El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito resolvió en contra de revocar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordena medidas para la protección del Acuífero Principal de la Región Lagunera.
“Los concesionarios argumentaban que debieron haber sido llamados al juicio de amparo como terceros interesados y buscaban revocar la sentencia de la Suprema Corte y reponer el procedimiento.
"Sin embargo, el tribunal colegiado determinó que esos planteamientos no eran procedentes para modificar la resolución, por lo que el intento de dejar sin efectos la sentencia no prosperó y se ordenó la subsistencia de la decisión de la Suprema Corte”, establecieron las organizaciones Prodefensa del Nazas, Encuentro Ciudadano Lagunero y Desarrollo Cardenista para el Campo Lagunero.
Te recomendamos...
Las asociaciones reconocieron la independencia y la resolución conforme a derecho de las magistradas María Guadalupe Carranza Galindo y Magda María Isabel Cobos Lerma, en la revisión de este caso durante la sesión de este jueves 14 de marzo.
Resolución del tribunal
“Al mismo tiempo, manifestamos nuestra preocupación por la actuación del magistrado Raúl Enrique Romero Bulnes, quien presentó un proyecto que proponía revocar la sentencia de la Suprema Corte. Desde nuestra perspectiva, dicha propuesta resulta contraria al marco constitucional y legal aplicable”.
Las organizaciones consideraron preocupante que un proyecto de revocación de esta naturaleza pretendiera dejar sin efectos una sentencia de la Suprema Corte y aprobarlo habría implicado debilitar la protección judicial de un recurso estratégico para la Comarca Lagunera.
“Acudiremos a los procedimientos de responsabilidad administrativa ante los órganos del Tribunal de Disciplina Judicial, a fin de que se evalúe la actuación del magistrado Raúl Enrique Romero Bulnes conforme al marco institucional aplicable”.
Apoyo académico y ciudadano
Por último, los promoventes de la sentencia 543/2022 agradecieron a académicos y académicas de distintas instituciones como el Seminario Permanente en Estudios del Agua del ITESO y de la Universidad Nacional Autónoma de México, del rector de la Universidad Iberoamericana Torreón, así como de más de dos mil personas que presentaron por escrito su apoyo ante el tribunal colegiado para que la sentencia se mantuviera vigente.
e&d
