La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Laguna denuncia presuntas extorsiones a constructores que transportan combustible para la maquinaria y vehículos utilizados en las obras, por parte de autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR). El último de los casos, un intento de extorsión por un millón de pesos.
Luego de sostener una reunión con representantes de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC), del Mando especial de La Laguna y del Consejo Ciudadano de Seguridad, en rueda de prensa los empresarios constructores se manifestaron en contra de tales prácticas, de las que aseguran, la autoridad aprovecha lagunas legales que hay en el transporte legal de combustible.
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El presidente del organismo, Alejandro Jiménez Algara, expresó que las extorsiones van desde los 2 mil hasta el millón de pesos, tal como ocurrió en el último de los casos en Torreón hace unos días, donde uno de los choferes denunció que fue retenido por la FGR y le pedían el millón de pesos; sin embargo, trascendió que no se concretó el delito tras ser denunciado. “También el año pasado hubo otro caso de 300 mil pesos”.
“En los últimos días, algunas empresas constructoras de la región han manifestado situaciones que nos preocupan, relacionadas con la transportación de combustibles necesarios para la operación y operación de las obras. El traslado que hacen las empresas es exclusivamente para autoconsumo en obras”.
Expresó que han identificado un vacío normativo, en el caso de volúmenes menores, donde la ley solamente otorga permisos arriba de los 75 mil litros, y menor a eso no hay algún tipo de normatividad. “Solicitan el permiso para transportar el combustible, pero para esas cantidades no existe y nadie da permiso para transportarlo”.
Por lo cual, hizo un llamado desde la CMIC Laguna a las autoridades para que se clarifiquen los criterios de regulación en el transporte de combustible destinado al autoconsumo en obras y establecer esquemas de permisos accesibles para Pymes, sobre todo garantizar que cualquier revisión sea apegada a la ley.
“Esto ha generado interpretaciones discrecionales y, en algunos casos, actos que las empresas han señalado como presiones indebidas o posibles extorsiones. Lo que pedimos es certeza jurídica, reglas claras y piso parejo. Estamos abiertos al diálogo para construir una solución técnica y legal que proteja la seguridad energética y la viabilidad operativa de nuestras empresas”.
Tras la reunión con las autoridades, se llegó a un acuerdo en el que se implementará un programa de capacitación a los choferes y a las empresas sobre lo que pueden hacer en caso de ser revisados por elementos de la FGR, que son los señalados en esta situación.
Asimismo, el Mando Especial de La Laguna brindó una línea directa para denunciar cualquier tipo de intento de extorsión. “En caso de extorsión, se comprometieron a acudir al lugar donde se presenta el acontecimiento para deslindar responsabilidades”, añadió Jiménez Algara.
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