En Sinaloa, cinco inmuebles ubicados en Los Becos, Laguna Colorada y Costa Rica habrían sido utilizados como puntos de reunión, coordinación y resguardo por Los Rugrats, célula delictiva vinculada a la facción Los Mayos, informó el Gabinete de Seguridad federal tras un operativo que dejó siete personas detenidas.
De acuerdo con el reporte, los domicilios también servían para brindar apoyo logístico a las actividades del grupo.
Los agentes los identificaron mediante labores de inteligencia, investigación y vigilancia, con las que reunieron datos para solicitar las órdenes de cateo.
Un juez de control autorizó las cinco diligencias, en las que participaron elementos de las secretarías de Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, con información del Centro Nacional de Inteligencia.
Dos mujeres, entre las siete personas detenidas durante los cateos
El Gabinete de Seguridad señaló que entre las personas detenidas se encuentran dos mujeres, a quienes identificó como presuntas operadoras logísticas de la célula.
Se trata de Leslie Dennise Pereda García y Aglaee Ramírez Páez, ambas primas de Carlos Alberto Pereda, Carlitos Rugrats, líder del grupo.
Durante las revisiones, los agentes aseguraron tres armas largas, un arma corta, ocho cargadores y cartuchos útiles, además de paquetes con cocaína, diversas dosis de droga y dinero en efectivo. No se especificaron las cantidades ni el monto del efectivo.
También se reportó el decomiso de teléfonos celulares, una tableta electrónica, dos computadoras portátiles, tres vehículos, una unidad tipo Razer y una motocicleta.
Los cinco inmuebles quedaron bajo resguardo del Ministerio Público
Las siete personas detenidas y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica. Los inmuebles quedaron bajo resguardo ministerial.
El informe federal amplía los datos sobre el despliegue registrado en Laguna Colorada, donde habitantes reclamaron la actuación de los agentes y acudió el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Óscar Loza Ochoa, para atender las quejas.
En su comunicado, el Gabinete de Seguridad no hizo referencia a los señalamientos de los pobladores.
ksh
