Sinaloa, y en particular Mazatlán, se ha convertido en un foco rojo para las familias duranguenses. Así lo advierten madres, colectivos y grupos de búsqueda que, desde hace al menos dos años, han documentado un aumento en las desapariciones de jóvenes originarios de Durango en ese puerto turístico que —aseguran— “se volvió un territorio incierto para quienes alguna vez lo consideraron un destino seguro”.
Mientras colectivos como Madres Buscadoras de Durango contabilizan más de 18 fichas activas entre 2024 y 2025, la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) reconoce oficialmente poco menos de la mitad de esos casos.
No existe un registro unificado, pero sí un sentimiento compartido: el tiempo avanza, la angustia crece y las familias continúan preguntándose qué está ocurriendo con los duranguenses que desaparecen en Mazatlán, un destino históricamente ligado social y económicamente con Durango.
Madres duranguenses unidas ante la omisión institucional
El colectivo Madres Buscadoras de Durango, consultado por MILENIO, ha documentado al menos 18 desapariciones de personas originarias de Durango en territorio sinaloense, la mayoría en Mazatlán. El grupo cuenta con un registro interno que incluye nombres, números de carpeta, fechas y anotaciones sobre los obstáculos que enfrentan las familias en su búsqueda de justicia.
En el listado aparecen casos como el de Helena Vela Leyva, desaparecida en Mazatlán, así como los de Óscar Uriel García Valenzuela, César José García Pulido y María de Jesús Carrillo Mena, entre otros que cuentan con carpetas de investigación abiertas.
Sin embargo, también se consignan situaciones más graves: expedientes nunca integrados, denuncias rechazadas y visitas a la Vicefiscalía de Mazatlán donde no se otorgó número de carpeta ni constancia de atención.
Desapariciones múltiples y denuncias que no prosperan
Entre los expedientes más dolorosos se encuentra el del grupo familiar integrado por Erika Gabriela Cardoza Guevara, Fátima Jazmín González Cardoza, Alondra Jaqueline González Cardoza, Erik Gabriel González Cardoza, Rodolfo Miguel González Cardoza y Joaquín Alexander Cardoza Guevara, quienes desaparecieron juntos tras ser sacados de su domicilio en Culiacán.
De acuerdo con el colectivo, en repetidas ocasiones la Fiscalía de Mazatlán se ha negado a levantar denuncias, incluso cuando los hechos ocurrieron en su jurisdicción. Uno de los casos emblemáticos es el de Rodolfo Miguel González Cardoza, donde se argumentó que “no existe denuncia” porque “ya no quisieron levantar la demanda”.
Pese a ello, las buscadoras aseguran que seguirán documentando cada caso “hasta que las autoridades hagan su trabajo”.
“Esto ya debería ser una alerta”, advierten buscadoras
Una vocera del colectivo, quien solicitó omitir su nombre por razones de seguridad, afirmó en entrevista con MILENIO que “al menos 18 casos entre 2024 y 2025 deberían ser ya una alerta sobre lo que está ocurriendo en Mazatlán”.
Añadió que continúan recibiendo reportes de familias duranguenses cuyos familiares tuvieron como última ubicación conocida el puerto sinaloense.
Carmina y la búsqueda de Helena: una madre que resiste mientras su cuerpo se quiebra
Entre las historias que reflejan el rostro humano de esta crisis está la de Carmina Vela Leyva, madre de Helena Vela Leyva, una joven de 18 años desaparecida el 24 de junio de 2025 en Mazatlán.
Con la voz quebrada, Carmina repite una y otra vez el nombre de su hija, aferrándose a cada recuerdo. Relató a MILENIO que Helena viajó el 23 de junio en una camioneta Gran Cherokee modelo 2011, acompañada de Manuel Vizcarra, quien también se encuentra desaparecido. La joven tenía una cita en un taller para instalar forros de piel al vehículo.
Salieron de Durango alrededor de las 17:00 horas. A las 20:00, Helena avisó que había llegado a casa de una familiar de Manuel. Ése fue el último contacto claro. Más tarde, a las 22:51, envió un mensaje desde la playa. A las 04:20 de la madrugada escribió nuevamente: había estado esperando a Manuel afuera del baño durante más de 20 minutos. Después, no hubo más comunicación.
