Ante el incremento de extorsiones y cobro de derecho de piso, organizaciones civiles y empresariales de la Comarca Lagunera han emitido cuatro llamados urgentes al Gobierno de Durango para tomar medidas que permitan recuperar las condiciones de seguridad que había en la región.
En los desplegados y pronunciamientos se exige al gobernador Esteban Villegas Villarreal acciones para remediar la situación y reforzar la coordinación con las autoridades de los municipios, así como con las federales, concretamente de la Zona Militar.
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Los primeros en pronunciarse fueron el Consejo Cívico de Instituciones de La Laguna, la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia Laguna de Durango y la Mesa de Seguridad y Justicia de Torreón, derivado del deterioro en la percepción de seguridad que sufrió la región, según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana con corte al primer trimestre de 2025.
“En Gómez Palacio hay una degradación constante y muy alarmante de las condiciones de seguridad y del estado de derecho. Lo mismo ocurre en otros municipios de la Comarca Lagunera de Durango. Ante las crecientes y descaradas extorsiones por parte de un grupo sindical que, con amenazas, se ha apropiado de la comercialización de varios productos e insumos del sector primario”, soltaron mediante un desplegado el pasado 23 de abril.
Señalaron que existe una fractura en el modelo de coordinación del Mando Especial de La Laguna.
“Está claro que el buen desempeño que se había tenido era producto de la coordinación efectiva y disciplinada de las diversas corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, incluidos el Mando Especial y la Zona Militar. El modelo, sin embargo, se ha fracturado”.
Un día después, una decena de organismos agrícolas y empresariales de impacto local, regional y nacional publicaron otro pronunciamiento, advirtieron que las operaciones ilegales de grupos criminales ponen en riesgo la producción alimentaria, pues tomaron el control de los módulos del Distrito de Riego 017.
Entre los firmantes estuvieron la Unión Ganadera Regional de La Laguna, Unión Norte de Engordadores de Ganado Asociación Civil, Patronato de Investigación y Producción de Nuez Asociación Civil, Consejo Agropecuario de la Comarca Lagunera Asociación Civil, Asociación Mexicana de Productores de Leche Asociación Civil, Asociación de Agricultores de la Región Lagunera, Asociación Ganadera Local de Torreón y Fondo de Aseguramiento Ganadero de la Región Lagunera.
“Es sumamente preocupante la degradación de la seguridad en la región, de manera ilegal, grupos ajenos a las actividades agrícolas y pecuarias han tomado control sobre la comercialización de insumos para la producción alimentaria de nuestro país”, expusieron.
Denunciaron la existencia de pago de cuotas, estableciendo precios y controlando el acceso al forraje proveniente de otras entidades, particularmente del estado de Chihuahua.
“También se han apoderado de la comercialización de la pollinaza producto de la actividad avícola regional”, añadieron.
Los organismos reiteraron el llamado para que el gobernador Esteban Villegas, los alcaldes y las autoridades de seguridad federales retomen la coordinación para combatir la inseguridad.
“Esta región es clave en la producción nacional de alimentos y es muy importante para el proyecto de soberanía alimentaria impulsado por el gobierno de México. No se debe permitir que grupos al margen de la ley socaven impunemente la producción alimentaria de la región y pongan en riesgo la tranquilidad de las familias laguneras”.
La organización México SOS también se sumó a los reclamos emitidos por empresarios laguneros, el director general del organismo, Orlando Camacho dijo el pasado 29 de abril en su visita a la región que se requiere fortalecer el Mando Especial de La Laguna.
“Necesitamos que haya un Mando Especial coordinado y no lo estamos viendo como lo veíamos antes. Que se generen los acuerdos convenientes entre las autoridades de ambos estados y la propia ciudadanía”.
Gobernador promete atender tema, pero reclamos siguen
Luego de las primeras denuncias públicas que empresarios agrícolas y organizaciones civiles laguneras hicieron por la situación de seguridad en La Laguna, el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal dijo que sostendría una reunión con el secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch para revisar la situación y esto no ocurrió.
“Con esto que están haciendo ya me he comunicado con el secretario Omar, ya le mandé las cartas que salieron en los medios de comunicación y eso nos da la facultad para poder entrar, para podernos meter”, dijo.
El secretario de Seguridad en Durango, Oscar Armando Galván Villarreal sostuvo una reunión en Canacintra Gómez Palacio con integrantes de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de la Región Lagunera de Durango y se comprometió a atender las demandas.
“No vamos a permitir, que ningún grupo, ninguna persona, venga a inquietar la tranquilidad, si necesitamos la participación de todas las personas que hoy estaremos en esta reunión, y sobre todo con el tema muy firme de sus denuncias, que las pongan para nosotros también tener el conocimiento de qué es lo que sucede”.
Sin embargo, el funcionario refirió que conforme a las cifras recientes, la entidad no tiene incremento en delitos de alto impacto señalados como la extorsión.
Pese a este encuentro, el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna, la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Torreón y México SOS publicaron otro desplegado en que aseguraron falta interés por parte del gobierno de Durango para atender las demandas del sector empresarial, principalmente agropecuario.
“El fenómeno de la extorsión y el cobro de piso, constituyen delitos con nula visibilidad que distorsionan las estadísticas oficiales, operando en la impunidad, y funcionando como un impuesto criminal que frena la actividad económica regional y genera un impacto en pérdidas millonarias, desinversión y un clima de vulnerabilidad institucional”.
Reprocharon que es evidente un profundo desencanto, insatisfacción y tristeza en el sector productivo, no solo por la inacción gubernamental, si no por la ausencia de mecanismos efectivos de colaboración entre empresarios y autoridades.
“Esta omisión ha creado un ambiente donde prosperan otras formas de violencia organizada, erosionando décadas de desarrollo social y económico. Reiteramos a las autoridades la necesidad de enfrentar decididamente esta situación, atendiendo los factores de riesgo”.
Al llamado de poner orden en la región se sumó Prodefensa del Nazas Asociación Civil y publicó un posicionamiento en que señaló la falta de atención de las autoridades estatales al tema de seguridad.
“Nos preocupa profundamente el reiterado desinterés del ejecutivo estatal de Durango ante las legítimas demandas del sector empresarial, en particular del sector agropecuario, cuyas denuncias han sido minimizadas e ignoradas”, expusieron.
La organización puntualizó que la extorsión y el cobro de piso son delitos que, aunque son poco visibles en las estadísticas, tienen efectos devastadores.
“Se han normalizado como un impuesto criminal que frena el desarrollo económico, inhibe la inversión y descompone el tejido social. Este clima de inseguridad no solo amenaza al sector productivo, sino que también pone en riesgo a quienes defienden el medio ambiente y el territorio”.
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