintos grupos criminales", dijo Pérez García.
Con el tiempo, agregó, algunos de estos supuestos grupos de ayuda se han transformado en "escuelas" de sicarios, depósitos o cárceles privadas.
"Desde hace 15 años comenzaron a ser cooptados estos centros por los grupos criminales y se convirtieron en 'cajas' negras donde ya ni siquiera entra la autoridad (...) Así como las cárceles están bajo control criminal, también la mayor parte de estos llamados anexos están bajo control criminal", añadió.
El dato¿Para qué reclutan a los jóvenes?
Un reporte de Insight Crime publicado en 2021 detalla que desde estos lugares se enlistan jóvenes y adolescentes para convertirlos en "halcones", dealers (vendedores de drogas) y sicarios.
El Estado "no voltea" a ver los anexos
Conviene señalar que todos los centros de atención a problemas de salud deben ser regulados por la Secretaría correspondiente; sin embargo, el Estado no ha atendido la situación de los anexos.
Estos espacios no cumplen con los criterios sanitarios ni están bajo el manejo de profesionales, por lo que son frecuentes los homicidios por exceso de violencia y tortura, situación que se agrava con la presencia del crimen organizado para expandir sus negocios ilícitos y perpetrar masacres al interior.
De acuerdo con Juan Martín, el Estado sabe de la existencia de estos centros y cómo funcionan, pero no actúa. La razón es que México carece de suficientes clínicas para atender adicciones y si cierra los anexos, la crisis sería visible.
"Si (el Estado) no aceptara esos mecanismos informales, tendría muchísimos más problemas visibles. Entonces han convertido esos lugares en 'depósitos humanos' donde los tienen encerrados en 'cárceles'.
"La base de esto es tortura, daño emocional (...) hay algunos específicos que han tratado de emigrar a profesionalizarse, pero son muy escasos", indicó.
¿Cómo se reclutó a los involucrados en el homicidio de Carlos Manzo?
En el caso de Michoacán, el modelo de reclutamiento se hizo evidente: dos adolescentes, de 16 y 17 años, —entre ellos Víctor, quien disparó— habían estado internados en el Centro de Rehabilitación 'Renaciendo Uruapan', y apenas un mes de salir, ya habían sido identificados y perfilados por los reclutadores.
Posteriormente, fueron enganchados mediante invitaciones a fiestas y con amenazas a sus familias.
"Víctor llevaba un año internado en ese lugar, tenía un mes más o menos de haber salido y ya lo tenían identificado (...) viene el proceso de enganche. Y esto, como se ha hecho en otros casos, los invitan a una fiesta, en la fiesta ya los capturan, y empiezan las amenazas de muerte a la familia, crecimientos de dinero y consumo de sustancias", declaró Juan Martín.
El reclutamiento como base del crimen organizado
El especialista señaló que la militarización iniciada hace 19 años generó un escenario donde ninguno de los actores involucrados tiene incentivos para detener la violencia.
Por un lado, las Fuerzas Armadas han multiplicado su presupuesto; por el otro, los grupos criminales han diversificado sus economías ilícitas más allá del tráfico de drogas.
Dentro de este sistema, el reclutamiento de jóvenes se convirtió en la base operativa que les permite sostener sus crímenes: quienes vigilan, extorsionan, desaparecen y matan son principalmente los menores de edad.
"Hay una publicación académica en la revista The Science hace dos años, en el que un grupo de investigadores documentaron lo que ya sabíamos, que en México el reclutamiento es la base del crimen organizado", señaló.
Desde 2011, organismos internacionales han pedido al Estado mexicano tipificar el delito de reclutamiento, lo que, de acuerdo con Pérez García, permitiría prevenir, rescatar y atender a las víctimas, vulnerando la cadena de operación de las organizaciones delictivas. No obstante, hasta el momento ha habido omisión por parte de las autoridades.
"Ya sabemos (...) que la clave está en tipificar el delito de reclutamiento para llegar a una segunda etapa, que es crear programas de rescate y desvinculación de los que son víctimas, pero también son victimarios, tienen el doble rol y por eso requerimos un tratamiento diferencial. Y tercero, sobre todo nos permitiría hacer acciones de prevención etiquetada", declaró Pérez García.
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ksh