Denuncias tardías, trámites fallidos y cámaras que “no sirven”
Carmina viajó ese mismo 24 de junio a Mazatlán, pero no logró levantar la denuncia. Según relató, la familia de Manuel pidió esperar porque “había una negociación” con quienes presuntamente tenían a los jóvenes. La denuncia se presentó hasta el 26 de junio.
Desde entonces, la búsqueda ha estado marcada por obstáculos: No se aceptó la denuncia por robo del vehículo porque no llevaba los documentos; las cámaras de vialidad estaban “en reparación”; el bar La Malinche, último sitio donde se les vio en una transmisión en vivo, carecía de grabaciones, y la solicitud de la sábana de llamadas presentó errores administrativos.
Durante dos meses no recibió información sobre el avance del caso. La Fiscalía de Durango reiteró que no puede intervenir porque los hechos ocurrieron en Sinaloa.
“Es como si se los hubiera tragado la tierra”, lamentó.
Una madre marcada por la búsqueda
Mientras la investigación permanece estancada, la vida de Carmina cambió de forma radical. Descuidó su salud al punto de que una infección en el pie, agravada por la diabetes, derivó en la amputación de su pierna por debajo de la rodilla. Actualmente recibe fisioterapia y aprende a usar una prótesis.
“Mi hija es mi mundo… y descuidé todo”, confiesa.
Helena soñaba con volar. Estaba por ingresar al Instituto del Aire para formarse como oficial de carga, con la meta de convertirse en piloto aviador. “Desde preescolar quería ser piloto”, recuerda su madre.
“Mazatlán ya es un foco rojo”, advierten familias
Hoy, Carmina forma parte del colectivo Buscando Emilios, integrado por familias de Durango y Sinaloa. Para ella, Mazatlán se ha convertido en un foco rojo para la juventud duranguense. “La forma en que desaparecieron a mi hija es muy similar a otros casos”, afirma.
El próximo 26 de diciembre, Helena cumpliría 19 años. Carmina implora que la fecha no pase en silencio. “Mientras respire, la voy a buscar”.
Fiscalía de Durango reconoce ocho casos y pide evitar viajes
MILENIO solicitó información a la Fiscalía General del Estado de Durango. Al 15 de octubre, la fiscal Sonia Yadira de la Garza Fragoso informó que la institución reconoce ocho desapariciones confirmadas de duranguenses en Mazatlán, además de una más en Culiacán. La mayoría, señaló, corresponde a jóvenes de entre 20 y 30 años.
Entre los casos confirmados se encuentran Alan Alberto Amézquita, Ruby Amairany Correa, Helena Leyva, Manuel de Jesús, Uriel Carrillo, David Eduardo Soto y Carlos Emilio Galván, entre otros cuyos nombres se han difundido ampliamente en redes sociales.
La fiscal explicó que Durango mantiene comunicación con autoridades sinaloenses y ha solicitado apoyo federal. Se realizan análisis de teléfonos celulares, ubicaciones y registros previos.
Tras el caso de Carlos Emilio, lanzó un llamado público: “Eviten viajar a Sinaloa mientras persista la situación”, e incluso advirtió sobre riesgos en la carretera Durango–Mazatlán.
Violencia en Mazatlán y desacuerdo entre autoridades
Mazatlán y municipios cercanos, como Concordia, han registrado en meses recientes enfrentamientos entre grupos criminales, bloqueos, retenes irregulares y operativos militares. Aunque las autoridades federales han reforzado la zona, las advertencias de riesgo persisten.
Desde Sinaloa, la postura fue distinta. El gobernador Rubén Rocha Moya rechazó públicamente la alerta emitida por la fiscal duranguense:
“No creemos que tenga razón para emitir una alerta. Mazatlán sigue recibiendo turismo sin evidencia de una crisis que justifique no viajar”.
Un mapa que se oscurece
Cada nuevo nombre, cada ficha de búsqueda y cada caso sin carpeta formal convierten la ruta Durango–Mazatlán en un territorio cada vez más incierto para decenas de familias.
Para los colectivos, la crisis no radica únicamente en la desaparición de jóvenes duranguenses, sino en la falta de respuestas claras en Sinaloa y en la imposibilidad de Durango para intervenir cuando la vida de sus habitantes depende de actuaciones urgentes.
Mientras las autoridades debaten alertas, declaraciones y competencias, las madres continúan haciendo lo que —aseguran— el Estado no ha hecho: buscar. Porque en Mazatlán, dicen, no sólo desaparecen jóvenes; también desaparece la justicia.
cale
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