Jesús Plácido Galindo, dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), ha sido objeto de diversos señalamientos públicos que lo relacionan con presuntos vínculos con el grupo delictivo Los Tlacos, así como con hechos de violencia registrados en la región Montaña de Guerrero.
Además de ser señalado como un presunto generador de violencia en la región, Jesús Plácido Galindo ha sido acusado de someter y abusar de pueblos indígenas mediante su intervención en comunidades cuya lengua, organización interna y formas tradicionales de convivencia desconoce.
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Aunque es hijo de Cirino Plácido Valerio y sobrino de Bruno Plácido Valerio, considerados impulsores de organizaciones de policía comunitaria en el estado, Jesús Plácido ha seguido una trayectoria distinta. A diferencia de sus familiares, nació en Ecatepec, Estado de México, y desde la creación del CIPOG-EZ se ha mantenido como su principal dirigente.
En el ámbito organizativo, ha promovido la articulación entre distintas agrupaciones de autodefensa. En enero de 2026 participó en el anuncio de un acercamiento entre la UPOEG de la Costa Chica y el CIPOG-EZ, además de que previamente intentó fortalecer la presencia de su organización en el Valle de Chilpancingo y municipios de la Montaña.
Habitantes y organizaciones comunitarias lo han señalado por presuntas incursiones de civiles armados en municipios como Tecoanapa, Juan R. Escudero y Chilapa de Álvarez. También existen acusaciones públicas que lo vinculan con el homicidio de cinco personas ocurrido en San Jerónimo Palantla en 2015.
A estos señalamientos se suman videos difundidos en redes sociales, en los que personas que se identifican como presuntos integrantes de Los Tlacos mencionan a Jesús Plácido Galindo como uno de sus coordinadores. La autenticidad de ese material y las declaraciones contenidas en él, la cuales están siendo analizadas por autoridades judiciales.
Tras los hechos de violencia registrados en mayo de 2026 en el corredor Tula–Alcozacán, el propio Jesús Plácido confirmó que una camioneta blindada localizada calcinada en Tula había pertenecido a Zenén Nava, identificado como líder de Los Rojos, aunque aseguró que el vehículo fue asegurado por el CIPOG-EZ tras expulsarlo de esa zona.
Por su parte, autoridades comunitarias de San Jerónimo Palantla sostienen que el CIPOG-EZ inició las agresiones que provocaron los enfrentamientos y el desplazamiento de familias en mayo pasado. De acuerdo con esas denuncias, Tula funcionaba como un punto de operaciones de presuntos integrantes de Los Tlacos, desde donde presuntamente se movilizaban armas y personas hacia comunidades de la región.
En conjunto, los señalamientos públicos han colocado a Jesús Plácido Galindo en el centro de la disputa por el control territorial en la Montaña y la zona Centro de Guerrero.
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La vinculación del originario de Ecatepec, Estado de México, ocurre tras meses de violencia y desplazamiento forzado en la Montaña Baja de Guerrero; autoridades ministeriales sostienen que responde a una investigación por un asesinato de 2021.
Jesús Plácido Galindo, dirigente del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), fue detenido la tarde del viernes 17 de julio en un retén militar en el municipio de San Marcos, en la Costa Chica de Guerrero.
Horas después, un comunicado conjunto de la Fiscalía General del Estado de Guerrero y la Secretaría de la Defensa Nacional informó que se le imputa el delito de homicidio calificado en agravio de José Pablo Xanteco Bartolo, integrante de una comunidad indígena náhuatl asesinado el 30 de octubre de 2021. La dependencia añadió que reportes de inteligencia lo asocian con los grupos criminales Los Rojos y el Cártel de la Sierra, conocido como Los Tlacos, y lo relacionan con hechos de violencia en el corredor Chilapa–José Joaquín de Herrera.
La detención ocurre en una región marcada por meses de crisis de seguridad. Desde el 6 de mayo, comunidades como Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, en el municipio de Chilapa de Álvarez, sufrieron ataques armados que las propias comunidades atribuyeron al grupo criminal Los Ardillos, obligando a familias enteras a abandonar sus casas.
En recorridos por la zona durante la incursión armada en el corredor Chilapa–Hueycantenango, se recogieron testimonios de pobladores —cuyas identidades se reservan por seguridad— que atribuyen a Jesús Plácido Galindo responsabilidad en la violencia. Afirman que utilizó a grupos armados para disputar territorio en favor de un grupo específico y manipuló a la opinión pública a través de videos circulados en redes sociales sobre el desplazamiento de “miles de personas”. Su vinculación y actos generó que en los pasados meses, la Unidad de Inteligencia Financiera suspendiera sus cuentas bancarias. “La población tiene miedo”, manifestó la fuente.
Los señalamientos se acreditaron ante un juez, y queda en duda el papel de Plácido Galindo como luchador social en una región donde las fronteras entre autodefensa comunitaria, movilización indígena y disputa criminal por el territorio se han vuelto cada vez más difusas.
Mientras tanto, quienes exigen que sea investigado a fondo, como quienes denuncian una detención arbitraria, coinciden en un punto: que el caso se resuelva con transparencia y conforme a derecho.
CHZ
