El presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Puebla, Pedro Antonio Martínez, informó que actualmente hay dos jueces con procedimientos abiertos y más de 15 servidores judiciales bajo investigación por presuntos actos de corrupción, abuso de funciones y tráfico de influencias.
En entrevista para MULTIMEDIOS Puebla, el funcionario señaló que las quejas más recurrentes de la ciudadanía están relacionadas con rezago en los procesos, mala atención y prácticas irregulares dentro de juzgados.
El Consejo de la Judicatura es el órgano encargado de regular, vigilar y administrar el funcionamiento del Poder Judicial estatal, que también integran el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal de Justicia Administrativa. De acuerdo con el funcionario, las acciones recientes forman parte de una estrategia de supervisión directa en sedes judiciales y de revisión interna de prácticas institucionales.
El titular del Consejo explicó que, desde noviembre pasado, se realizaron recorridos en distintas sedes judiciales del estado, con el objetivo de identificar necesidades operativas, detectar irregularidades y establecer contacto directo con el personal.
Como resultado de estas revisiones, el Consejo ha iniciado procedimientos contra funcionarios judiciales. Indicó que los procesos se sustentan en denuncias y pruebas que son evaluadas por el órgano interno de control y subrayó que no todas las acusaciones derivan necesariamente en sanciones, ya que se realiza una valoración de los elementos presentados.
El funcionario también reconoció la existencia de prácticas irregulares tanto dentro como fuera de los juzgados. Señaló que se han identificado redes en las que participan servidores judiciales y abogados litigantes, quienes buscan influir en la resolución de casos mediante intercambios económicos.
En uno de los casos referidos, mencionó la detección de solicitudes de dinero en el Centro de Convivencia Familiar para influir en dictámenes relacionados con la convivencia entre menores y sus progenitores. Asimismo, indicó que en distritos como Huauchinango, Tecamachalco, Tepeaca y Tehuacán se realizaron ajustes en el personal tras identificar posibles vínculos de algunos funcionarios con grupos delictivos, lo que derivó en cambios de adscripción y separaciones del cargo.
Respecto a los mecanismos de denuncia, Martínez explicó que existe un módulo de atención ciudadana itinerante que recorre distintas regiones del estado para recibir quejas, sugerencias y comentarios. Para denuncias formales, indicó que los ciudadanos deben presentar escritos acompañados de pruebas ante la Oficialía de Partes del Consejo, lo que permite iniciar investigaciones formales.
Finalmente, el funcionario anunció la realización de un congreso internacional sobre actualización probatoria, programado para diciembre, en el que participarán especialistas de distintas entidades y del extranjero. Señaló que este tipo de actividades buscan fortalecer la capacitación del personal judicial ante la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que implicará la ampliación de salas de oralidad en el estado.
CHM
