El ex presidente municipal de Apatzingán, Uriel Chávez Mendoza, obtuvo ayer su libertad, luego de ser absuelto por el juez sexto de lo penal en Morelia, al no comprobársele los delitos de extorsión y peculado.
El ex alcalde permaneció 17 meses en prisión acusado de por lo menos tres ilícitos.
De acuerdo con la lista de acuerdos del Poder Judicial, Uriel Chávez fue notificado inmediatamente de la decisión del juez y este mismo martes abandonó el penal de Mil Cumbres.
Los supuestos ilícitos que se le achacaban se habían cometido contra un particular y el propio ayuntamiento de Apatzingán, que él encabezaba; sin embargo, el juzgador dijo que no se comprobaron los ilícitos y que incluso sólo hubo un testigo, el cual no pudo acreditar que se cometieran los delitos.
Uriel Chávez fue absuelto por un juez de primera instancia del delito de extorsión en contra de regidores de la administración municipal.
El 15 de abril, autoridades detuvieron a Chávez Mendoza. La Procuraduría General de Justicia de la entidad dijo que el priista estaba implicado con el cártel de Los Caballeros Templarios y que existían indicios de que exigía una cantidad mensual a varios regidores para apoyar a criminales.
Según la procuraduría, los regidores Ramón Santoyo Gallegos y Ricardo Reyna Martínez eran obligados a entregar cada uno 20 mil pesos de sus sueldos para financiar las actividades "de un grupo delincuencial", desde enero de 2012.
Ambos denunciaron y declararon que Chávez los condujo, junto con otros regidores, a un paraje cercano a la localidad de Las Bateas, donde fueron recibidos por personas armadas, quienes afirmaron pertenecer "a un grupo delincuencial".
Ahí les advirtieron que era necesario aportar esas cantidades de dinero para la compra de armas. Los dos hombres reconocieron que entregaron dinero.
MILENIO publicó el 17 de abril que el alcalde despojaba a miembros del cabildo de 40 por ciento de su sueldo de 52 mil pesos mensuales para financiar actividades de Los Caballeros Templarios.
Dos días después, este mismo medio difundió que el presidente de Apatzingán pretendió desviar, a través de un contrato ilegal con una empresa de gestoría, 30 por ciento de recursos federales que recibe el municipio para hacer llegar ese dinero al grupo criminal.
