Aunque pretende mayor seguridad para la ciudadanía y mayor respuesta ante la existencia de delito, la nueva Ley de Seguridad Pública Federal mantiene conflicto por la amplitud que plantea de la Plataforma Central de Información o Plataforma Única de Identidad, señaló el abogado y ex juez por 18 años del Sistema de Justicia Penal, Pedro López Medrano.
Indicó que esto ha permeado a la sociedad civil organizada ya que el paquete de reforma otorga mayor acceso a la información privada por parte de la autoridad que investiga y persigue delitos.
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Lo anterior, justificado en protección e investigación de delitos en materia de delincuencia organizada, así como mayor seguridad y mayores herramientas contra el crimen organizado.
“Por eso se incluye en la Ley General Contra la Desaparición Forzada de Personas, esta Nueva Ley de Seguridad Pública y la Ley Nacional de Investigación e Inteligencia”, expuso.
Herramienta poderosa
El jurista comentó que el rasgo va encaminado a obtener mayor información de cada ciudadano, “eso desde la perspectiva de seguridad se diría, qué bueno si se utiliza con fines de seguridad, pero tiene un rasgo en el que comúnmente pensamos y es que se vaya a hacer mal uso de esa información, porque sería una herramienta muy poderosa para quien quiere ser arbitrario”, explicó.
Dijo que eso es lo que se reclama y crítica por grupos organizados que van desde lo académico, político y empresarial, “esto suena a mayor poder, pero hay una fórmula en la cuestión de seguridad: si quieres mayor seguridad tienes que darle mayor poder al estado; si reduces el poder del estado y aumentas derechos normalmente en una cultura latinoamericana, el delito crece, por lo que esa presunción busca sacrificar protección de derechos en pro de orden y seguridad”.
Recordó que las modificaciones están desde el 17 de julio y no hay algo que se pueda hacer a menos de que la autoridad actúe en contra del ciudadano, “puede haber una acción de inconstitucionalidad para hacer reconocer que alguna de esas normas violenta un derecho humano reconocido por la Constitución, pero hay la opinión académica de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no haría algo en contra de este paquete de reformas”.
aarp
