En pleno siglo XXI, frenar la violencia, que los usos y costumbres generan contra niñas y mujeres en la Montaña de Guerrero, es complejo, por ello, para erradicarla, legisladores y alcaldes de la región proponen campañas de reeducación dirigida a los hombres, castigar más severamente a quienes incurran en esas prácticas, así como presupuestos etiquetados.
Presidentes municipales y diputados de la región abrieron el debate lanzado el miércoles pasado por la gobernadora Evelyn Salgado que, como parte de su estrategia de gobierno, ofreció consultar a todas las voces involucradas y así frenar, de una vez por todas, la venta de niñas y jóvenes en esa región del país.
(Foto: Ariana Pérez)
En ese marco, Gilberto Solano Arteaga, presidente municipal de Tlapa, destacó la importancia de ese municipio como un refugio para las comunidades indígenas que bajan de la montaña en busca de mejores condiciones de vida; sin embargo, reconoció que sufren una falta de servicios para atender a la población como escuelas, centros de salud o albergues para mujeres, por lo que consideró que todo esto debería ser atendido por los tres niveles de gobierno.
“Hay cosas que no pueden erradicar de manera inmediata, pero sí de manera inmediata se debe poner atención”, declaró en entrevista con MILENIO.
Como municipio, destacó la necesidad de implementar talleres de capacitación, pero más que para la población, dice, habría que comenzar por sensibilizar a funcionarios para poder trabajar y atender a la población, “necesitamos sensibilizar con talleres, pero talleres reales, tenemos que estar las 24 horas atendiendo la situación.
“Yo no me iría a las mujeres, me iría a los hombres que poco a poco debemos sensibilizar, y principalmente, con los funcionarios públicos”, puntualizó.
Para el alcalde de Malinaltepec, Acasio Flores, la prioridad debe estar en fortalecer las instituciones educativas y los programas para atender a las niñas de la mano con la Secretaría de Educación, “nosotros vamos a trabajar en el tema psicológico, tenemos que enfocarnos en la participación de padres, maestros, autoridades comunitarias, queremos que esto se ataque de fondo”, dijo.
(Foto: Ariana Pérez)
Todo esto, porque se trata de erradicar “una mentalidad de hace 100 o 200 años”, reconoció Aurelio Méndez Rosales, alcalde de Huamuxtitlán, quien habló sobre concientizar a la gente ante este fenómeno retrógrado, “el gobierno municipal viene siendo la familia, viene siendo la parte fundamental, donde deben comenzar todos los programas, pero, si es necesario, tenemos que ir casa por casa, y hablar con la gente”, opinó.
En este sentido aseguró estar comprometido “con todo lo que provoque bienestar a la sociedad”.
En tanto, la presidenta municipal de Tlacoachistlahuaca, Yared Pineda confía en que la forma de salir adelante del problema sea a través del empoderamiento económico de la mujer indígena y la perspectiva de género que, dijo, deben tener los servidores públicos para evitar la violencia dentro de las instituciones. “Que no solo sea un tema de protocolo, de escritorio, sino que sea un tema de atención propiamente integral, desde una capacitación, de asistencias para empoderar a la mujer en una actividad económica, y con capacitación”.
“Salud y justicia para la montaña”, reclamó, por su parte, María Flores Maldonado, diputada local por el distrito 27, zona por la que, asegura, no ha quitado el dedo del renglón. Explica que el Congreso es desde donde se debe dar seguimiento y recursos para atacar el problema; en cuanto a los usos y costumbres, advierte, deben ser “regulados”.
“Eso se sufre en la montaña, no se ha podido acabar con eso, pero no se le da seguimiento ni los recursos para ello; las mujeres sufren agresión, requieren ayuda psicológica y no hay dinero para atenderlas”, lamentó.
“Los mismos que están impartiendo justicia les ponen trabas, si vienen a acusar de que la golpeó, ‘pero tú qué le hiciste’, le dicen, y debe de haber gente profesional para atender a las mujeres”, pronunció y agregó que las mujeres sufren violencia política en la familia y también cuando buscan la justicia.
Leticia Mosso Hernández, diputada local que preside la Comisión de Derechos Humanos, sugiere fortalecer los refugios de mujeres en la región, garantizar mejores condiciones de vida para las comunidades indígenas, y endurecer los castigos a quienes practiquen este acto, que se ha protegido bajo los usos y costumbres.
“El congreso debe salir y ser vigilante para que la norma se vuelva política pública”, pues hoy por hoy “no hay condiciones para elevar el nivel de vida” aseguró la legisladora.
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